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Alberto Fernández: “El Gobierno nacional fue elegido democráticamente para proteger la salud pública”

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El Gobierno nacional declaró que ha sido elegido democráticamente “para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública” y lamentó que la Corte Suprema de Justicia haya sostenido, “con inusitado rigor formal”, que las autoridades se basaron en “consideraciones meramente conjeturales con insuficiente fundamentación” para suspender las clases presenciales en CABA.

En un extenso comunicado en el que detalló las acciones desarrolladas desde el inicio de la pandemia, el Gobierno respondió al fallo del máximo tribunal y expresó que “resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)”.

“Con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en ‘consideraciones meramente conjeturales’ con insuficiente fundamentación”, añade.

La declaración indica que “es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas”.

Y señala que “al momento de dictarse el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) cuestionado, el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación” y “que también se ha verificado durante el año 2020 que la situación epidemiológica del AMBA se extiende a las demás regiones del país”.

Ante el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el díade la fecha, el Gobierno Nacional expresa:

1.Que la pandemia de Covid-19 ya ha cobrado, en el mundo, más de 3,22millones de muertes y se han registrado más de 154 millones de contagios. En la Argentina hay más de 3 millones de casos y debemos lamentar la muerte de másde 64.800 personas.

2.Que, en todo el mundo, frente a la pandemia, las autoridades han debidoadoptar en forma urgente y excepcional, medidas de cuidado que implicanrestricciones, incluyendo cuarentenas, limitaciones a la circulación y suspensiónde clases presenciales

3.Que, en el marco de excepcionalidad que estamos viviendo, desde el año2020 el Gobierno nacional ha debido disponer medidas imprescindibles parafortalecer el sistema sanitario -que se encontraba fuertemente debilitado- yprepararlo para enfrentar la pandemia. También ha debido tomar medidasurgentes, extendidas y anticipatorias para contener y mitigar los contagios a fin de evitar la saturación del sistema de salud con el consiguiente aumento de lamortalidad. Todas estas medidas han sido cumplidas por la gran mayoría deargentinos y argentinas, que con su esfuerzo y compromiso han logrado que nohubiera que lamentar consecuencias aún más gravosas que las que estamosviviendo.

4.Que también se han adoptado medidas necesarias de contencióneconómica y social.

5.Que, con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la saludpública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la CorteSuprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presencialesen el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en«consideraciones meramente conjeturales» con insuficiente fundamentación.

6.Que es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar elderecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que estederecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidadpresencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas.

7.Que, al momento de dictarse el DNU cuestionado, el AMBA exhibía uncrecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país yel sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación.Que también se ha verificado durante el año 2020 que la situación epidemiológicadel AMBA se extiende a las demás regiones del país.

8.Que, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, el AMBA, comoaglomerado urbano, constituye una unidad inescindible, y así lo reconocierontodas las autoridades durante la gestión de la pandemia durante el año 2020.

9.Que, en tal situación, omitir la adopción de medidas oportunas, similares alas que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimientode casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida delas personas.

10.Que las distintas jurisdicciones se encontraban facultadas por el DNUentonces vigente para adoptar medidas a fin de mitigar los contagios que crecíanen forma exponencial. Que la Ciudad de Buenos Aires, pese a contar con esafacultad, omitió adoptar medidas en ese sentido y el crecimiento de casos en el AMBA generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar,en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud.

11.Que, ante tal situación, el Gobierno Nacional adoptó, mediante el DNU241/2021, diversas medidas para disminuir la velocidad en la curva de contagiosy, con ello, la crisis del sistema sanitario y el aumento de la mortalidad.

12.Que el gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en elmarco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considerapertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas, así como laoportunidad, mérito y conveniencia de las mismas, en el marco de una pandemiaproducida por un virus que no reconoce límites políticos y que el año pasado,desde el AMBA, se extendió a todo el país.

13.Que las medidas adoptadas en el decreto mencionado fueron cumplidaspor la mayoría de los argentinos y argentinas, y también por los ciudadanos yciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que el GCBAdesoyó e incumplió, en parte, la norma federal dictada.

14.Que la utilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a travésdel DNU 241/2021 se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA, y en forma más marcada esta disminución se verifica en la provincia deBuenos Aires. En cambio, resulta contra fáctico y no puede verificarse quéhubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo,ante la pasividad del GCBA.

