Tras un cierre de listas tenso, que dejó varios heridos dentro del oficialismo provincial, el gobernador, Axel Kicillof, se mostró este martes en una especie de lanzamiento de campaña con dos de sus candidatos por la populosa Tercera sección y aprovechó para cuestionar la política de Javier Milei.

Junto a Verónica Magario, vicegobernadora y candidata testimonial a diputada provincial, y Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown y cuarto en la misma lista, Kicillof pidió sumar “fuerza” en las elecciones del 7 de septiembre para defender a la provincia de Buenos Aires y que “no entre la motosierra de Milei” en el territorio.

“En la Provincia no entra la motosierra”, dijo en un acto de entrega de escrituras en Almirante Brown, en un discurso que apuntó en todo momento en críticas a la gestión libertaria. “Cientos de miles de familias no tienen los recursos, los medios para comprar una escritura, y de eso se olvida Milei. Ese sistema que llama ‘libertad’ deja a millones de personas afuera. Es una libertad trucha, es una libertad para los que ya tienen todo y pueden pagárselo”, destacó.

“Esta libertad trucha no es la que funciona en nuestra Provincia, 5 millones de pibes y pibas van a la escuela porque existe el Estado. En la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra y no entra el topo. No nos van a destruir”, agregó el mandatario, que no estuvo acompañado por otros candidatos de la Tercera pero que responden a La Cámpora, como Facundo Tignanelli (segundo en la lista) y Mayra Mendoza (tercera).

Tras asegurar que la Provincia actúa “de escudo y red de protección de todos los sectores agredidos por las políticas de Milei”, Kicillof cuestionó al Presidente por no conocer el país y haber hecho 15 viajes internacionales “paseando por el mundo”. Y añadió: “Yo lo desafío a que en lugar de estar brindando con los de la criptoestafa y los de la bolsa, se digne a venir un día a ver el desastre que está haciendo en los barrios de la provincia”.

Finalmente, el gobernador subrayó que cuando el 7 de septiembre el bonaerense tenga que ir a las urnas para elegir legisladores, el oficialismo tiene “la posibilidad de sumar fuerzas para defender a los laburantes, jubilados, a las pymes y a los empresarios argentinos”. (DIB)

La Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) impulsó una “acción judicial colectiva” para “frenar” los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público.

El gremio denunció su aprobación debido a que se llevó adelante mediante “un proceso viciado por corrupción”; como resultado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio lugar a la presentación y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, “en un plazo de cinco días”, brinde explicaciones sobre las condiciones en que se sancionó la Ley 27.742.

“La resolución judicial reconoce que existen serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo que dio origen a la norma, especialmente en relación con el voto clave del entonces senador Edgardo Kueider, quien fue detenido posteriormente con una suma de dólares no declarados y hoy enfrenta causas penales por presunto cohecho”, indicaron desde ATE Capital.

En la misma línea, aseguraron que ese voto, que generó el empate para que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, definiera la votación, “fue resultado de hechos de corrupción de público conocimiento”, y que, por lo tanto, “debe considerarse nulo de nulidad absoluta”.

El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick reconoce la “legitimidad de la acción colectiva impulsada” por ATE Capital y sugiere que los hechos denunciados “presentan verosimilitud en el derecho invocado”: “Es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742”, sostiene dicho fallo.

“Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento. El Poder Judicial debe actuar y garantizar el Estado de derecho”, expresaron desde ATE Capital.

El Senado entró en un receso invernal tras la aprobación de los proyectos jubilatorios, emergencias y fondos provinciales, iniciativas que tensaron al máximo el vínculo con el gobierno del presidente Javier Milei, quien se apresta a vetar esas leyes en los próximos días.

El Congreso remitió ayer las tres leyes sancionadas el 10 de julio y, a diferencia de 2024, el oficialismo se encuentra ahora en una situación de mayor fragilidad para sostener el veto, que fue ratificado en las últimas horas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La relación de Francos con los gobernadores atraviesa su peor momento, más allá de la foto que Francos se saco con los mandatarios en La Rural la semana pasada.

El ministro coordinador deberá desplegar todo su manual político para recomponer la relación dinamitada no solo por el armado electoral libertario, sino también por incumplimientos económicos por parte de la Casa Rosada con las provincias.

Más allá del veto, que se jugará en primer término en la Cámara de Diputados, el Senado retomará en su retorno su agenda previa a la embestida opositora contra Balcarce 50.

Entre los temas que aparecen en el horizonte podría reactivarse la discusión por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, un tema que es de poco interés para el Gobierno ya que aspira a encararlo después del período electoral o bien poner en discusión las vacantes actuales, que son dos.

Además, en el tintero espera la situación de la Auditoría General de la Nación (AGN), que funciona sin representantes de Diputados y Senado.

El proyecto que avanzaría en este sentido, aunque en etapa inicial, no establecería cambios en la composición original y distribución del organismo, como pretendía un proyecto libertario, pero sí modificaría el mandato de los auditores, que quedaría en cinco años con posibilidad de una reelección.

Para el recinto queda pendiente la sesión secreta por el caso YPF; otros dos proyectos que estarían en condiciones de ser tratados en el Senado si pasan el filtro de Diputados son los que declaran la emergencia en pediatría y fondos para universidades, que ya cuentan con dictamen y sobre los cuales los diputados avanzarían en pocos días.

Fuente: NA.