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Legisladores del FdT quieren ley de abastecimiento y de góndolas para contener los precios

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Diputados del Frente de Todos (FdT) firmaron en el día de ayer una declaración en la cual piden al Gobierno nacional que aplique las leyes de Abastecimiento y de Góndolas para proteger a los sectores populares más afectados por el incremento de los precios y sostuvieron que “es urgente unir esfuerzos” para que no falte comida en la mesa de los argentinos.

Los legisladores del FdT Victoria Tolosa Paz, Natalia Souto, Nancy Sand, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo y Eduardo Tonioli se juntaron hoy en el Anexo del cuerpo legislativo para firmar la declaración “Defendamos la mesa de los argentinos”, donde se pronunciaron a favor de aplicar las leyes ante el aumento de los precios en los productos de la canasta familiar.

Souto -una de las principales impulsora del documento- afirmó que “en estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina”.

“Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo”, subrayó.

Algunos puntos de la declaración

En la declaración, los legisladores señalaron que “en estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina”

“Además, en este tiempo, a la inercia inflacionaria local, se le suma la suba de los precios a nivel mundial producto de la pandemia, por la presión ejercida en commodities y energía por el conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania. Se prevé que, por los efectos de la guerra en el este de Europa, el mundo tendrá la inflación más alta en los últimos 40 años”, destacaron.

Los legisladores evaluaron que “ante semejante contexto internacional es imposible que la Argentina pueda escapar a esta situación con diagnósticos simplistas y recetas mágicas. Lejos están de hacerle un favor a nuestra patria aquellos que afirman que bajar la inflación es simple, o los que prontos a quedar como buenos alumnos del poder internacional, llaman a la dolarización. Más bien todo lo contrario: esos discursos planteados con oportunismo político solo generan confusión, y no traen ninguna solución concreta”

“Tampoco hay que caer bajo ningún punto de vista, en las amenazas de aquellos grupos que quieran aprovecharse, sin responsabilidad alguna, de las condiciones extraordinarias generadas por el alza de precios y la escasez mundial. Muy por el contrario, hay que sindicarlos como los que pretenden enriquecerse desmedidamente sin tener en cuenta ninguna consecuencia para nuestra gente”, subrayaron.

Los legisladores señalaron que en este contexto se debe “recurrir a todas las herramientas institucionales que tenemos a nuestro alcance, pero por sobre todas las cosas, trabajar mancomunadamente en función de construir amplios consensos políticos para poder defender los intereses nacionales más altos. El bienestar de toda la población está en juego y no hay argentinx de bien que pueda mirar para otro lado”.

En ese contexto, los diputados pidieron aplicar la Ley de Abastecimiento, “la cual le permite al gobierno intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. De esta forma, analizando los márgenes y la forma en que se produce y comercializan los alimentos (por ejemplo), se pueden establecer precios reales con márgenes de ganancia lógicos”.

Y pidieron aplicar también la Ley de Góndolas, que “tiene como orientación general contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza sea transparente y competitivo”.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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