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Los trabajadores de la administración pública vuelven a la presencialidad

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La medida alcanza a todos los empleados que hayan recibido al menos la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus disponibles en el país.

Luego de más de un año de trabajar bajo la modalidad a distancia, en el marco de las medidas que aplicó el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, los empleados de la administración pública regresarán a partir de este lunes a la presencialidad en los diferentes organismos del Estados.

La medida alcanza a todas las personas que hayan recibido hace 14 días, o más, al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo.

De acuerdo con lo que precisaron las autoridades nacionales, los trabajadores que tengan que regresar a las oficinas deberán ser notificados por su superior jerárquico por lo menos 72 horas hábiles antes del efectivo cumplimiento de la medida.

Según adelantó, algunos empleados estatales ya recibieron el aviso de que este lunes tienen que regresar a sus actividades de manera presencial, en los lugares donde lo hacían habitualmente antes de la llegada de la pandemia al país.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente que la actividad presencial volverá a los tribunales federal y nacionales del país a partir del 1 de septiembre. Los convocados serán todos los magistrados, funcionarios y empleados, incluso los de más de 60 años, que ya hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna, como indica la normativa.

Solamente quedarán exceptuadas de esta obligación las personas con inmunodeficiencias, categoría que comprende a los pacientes oncológicos, con HIV, y trasplantados, y aquellas que estén transitando un embarazo.

Al respecto, se advirtió que estas son las únicas excepciones y que todos los miembros del personal estatal que sean convocados a las oficinas y se ausenten, “serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable”.

No obstante, se aclaró también que podrá realizarse el trabajo remoto cuando, por la adecuación a los protocolos de cuidado contra el coronavirus aprobado por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, o por aquellos que fueren aplicables según la normativa vigente, sea necesaria la alternancia de la modalidad presencial.

En estos casos, la normativa establece que se deberán contemplar “las situaciones de las madres, padres, encargados o tutores de niñas y niños de hasta 13 años inclusive, que asistan alternadamente a los establecimientos educativos”.

También se podrán prestar servicios presenciales, en un esquema mixto, que incluye a tiempo parcial, en fracciones no inferiores al 50 % de la jornada normal, habitual y permanente dispuesta para la categoría de revista de cada agente, o hasta 20 horas semanales, sin exceder la carga horaria prevista para la categoría de cada agente.

Por otra parte, todos los que presten servicios de manera remota no podrán cambiar el domicilio real denunciado en sus legajos personales a una distancia que supere los 100 kilómetros del mismo, y en aquellos casos en que la mudanza no supere esta distancia, deberán notificar esta circunstancia a sus organismos empleadores.

La decisión del regreso de los empleados públicos a la presencialidad se confirmó días a atrás, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 91, la Secretaría de Gestión del Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, la cual definió las pautas para llevar adelante la medida.

La norma, que lleva la firma de la secretaria de Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, establece que “las y los agentes deberán prestar servicios en modalidad presencial programada, conforme las adecuaciones que los titulares de cada Jurisdicción, Organismo y Entidad de la Administración Pública Nacional”, siempre que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.

En tanto, con respecto a aquellos trabajadores que decidieron no aplicarse la vacuna, en el sector público se definió que en el caso de aquellos que hayan optado por no inocularse, “deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión” y llevar adelante el proceso de vacunación.

Pero, de continuar con la decisión de no vacunarse “deberán firmar una nota con carácter de declaración jurada expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores”.

En el caso de que un trabajador sea citado a su puesto presencial y no cumplieran con la presencialidad, “serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicables”.

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Familiares de víctimas de fentanilo contaminado convocan a dos movilizaciones simultáneas: “Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”

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Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado organizarán dos movilizaciones simultáneas para reclamar respuestas políticas urgentes frente a lo que definen como la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina. Las concentraciones se realizarán en espejo, una en La Plata y otra en Rosario, bajo la consigna: “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”.

“Las 124 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sortearán el próximo año. La ausencia de las autoridades sanitarias en las citaciones y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico que las familias no podemos aceptar”, se lee en el comunicado de los dolientes.

En uno de los párrafos más salientes de la convocatoria, los familiares de las víctimas fatales del medicamento de HLB Pharma adulterado expresaron que: “En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico. Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continuó su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos”.

La investigación judicial expone fallas estructurales

El juez federal Ernesto Kreplak amplió en los últimos días el perímetro de su investigación y envió una nueva tanda de historias clínicas correspondientes a pacientes que murieron luego de haber sido tratados con fentanilo.

Un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, confirmó que38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas—sobre un total de 173—corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.

Ese material ya permite determinar con mayor precisión las responsabilidades médicas, sanitarias y regulatorias.

