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Se registró la más baja participación de ciudadanos en las urnas

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Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) mostraron este domingo una participación de votantes del 66,21 por ciento, la más baja desde que fueron implementadas en el 2011, aunque este año la pandemia de coronavirus impuso limitantes que le dieron a los comicios un marco atípico.

Sobre un padrón de 34.385.460 electores, concurrieron a votar 22.765.590 personas: esto constituye el 66,21%, informó este lunes el Ministerio del Interior. De todas formas, el Gobierno consideró que se trató de una “jornada electoral histórica”, que se pudo materializar sin contratiempos aun con protocolos y cuidados especiales en los centros de votación, y una prueba más de que “los argentinos quieren votar”, aun en un contexto inédito.

Se trató, sin embargo, del índice más bajo desde que se implementaron las primarias obligatorias: en 2011 acudió a las urnas un 78,66% de los inscriptos, en una elección que incluía cargos ejecutivos además de los legislativos que se renuevan cada dos años.

En 2013 votó el 76.83 %, sólo para cargos legislativos; mientras que en las PASO del 2015 el porcentaje de ciudadanos que emitió su sufragio fue del 74,91%, en una elección con renovación ejecutiva y parlamentaria.

En 2017, en tanto, el porcentaje de asistencia a las elecciones primarias para la contienda legislativa había sido del 72,37%; y en las últimas PASO, en 2019, se registró un 76,4%, también de cargos ejecutivos y legislativos.

En todos los casos, las elecciones generales de cada año lograron mayor adhesión de votantes que las respectivas PASO.

Así, en 2011 votó el 79,39% del padrón, en la elección que reeligió en la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner; mientras que en las legislativas de 2013 lo hizo el 77.64 %.

En 2015 lo hizo el 81,07% y en la segunda vuelta que consagró como presidente a Mauricio Macri votó el 80,77%.

En las legislativas de 2017 lo hizo el 77.61%; y en 2019, en la elección presidencial que ganó Alberto Fernández, lo hizo el 81,08%.

El número más alto de asistencia a las urnas se registró en 1983, en el contexto de la vuelta de la democracia, cuando en la victoria presidencial de Raúl Alfonsín se llegó al 85,61% del padrón.

Ya este año, en el marco de la Covid-19, se registraron menores guarismos en elecciones provinciales que adelantaron sus calendarios, respecto a la prepandemia.

El 2 de junio pasado, en las elecciones de diputados provinciales en Misiones, la participación fue del 59,53% del padrón, 19 puntos menos que la registrada en 2019 y que consagró también como gobernador a Oscar Herrera Ahuad.

El 27 de junio, en la compulsa de diputados provinciales en Jujuy, la participación electoral fue del 70,68%, lo que significó una caída del 78,69% respecto de 2019 que reeligió a Gerardo Morales como gobernador.

El 15 de agosto, en las elecciones de diputados y senadores provinciales en Salta, la participación fue del 60,21 por ciento, un número menor al 71,39% registrado en 2019, que coronó como mandatario provincial a Gustavo Sáenz.

Solamente en Corrientes se dio un porcentaje inverso, con 73.49 % de participación en las elecciones del 29 del mes pasado, que reeligió como gobernador a Gustavo Valdés y donde también se eligieron cargos legislativos, contra el 70,01% de dos años antes.

El récord de ausentismo en las legislativas a nivel nacional se registró en 2001, cuando el porcentaje fue del 26%, en el marco del llamado “voto bronca”, que sumó además casi un 20 por ciento de votos en blanco y nulos, tras la crisis política y económica de ese año.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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