15.Que también el GCBA ha demostrado que ha constatado y comprendido, almenos en parte, la utilidad de las medidas dispuestas, en atención a las últimasdisposiciones que implementó y que implican una reducción de la presencialidaden la actividad educativa y, por lo tanto, de circulación de personas, en el marcode la segunda ola de Covid-19.

16.Que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día dehoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideracionesindicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. Elmismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que elPoder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar laidoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, lasmedidas aptas para contener los contagios.

17.Que, actualmente, se encuentra vigente el DNU 287/2021 que ha adoptadoparámetros epidemiológicos y sanitarios específicos y ha calificado los distintospartidos, departamentos y aglomerados urbanos en Alto, Mediano o Bajo riesgoepidemiológico y sanitario, o en Alerta Epidemiológica y Sanitaria. En esta última clasificación se incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos de laprovincia de Buenos Aires que conforman el aglomerado del AMBA.

18.Que dicho DNU explica con claridad los motivos por los cuales se adoptanlas medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente. Se trata de unanorma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA.

19.Que el Gobierno nacional ha comunicado que, en los próximos días,enviará al Congreso Nacional, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de lasprovincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

20.Que el Gobierno nacional siempre, y también ahora, trabaja priorizando lasalud y la vida de argentinos y argentinas. Con esa convicción seguirá trabajandopara traer vacunas y vacunar a los y las habitantes de nuestro país, para cuidar la salud pública y la vida, preservando la economía. Con esos objetivos exhorta atodas las personas a redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas decuidado y de contención de contagios. Nuestro propósito es que podamos volver,cuanto antes, a vivir con la mayor normalidad posible, desarrollando plenamentelas actividades que hoy se encuentran temporariamente restringidas por lapandemia. Es lo que más anhelamos y por lo cual trabajamos cada día.

JUAN PABLO BIONDI – SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA NACIÓN

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Tras una semana con poco balcón y militancia, Cristina Kirchner retoma la centralidad de la mano de Lula

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El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegará el miércoles 3 de julio para la Cumbre de Presidentes del Mercosur y planea visitar a Cristina Kirchner, quien retoma protagonismo tras varios días sin apariciones públicas desde su departamento de Constitución donde cumple con prisión domiciliaria.

Según supo Noticias Argentinas, el Palacio San Martín será sede el 2 y 3 de julio de la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y el posterior encuentro de jefes de Estado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con delegaciones de Bolivia, Chile y otros asociados.

El presidente Javier Milei, dueño de la presidencia pro tempore, afrontará la cita en un clima tenso por su relación con Lula, a quien calificó de “corrupto” y “comunista”. Pese a eso, la agenda oficial incluye debates sobre flexibilización comercial, reducción de asimetrías y posibles acuerdos con Estados Unidos, eje de la estrategia liberal que promueve la Casa Rosada.

La eventual reunión Lula–Kirchner, aún sin horario confirmado, sumaría un condimento político extra a la cumbre y dejaría a la expresidenta en el centro de la escena regional, mientras el Gobierno argentino se prepara para defender su giro aperturista dentro del bloque.

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Milei recibirá a los presidentes del Mercosur en medio de tensiones con Lula da Silva

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Javier Milei

El presidente Javier Milei será el anfitrión de la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados, que se celebrará los días 2 y 3 de julio en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El encuentro reunirá a los mandatarios de los países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay, además de representantes de los Estados asociados y organismos regionales e internacionales.

Los jefes de Estado del bloque regional llegarán el 3 de julio para participar de la Cumbre. Se prevé la asistencia de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Luis Arce (Bolivia) y posiblemente Gabriel Boric (Chile).

Se espera que la agenda contenga temas relacionados con el fortalecimiento del bloque, la profundización de la integración regional, la reducción de asimetrías y la negociación de acuerdos comerciales con otros bloques.

Milei se prepara para encabezar la cumbre de presidentes en un momento desafiante debido a las tensiones con su par de Brasil, y en medio de versiones de una posible visita de Lula a la ex presidenta Cristina Kirchner.

En lo que va de su gestión, el Mercosur no fue para Milei una plataforma amigable debido a su difícil relación con el mandatario brasileño, a quien el jefe de Estado argentino caracterizó como “comunista” y “corrupto”, en declaraciones públicas.

Desde la presidencia pro tempore, el presidente argentino impulsa medidas tendientes a la flexibilización de las regulaciones del organismo a fin de destrabar acuerdos de libre comercio, como el que Argentina busca con Estados Unidos.