En paralelo, declararon ante Kreplak varios ex trabajadores del Laboratorio Ramallo, la planta en la que se elabororaron las partidas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Sus testimonios describieron graves fallas en el proceso de elaboración, deficiencias en la esterilización, controles internos relajados y condiciones de trabajo que, según relataron, eran incompatibles con la manipulación de sustancias críticas como el fentanilo.

La causa ya tiene 14 imputados procesados, entre ellos directivos, responsables técnicos y figuras vinculadas a la cadena de producción y control del medicamento.

“Queremos respuestas inmediatas”

Las familias señalan que, mientras la Justicia avanza, el Poder Ejecutivo permanece inmóvil. Por eso, uno de los objetivos centrales de la movilización es exigir una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMATAgustina Bisio. Buscan saber qué medidas tomaron, qué falló en los sistemas de trazabilidad y por qué el Estado no detectó a tiempo el desastre sanitario. “Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explican los organizadores.

Hasta el momento, el escándalo se cobró el cargo de una funcionario, la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)Gabriela Carmen Mantecón Fumadó después que este medio revelara las demoras del INAME, organismo que depende de la ANMAT para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La documentación oficial llevaría a concluir que si la autoridad regulatoria hubiese actuado de forma más efectiva y menos displicente ante las “irregularidades críticas” detectadas en los laboratorios de Ariel García Furfaro, se podría haber evitado que el 18 de diciembre de 2024 Laboratorios Ramallo, elaborador exclusico de HLB Pharma, fabricara el Lote 31202 del fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias y asociado a la muerte de más de casi.

Los familiares motor del reclamo

Sin organizaciones políticas detrás y sin un aparato de contención estatal, los familiares quedaron al frente del reclamo público.

Muchos de ellos llevan meses recorriendo despachos oficiales, acompañando las presentaciones judiciales y reuniéndose con especialistas para comprender la magnitud del esquema que permitió que dos partidas contaminadas con bacterias peligrosas circularan por hospitales públicos y privados.

En su convocatoria, agradecen expresamente el rol de los medios de comunicación, a los que consideran fundamentales para que la tragedia no quede sepultada en el silencio burocrático. “Los medios son un actor indispensable en esta lucha colectiva por la verdad y la justicia”, señalan.

Una causa abierta que interroga al Estado

El expediente del fentanilo adulterado ya no sólo investiga un error técnico o un proceso farmacéutico defectuoso: apunta también a un sistema de control sanitario debilitado, un circuito de habilitaciones que funciona de manera deficitaria y un Estado que —según entienden las familias— no actuó ni antes, ni durante, ni después de la tragedia. “Las 173 muertes no pueden encerrarse en un expediente. Necesitamos respuestas políticas, decisiones concretas y responsables que den la cara”, sostienen en la convocatoria para el 16 de diciembre.

Los objetivos principales de la movilización son:

– Exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el Ministro de Salud Mario Lugones y la titular de la ANMAT Agustina Bisio

– Revindicar el avance judicial y la decisión de incluso trabajar en feria judicial.

– Seguir dando visibilidad la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

Las movilizaciones buscarán precisamente eso: romper el silencio oficial, mantener viva la memoria de cada víctima y reclamar que el Estado, por una vez, esté a la altura de la tragedia que se investiga.

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El peronismo endurece su postura contra la reforma laboral de Milei y busca apoyo en el Congreso

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De a poco, pero a paso firme, se va hilando una postura de resistencia y mirada crítica del peronismo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En la última semana, hubo una serie de reuniones entre el sector legislativo de la fuerza política y la pata sindical. Empezó a construirse una postura mancomunada para evitar fisuras en el posicionamiento público y en el Congreso.

Hasta el momento hay una postura uniforme. Los senadores y diputados de Fuerza Patria coinciden con la CGT, la CTA, ATE y los movimientos sociales en rechazar los principales apartados del proyecto oficialista, que ingresó este jueves por la mañana al Senado y que empezó a unir a un espacio político que está plagado de grietas y de internas.

El pico de mayor dureza tuvo como protagonista a la nueva CGT, que lideran Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes ayer por la tarde convocaron a una marcha para el jueves 18 de diciembre a la Plaza de Mayo, con el objetivo de hacer una muestra de fuerza callejera y materializar el rechazo al proyecto.

Sola fue el encargado de convocar a la movilización y avisar que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, que fue el representante sindical en el Consejo de Mayo, había dejado en claro en los encuentros que hubo con distintos sectores del gobierno nacional y de la oposición, que la central obrera estaba en desacuerdo con el proyecto y con las referencias de la Casa Rosada al sindicalismo.

