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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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El Gobierno le entregó un inmueble del Estado en la CABA a la Universidad Madres de Plaza de Mayo

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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó este martes la reasignación de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025, otorga en uso a la casa de altos estudios el primer piso del inmueble ubicado en la calle Tinogasta Nº 5.268/70, en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sector reasignado, que se encontraba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, tiene una superficie aproximada de 761,34 metros cuadrados. Según los informes técnicos, este primer piso se encuentra actualmente “desocupado y limpio”, mientras que el resto del edificio está en proceso de desocupación.

El destino del inmueble y un pedido de ampliación

La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo había solicitado el espacio y detalló que el destino será el “almacenamiento y depósito de mobiliario”. Además, allí se instalarán el Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y el Departamento de Patrimonio de la universidad.

La Secretaría de Educación, que tenía el inmueble en su órbita, fue notificada y “no formuló observaciones” sobre la reasignación.

La resolución también revela que la Universidad ya realizó un pedido para una “segunda etapa”, solicitando la totalidad del inmueble. En caso de que el Gobierno apruebe esa ampliación, la casa de estudios se comprometió a poner a disposición de la AABE otro inmueble que le fuera otorgado previamente, ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 4.615.

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Presupuesto 2026: La Libertad Avanza intenta aplazar el despacho de comisión hasta asumir como primera minoría

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La reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tendrá lugar mañana con final abierto, dado que la oposición buscará emitir emitir dictamen mientras el oficialismo tratará de postergar cualquier definición con la meta de debatir esa iniciativa en las sesiones extraordinarias

La Comisión de Presupuesto está citada para mañana a las 12 para firmar los dictámenes como se estableció en el emplazamiento votado en el recinto de sesiones el pasado 8 de octubre.

El Gobierno quiere prorrogar el debate hasta el 10 de diciembre ya que con la nueva composición se convertirá en primera minoría y tendrá junto a sus aliados unos 115 diputados, con lo cual solo necesitará sumar 14 legisladores para aprobar las leyes.

La posición de la LLA también es avalada por muchos gobernadores para poder tener mas tiempo para negociar y lograr que se incluyan sus pedidos de obras públicas, avales del Gobierno Nacional para tomar deuda pública y que se cubra el déficits de las cajas provinciales

La estrategia de la Libertad Avanza es aguardar mañana si el peronismo junto a la izquierda, y Encuentro Federal consiguen las 25 firmas para que se haya despacho de comisión, y si la oposición logra ese objetivo ahí presentará el oficialismo su propia propuesta.

“Nosotros queremos que no haya dictamen y el debate se realice en diciembre”, señaló una fuente a Noticias Argentinas.

En caso que los opositores mas enfrentados tengan dictamen de mayoría, el desafío de oficialismo será lograr con la ayuda de los gobernadores, que no tengan quórum para debatir el Presupuesto antes del 30 de Noviembre.

Por lo pronto, el oficialismo mantuvo hoy una reunión con sus aliados del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Innovación Federal, Liga del Interior, donde se aseguro que respaldarán su propuesta de dilatar el debate del Presupuesto.

Participaron del encuentro realizado en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el titular del prespuesto, Bertie Benegas Lynch, y sus aliados Martín Arjol de Liga del Interior; la radical Pamela Verasay, la macrista Daiana Fernández Molero, Nancy Picon (Producción y Trabajo), Carlos Fernández (Innovación Federal) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

Encuentro Federal y Democracia para Siempre desistieron de participar de la reunión y tampoco lo hicieron los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, aunque en el oficialismo se muestran optimistas que avalarán el pedido de tratar este tema en sesiones extraordinarias.

En el encuentro, los diputados insistieron ante los funcionarios en la necesidad de incorporar algunos puntos necesarios para sus distritos.

En tanto, el diputado Oscar Agost Carreño-que mañana reemplazará a Nicolás Massot- estuvo trabajando todo el fin de semana en un dictamen propio que tendrá como base un superávit mas bajo que propone el Gobierno para incluir las leyes suspendidas de Discapacidad, Garrahan y Universidades y para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias.

En esa comisión están por EF Massot-que será reemplazado por Agost Carreño-e Ignacio Garcia Aresca, un dirigente que responde al gobernador Martín Llayorda.

También es una duda que posición asumirán los tres diputados de Democracia para Siempre, el jujeño Jorge Rizzotti, la porteña de Evolución Radical Mariela Coletta, y el formoseño Fernando Carbajal y la legisladora de la Coalición Cívica, Paula Olivetto.

La comisión de Presupuesto concluyó el jueves pasado la ronda de consulta en la cual expusieron, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

También lo hicieron los secretarios de Trabajo Julio Cordero y de Educacion, Carlos Torrendell, el titular de ARCA, el subsecretario de Políticas Universitarios Alejandro Alvarez,  la jefa de Gabinete del ministerio de Defensa, María Laura Carrasco y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Marcelo Rozas Garay.

DATOS

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7  billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

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Escándalo ANDIS: la Cámara tomará decisión clave en la investigación por los sobornos que sacudió al Gobierno

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La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez hoy en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia que se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso.

Después de una reprogramación la semana última, la audiencia tendrá lugar a las 10.30 en Comodoro Py, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Los recursos que había presentado la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello, por lo que el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente”.

Ante la Cámara, esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en la instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones el ex funcionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

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