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La alarmante nueva debilidad de Milei: ya no le alcanzan los votos para sostener sus vetos

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La Libertad Avanza (LLA) no puede recuperar la iniciativa en la Cámara de Diputados desde hace más de dos meses, donde un espacio heterogéneo de la oposición logró tomar el control de la agenda y acorralar al oficialismo al conseguir sancionar los proyectos de jubilaciones y discapacidad.

Los libertarios, con la ayuda de aliados, consiguieron el 19 de marzo aprobar el DNU que habilitaba a firmar un acuerdo con el FMI para renegociar la deuda y fortalecer las reservas, en lo que se constituyó el único logro de este año.

Tras esa sanción, los bloques opositores más duros Unión por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre –conducidos por Martín Lousteau y Facundo Manes-, la Coalición Cívica y Encuentro Federal armaron un grupo de trabajo que viene poniendo en jaque a LLA.

Si bien tienen una dinámica parecida a los que fue el Grupo A, que se armó en el Congreso luego que el kirchnerismo perdió la elección tras su pelea con el campo, no controlan -como sucedió en ese período- comisiones clave del cuerpo legislativo.

Desde abril, los opositores vienen acorralando al oficialismo y sus aliados del PRO y radicales pelucas, ya que lograron armar la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda-aunque aún sin lograr grandes avances lograron instalar el tema- y votar los emplazamientos que después culminaron en las sanciones de las leyes de jubilaciones y discapacidad.

Las fuentes opositoras señalan que los libertarios “están colgados del travesaño” para que les meten la menor cantidad de goles posible a la espera que el receso y la campaña electoral paralice la actividad parlamentaria con la convicción de que en diciembre tendrá un bloque que le permitirá equilibrar la relación de fuerzas.

Fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas sostuvieron que la LLA no logra construir acuerdos para avanzar en algunas iniciativas estratégicas para el Gobierno como el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca dar seguridad jurídica a los ciudadanos que usan los dólares “del colchón”, es decir aquellos que no fueron declarados ante el organismo fiscal.

La iniciativa fue girada el 5 de junio, pero aún no convocó al plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal, y Legislación General para abrir el debate, ya que tiene dificultades para lograr las firmas para el dictamen en la comisión de Presupuesto.

Los libertarios estaban tranquilos hasta principios de año que con un tercio podían garantizar ratificar cualquier veto del Gobierno como sucedió el año pasado cuando el Gobierno rechazó las leyes de aumento a las jubilaciones y al Presupuesto Universitario.

Lo que sucede que LLA tiene solo 39 legisladores y solo cuenta con el firme respaldo de unos 22 del PRO más cercanos al Gobierno -ya que otros dos responden a Horacio Rodríguez Larreta y 10 son macristas- tres del Mid, seis radicales pelucas y uno de Somos Fueguinos y Creo, lo que totalizan legisladores de los 72 de los 87 que requiere a fin de convalidar los vetos.

Lo que sucede es que los 8 de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones, los tres de Independencia, que tienen terminal en mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, y los dos de Producción y Trabajo se muestran reacios a acompañar al oficialismo.

El proyecto de jubilados se aprobó fue aprobado 142 votos contra 67 rechazos y 19 abstenciones (UCR y PRO).

En esa ocasión, aliados del oficialismo como Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, Transformación (Lourdes Arrieta) y Por Santa Cruz, dos salteños de Innovación votaron contra el Gobierno, mientras el grueso de la UCR se abstuvo y una decena del PRO.

Ahora la mirada del oficialismo en diputados está puesta también en el Senado a ver si el oficialismo junto a aliados logra demorar la sanción de los proyectos de jubilaciones y de discapacidad o se aprueban y el Gobierno debe recurrir al veto.

Proyecto Jubilatorio

La intención de la presidenta de Previsión Social del Senado, Carmen Álvarez Rivero, es acordar con su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, comenzar esta semana la discusión del proyecto de jubilaciones que establece un aumento al 7,2 por ciento que se incorporará al haber mensual y servirá de base para futuros aumentos.

Además, fija que se aumenta de 70 mil a 110 mil a los trabajadores del haber mínimo, que  se actualizará de acuerdo a inflación como en el resto de las prestaciones jubilatorias.

El proyecto aprobado ratificó el decreto 274/2024 presidencial que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario.

También incorpora cambios tributarios con los cuales los opositores señalan que se equilibra el impacto fiscal que solo en el tema del aumento de los jubilados es de 0,8 del PBI que implica unos 6.800 millones de pesos.

En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas,  de ganancias  a las sociedades de garantías recíprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

Propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año. El impacto de esa medida equivale a un 0,5 por ciento del PBI.

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