“Muchos de los puntos son claramente inconstitucionales. Van en contra de los principios protectores de los derechos del trabajo. Va a significar una pelea judicial”, sostuvo el secretario general, que también conduce el sindicato del Seguro, al tiempo que adelantó que el triunvirato se va a comunicar con las delegaciones provinciales para que tengan reuniones con los gobernadores y los legisladores de su distrito. Quieren una postura unificada y dura en todo el país.

El posicionamiento duro de la central obrera diluyó muchos temores que había en un sector del sindicalismo respecto a la postura que iba a tener el nuevo triunvirato con el gobierno nacional. Desconfiaban de la decisión de ser confrontativos en una instancia donde sabían que la reforma laboral iba a ocupar el centro de la agenda política.

El miércoles la CGT se reunió con el bloque de senadores justicialistas y los diputados sindicalistas que están encima de los distintos temas vinculados a las modificaciones laborales. En ese encuentro hubo una convergencia de posturas y un pedido de los referentes sindicales para que los legisladores rechacen el proyecto.

“Nuestro bloque no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones. Acordamos trabajar juntos en unidad, seguir sumando voluntades para ampliar el espectro opositor a esta reforma regresiva, que busca abaratar el trabajo, tener mano de obra esclava y facilitar los despidos más que facilitar las contrataciones”, sostuvo el senador porteño Mariano Recalde.

La ronda de reuniones siguió este jueves y el resultado fue similar. Ayer hubo un encuentro entre los mismos legisladores y los principales representantes de la CTA y ATE. Ambos sectores coincidieron en remarcar que la reforma impulsada por el oficialismo es “un evidente ataque al sistema laboral argentino” y resaltaron que el proyecto “está muy lejos del pretendido objetivo de promover un incremento del empleo registrado”.

Uno de los mensajes más duros fue el del titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien les habló directo a los gobernadores de todos los partidos políticos, incluso a los del PJ. Les aseguró que si apoyan la reforma laboral y el Presupuesto 2026 se terminarán “tirando un tiro en el pie”. Además, sostuvo que la reforma impositiva significará la percepción de “menos impuestos y ello redundará en menos recursos para las provincias”.

A la CGT aún le falta reunirse con los gobernadores peronistas para comprometer su apoyo y escuchar sus posturas. Axel Kicillof ya se ha expresado en términos muy duros respecto a la iniciativa libertaria. “Todo este paquete de leyes huele a naftalina. Esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, indicó. El Gobernador podría sumarse a la manifestación la semana que viene.

Una de las principales misiones que tiene la fuerza política es salir del lugar de resistencia absoluta y transformar esa postura dura en una actitud más propositiva. Debe dejar de ser un espacio político que solo reacciona a los movimientos oficialistas. Así lo entienden varios dirigentes del peronismo, que advierten la necesidad de actualizar la postura del PJ respecto a las discusiones políticas.

En esa línea de trabajo están los bloques legislativos, que trabajan en una propuesta de modernización en la legislación laboral. Ayer al mediodía hubo una reunión del bloque de diputados peronista en la que Germán Martínez y las principales autoridades del bloque escucharon distintas posturas para trabajar en la unificación de proyecto propio.

La UTEP, que nuclea a diferentes movimientos sociales, trabaja en paralelo sobre la confección de un estatuto del trabajador de la economía popular. Su secretario general, Alejandro “Peluca” Gramajo, dijo, un puñado de días atrás, que “se debe que construir una nueva regulación del trabajo para 12 millones de personas de la economía popular”.

El peronismo se está endureciendo cada vez más de cara al tratamiento del proyecto que impulsa cambios en la legislación laboral. Están dispuestos a dar una batalla dura en la calle y en el Congreso. La propuesta de Milei los está volviendo a unir en la práctica. Una señal de pragmatismo frente a un debate político y social que atravesará a los empresarios, los trabajadores, los políticos y los comunicadores.

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El Gobierno impulsará una agenda legislativa clave: los roles en la negociación y la contención judicial

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Finalizado el proceso de redacción de los proyectos que fueron enviados al Congreso Nacional en las últimas horas, el Gobierno despliega la estrategia que le permita aprobar las reformas de segunda generación y anotarse así los primeros triunfos legislativos rumbo al 2027. Para eso, la Casa Rosada pone en marcha la táctica que adoptará y los roles que interpretarán los principales funcionarios involucrados para el inicio del tratamiento que iniciará la próxima semana en ambas cámaras en el marco del período de sesiones extraordinarias que va del 10 al 31 de diciembre con la posibilidad de extenderse hasta febrero.

Bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al frente de la mesa chica que suele reunirse semanalmente con la presencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, los interlocutores afinan y centralizan la línea política que bajarán al bloque y que instrumentarán ante los aliados. Según confirmó una importante fuente a Infobae, el equipo a cargo es amplio y varía en su composición en base a la especificidad del temario. “Hay una mesa en la que se van sentando los actores relevantes de acuerdo al proyecto. Todos entran y salen en función de sus tareas”, explicó un funcionario ante este medio.

