Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizará este viernes una nueva reunión informativa para analizar un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca “prevenir y erradicar” estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

La iniciativa se tratará en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara baja que se realizará a partir de las 15 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky.

El primer encuentro en el cual se analizó esta iniciativa se realizó el pasado 21 de abril, y contó con la participación de los organismos de derechos humanos.

En la segunda audiencia asistirán Miriam Medina y Dolores Demonty, integrantes de Madres en Lucha contra la Impunidad, el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima, Manuel Ayrton Blanco Ocampo y la Coordinadora del equipo de Gestión, Área de Trabajo Trans, Travesti y No Binarie, Ivanna Aguilera.

También darán su visión sobre este proyecto la activista trans e integrante de los espacio La Nelly y Omar, Nadia Echazú del Movimiento Trans, y la abogada e integrante de la Asociación de abogados litigantes de Formosa, Agostina Villagi.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.

El texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.

La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional “todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas”.