El Gobierno se juega en el control de precios su principal carta para intentar frenar la escalada inflacionaria de productos de consumo masivo y llegar al 14 de noviembre con un golpe de efecto positivo. Dar vuelta el resultado de la elección es una tarea mucho más compleja, donde el tiempo apremia, pero de resultar la medida, al oficialismo le significaría una bocanada de oxígeno para renovar expectativas.
Mientras Alberto Fernández se encuentra en Glasgow -Escocia- participando de la ceremonia inaugural de la Cumbre sobre Cambio Climático COP26, el jefe de Gabinete Juan Manzur mantendrá este lunes en Casa Rosada un encuentro con su par de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y con los intendentes de Berazategui, Juan José Mussi, y de Ituzaingó, Alberto Descalzo, además del diputado y ex jefe comunal de Florencio Varela, Julio Pereyra.
La reunión se llevará a cabo luego de que el Poder Ejecutivo -por decreto- convocó a intendentes y gobernadores a controlar los precios de los comercios de sus jurisdicciones. Si bien la medida es de alcance nacional, en el mapa electoral el conurbano es la zona donde el oficialismo enfoca los cañones: un resultado negativo allí en estos comicios impacta en la conformación del Congreso; un resultado similar en 2023 haría perder al Frente de Todos la provincia de Buenos Aires y la conducción del Gobierno Nacional.
El jueves a última hora, antes de partir a Europa, el Presidente firmó el Decreto 745/2021, que salió publicado el viernes en el Boletín Oficial, donde convocó a los jefes comunales y a los gobernadores a “la fiscalización y control del cumplimiento” del congelamiento de precios de 1.432 productos que dispuso semanas atrás la Secretaría de Comercio Interior. El Gobierno avanzó con la medida pese a que el miércoles pasado los mandatarios provinciales -e excepción del mendocino Rodolfo Suárez y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta- firmaron un acuerdo con Nación con respecto a este tema.
“Los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico. Si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras pymes se debilita”, se mencionó en un comunicado.
“Por eso, es momento de cuidar entre todos y todas, la recuperación económica, priorizando a los que más padecieron este tiempo tan difícil que nos tocó atravesar. Es momento de acompañar las medidas adoptadas por el gobierno nacional para retrotraer los aumentos de precios al 1 de octubre, y establecer hasta el día 7 de enero de 2022, la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final, para todos los productores, comercializadores y distribuidores de los productos indicados”, se agregó.
Más allá del compromiso de las provincias, el decreto precisó que para el cumplimiento de los controles las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley 20.680 de Abastecimiento, mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior. El artículo 10 de la mencionada ley establece como procedimiento el labrado de un acta de infracción, la admisión de pruebas y la resolución del hecho. Mientras que el artículo 12 señala que los funcionarios podrán requerir el auxilio de la fuerza pública; allanar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable.
También podrán secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles; intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario; y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado la infracción. Del mismo modo, los intendentes están habilitados para intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta; citar a los presuntos responsable y solicitar a la autoridad de aplicación su detención preventiva.
Fuente: Infobae.
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