Con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la flamante senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich como espadas legislativas, el objetivo es que cada cual encarne el debate del proyecto en base a la cámara por la cual ingresan para optimizar los tiempos. “Patricia y Martín son elenco estable siempre porque encarnan la representación de ambas cámaras. Algo similar ocurre con Adorni, pero como articulador con el Ejecutivo”, confesaron además.

De esta forma, la ex ministra de Seguridad protagonizará las conversaciones con los bloques aliados por la Reforma Laboral, pese a la resistencia de la oposición que rechaza que la Cámara alta sea la de origen dado que incluye reformas en cargas y contribuciones. De espaldas a los cuestionamientos, la idea de la libertaria es darle un tratamiento exprés la próxima semana e incluso se apunta para la titularidad de la comisión de Trabajo que dará inicio al debate. A posterior replicará el accionar en defensa de las modificaciones en el Código Penal que instrumentó el equipo de legales.

Por su parte, el riojano hará lo propio en Diputados secundado por el jefe de bloque violeta, Gabriel Bornoroni, y por el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem en las sombras, con el Presupuesto 2026, que contempla el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal y la Ley de Glaciares. Como tercera vía, en articulación con el Poder Ejecutivo, sumará a la articulación el flamante secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que trabajará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Hay cosas que empiezan por el Senado y otras por Diputados. Vamos a intentar consolidar en cada cámara los proyectos para que no tengan ida y vuelta de nuevo”, precisó a este medio un integrante del círculo rojo del presidente Javier Milei.

Entre la nómina de los funcionarios destinados a la tarea figuran además los ministros Diego Santilli (Interior), comprometido con Adorni en la conversación con los gobernadores; Luis Caputo (Economía); y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), quienes asisten a los intercambios convocados por la menor de los Milei en caso de ser necesario. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, también integra ocasionalmente las reuniones al cuidado de los aspectos legales de cada proyecto.

Bajo el mandato presidencial y en las vísperas de una semana clave, la menor de los Milei convocó al plantel a una nueva reunión ampliada este viernes a las 13 en Casa Rosada para aceitar la coordinación que le permita para cumplir con las voluntades del libertario la próxima semana. Se darán cita en un encuentro preparatorio Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Martín y Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli y María Ibarzabal Murphy con la idea de terminar de definir algunos puntos del temario político para dar lugar a la articulación legislativa.

Será la segunda reunión de la semana, la primera con la redacción reforma laboral terminada y enviada al CongresoEl pasado martes, en el despacho del ministro coordinador, los funcionarios se dieron cita sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, quien se encontraba en Oslo junto al mandatario.

La instrucción del mandatario es clara y quedó manifiesta en el mensaje con el que acompañó el documento de la “modernización laboral” con la rúbrica de Sturzenegger, Adorni, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello y Caputo: ”Tienen en sus manos la oportunidad de terminar con 100 años de decadencia y volver a poner a la Argentina en el sendero del progreso”.

La estrategia legal para blindar el proyecto

El articulado de la reforma laboral abrió un escenario de tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT), que se opuso a varios de los puntos que debilitan el poder sindical y convocó a una medida de fuerza de protesta para el próximo jueves 28 de diciembre luego de haberse reunido con el bloque kirchnerista en el Senado.

En Balcarce 50 preveían la posibilidad de que algunos sindicatos judicializaran varias de las propuestas contempladas y se prepararon para hacer frente a la situación. Las alarmas se encendieron cuando el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el marco del Consejo de Mayo anticipó que los gremios no se iban a quedar “de brazos cruzados”.

Las advertencias fueron debidamente receptadas. “La estrategia es litigar lo que venga y vamos a ganar”, respondió un funcionario al corriente del despliegue judicial que adoptará la administración libertaria, y argumentó: “Las reformas, en especial la Laboral, están perfectamente analizadas. La vida cambió. La Argentina también”.

Producto de la puja del ala más dialoguista del Gobierno integrada por Santiago Caputo y los primos Menem, la reforma enviada no incluye las restricciones para las cuotas solidarias, como pretendía Sturzenegger con respaldo de Bullrich lo que evitó una escalada de conflicto mayor con la central. Sin embargo, en Balcarce 50 se muestran reticentes a ceder en otras observaciones y atribuyen la reacción de la central a movimientos esperables. “Es lo que tienen que hacer”, aceptan por lo bajo.

Algo similar a lo que ocurrió con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 creen que pueda ocurrir con la Reforma del Código Penal por lo que trabajan en mantener el espíritu de las redacciones de los equipos libertarios sin romper vínculos con ningún sector.

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