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Kicillof vuelve a la negociación de paritarias con estatales

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Los gremios reclaman que la suba anual oscile el 50%.

Con el objetivo de traccionar el repunte económico, atraído por el consumo interno y el crecimiento en la actividad productiva, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, retomó el diálogo salarial con los gremios de la administración pública luego del pedido de algunos sectores docentes, estatales y de la salud y ante el compromiso del mandatario de abrir la paritaria en agosto. Entonces, la administración bonaerense inició una ronda de negociaciones que, producto de la suba inflacionaria, ya modificaron el plan original trazado a principios del 2021 que era una suba en tres etapas: un incremento del 14% en marzo, 9% en julio y 11% más a partir del mes de septiembre con la posibilidad de volver a reunirse en noviembre. Sin embargo, el mes pasado, definió adelantar tres puntos que se iban a pagar en septiembre para el mes de julio y reabrir el diálogo en agosto. Y en esa etapa se encuentra actualmente. Todo, en medio de la discusión electoral que tiene a la situación económica como protagonista en los intercambios discursivos entre oficialismo y oposición.

Lo realizado por Kicillof fue el compromiso de lo asumido el mes pasado cuando anunció un adelanto de un 8% de la paritaria para el mes de julio. Ese impactó se vio en el pago recibido a principio de mes que osciló una suba del 16% desde principios del 2021. Entonces, los estatales, enrolados en la ley 10430 llevan un aumento desde el inicio de este año del 31%, apenas dos puntos por encima de la inflación.

Ante esta situación, el gobierno observa dos cuestiones: por un lado el reclamo gremial que, de darse, será en el marco del entendimiento -ya que con la gestión Kicillof los gremios tienen una posición mucho menos beligerante a lo que fuera la relación con María Eugenia Vidal-. Por el otro, tiene una mirada de política económica -en un contexto electoral- hacia una masa de trabajadores estatales que en la Provincia son alrededor de 385.000.

Los gremios estatales, docentes, de salud y judiciales, quieren mejoras en sus salarios. El viernes hubo reunión con el Frente de Unidad Docente, donde plantearon la “importante necesidad de la recuperación del salario y de mantener la diferencia en la pauta salarial por arriba del índice inflacionario”.

Según los propios gremios docentes, el gobierno se comprometió a realizar una nueva convocatoria en los próximos días para así elevar una propuesta formal. En la misma instancia están los trabajadores estatales.

El sector estatal que representan los gremios de UPCN, ATE y Fegeppba (que reúne a Salud Pública, AERI, Obras Sanitarias y APOC, entre otros) tienen el pedido salarial más afinado. Según dejaron trascender distintas fuentes del sector, el pedido sería llegar a fin de año con un incremento salarial del 50% desde enero 2021.

“La Provincia tiene un doble objetivo: recuperar la capacidad financiera del Estado provincial y recuperar el salario de los trabajadores”, les decía Kicillof a los gremios durante el encuentro que mantuvieron días atrás cuando el gobierno bonaerense definió hacer un adelantamiento al incremento salarial ante el crecimiento inflacionario que se estaba evidenciando.

El INDEC midió un alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de 29,1% con una variación del 3% respecto al mes anterior y un 51,1% en comparación del mismo mes del año pasado. Al día de hoy los Estatales están un 2% por encima de la inflación.

Uno de los objetivos con los que el oficialismo espera llegar a la elección es tener resuelta la negociación salarial con los gremios hacia fin de año. Es una de las variables que asoma en el corto plazo, luego de haber suplido algunas otras demandas: principalmente la vacunación.

Al ritmo que la campaña electoral fue tomando forma, el gobierno depositaba en el plan de vacunación contra el coronavirus una de las cartas para mostrar como acto de gestión; quizás uno de las más importantes junto con la reactivación de obras.

Sin embargo, ante la avanzada de la vacunación, la gestión provincial empezó a mostrar un fuerte plan de obras. Faltaba entonces una reactivación económica directa: la recomposición salarial a gremios estatales fue uno de los caminos que la administración provincial decidió encarar.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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