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11 provincias ya decidieron desdoblar sus elecciones

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Once provincias que explican casi el 30% del padrón nacional ya decidieron convocar a elecciones ejecutivas en 2023 por cuerda separada de los comicios presidenciales. Si se les suman los cuatro distritos que están impedidos constitucionalmente de ir a las urnas de manera simultánea con la Nación, más Corrientes y Santiago del Estero, que eligieron sus autoridades en 2021, las fórmulas de los partidos y alianzas nacionales que buscarán llegar a la Casa Rosada podrán contar, como máximo, con el empuje de solo siete provincias que, al cierre de esta nota, aún no habían resuelto su estrategia local y representan el 45,69% del electorado.

El desdoblamiento masivo de las elecciones provinciales se cocina al calor de las crisis que atraviesan el Frente de Todos, fracturado en una interna a cielo abierto que escala minuto a minuto, y la alianza Juntos por el Cambio (JxC), conmocionada por los tironeos de halcones y palomas que tracciona el factor Milei.

Osvaldo Jaldo dio el puntapié inicial el jueves pasado, al comentar, casi a la pasada, que Tucumán (3,69% del padrón nacional) votará en junio de 2023. Sin embargo, el anuncio es la punta de un iceberg que tiene especial repercusión en el Norte Grande, región a la que el Gobierno le dio principal prioridad en la gestión y que en su totalidad irá a las presidenciales del 22 de octubre del año próximo con sus autoridades ya electas.

En Catamarca (0,95%), Raúl Jalil analiza por estos días llamar a elecciones para marzo del año que viene, tal como establece la Constitución local. Si bien un artículo habilita al Ejecutivo local a modificar la fecha, un hombre de peso del oficialismo, cercano al mandatario, indicó a Letra P que se votará en esa fecha para asegurar la reelección del gobernador. En La Rioja (0,86%), Ricardo Quintela todavía no se expresó públicamente. Según pudo saber este portal, el mandatario irá por su segundo periodo en la primera quincena de mayo. Pista: en 2019, las elecciones provinciales se realizaron el 12 de ese mes. Ambas provincias están gobernadas por el peronismo y fueron las únicas que, junto a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, votaron sus autoridades junto con las presidenciales de 2019.

En Jujuy (1,67%), Gerardo Morales avanza en dos frentes, aunque sus espadas cercanas lo desmienten. Una reforma de la Constitución local le permitiría buscar su re-reelección en comicios que se convocarán para mayo o junio. Ese cronograma calza justo para el caso de que prosperase su candidatura presidencial por la UCR, ya que el 26 de junio vence el plazo para la presentación de las precandidaturas para las primarias del 13 de agosto. De este manera, podría dedicarse de lleno y empoderado a la campaña nacional.

El oficialismo de Salta (3,06%) progresa en las últimas horas en ambas cámaras legislativas con el proyecto para eliminar las PASO en esa provincia, como ya lo hizo Sergio Uñac en San Juan (1,69%). Esta iniciativa surgida del entorno del gobernador Gustavo Sáenz pretende alejar las elecciones provinciales de las nacionales para seguir jugando al provincialismo catch all que tanto le rindió en los comicios locales de 2021, cuando se quedó con nueve de las 12 bancas del Senado en disputa y la mayoría en Diputados.

Gildo Insfrán irá en 2023 por su octavo mandato como gobernador de Formosa (1,36%). La convocatoria se calcula para marzo, de acuerdo a consultas realizadas por este medio. También para ese mes se espera que se vote en Misiones (2,77%), donde el Frente Renovador que timonea Carlos Rovira busca escapar de la grieta nacional, que le propinó una derrota en 2021 a manos de JxC.

Peronismo núcleo
El albertista Gustavo Bordet y Juan Schiaretti, el gobernador peronista más anti-K, también despegarán las elecciones en sus provincias. En Entre Ríos (3,24%), es un secreto a voces que el distrito tendrá calendario propio y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, ya anticipó que las fechas pueden ser las mismas de 2019: las PASO en abril y las generales en junio. En Córdoba (8,69%), la estrategia cordobesista apunta a junio. Las dudas están planteadas respecto de cómo se encadenarán las fechas de los comicios para la gobernación y para la capital, donde el oficialismo no cuenta con una figura fuerte debido a que todo indica que el intendente, Martín Llaryora, jugará por el premio mayor.

La tercera provincia de la región Centro, Santa Fe (8,06%), debe ir a las urnas antes del 10 de septiembre por mandato constitucional. Un límite similar tienen Chaco (2,82%), Tierra del Fuego (0,41%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,43%). No obstante, el Ejecutivo porteño podría forzar ese corsé apoyado en su fortaleza parlamentaria, como ocurrió en 2019 por primera vez en su historia como ciudad autónoma, cuando Horacio Rodríguez Larreta puso toda su maquinaria electoral a jugar alineada con el fallido intento de Mauricio Macri por jugar un segundo tiempo. En 2023, las aspiraciones presidenciales del alcalde seguramente serán las que primen a la hora de fijar el calendario capitalino.

Patagonia rebelde
En Neuquén (1,53%), se da por hecho que una vez más el Movimiento Popular Neuquino (MPN) buscará conservar su hegemonía de seis décadas de manera anticipada. Se especula que las elecciones serán en el primer semestre. Todas las fuentes sugieren mirar el antecedente de 2019, cuando se celebraron el 10 de marzo.

Como todos los provincialismos, el oficialismo rionegrino también huye de la grieta nacional para imponer condiciones en las urnas. En los despachos del poder hay quienes se animan a ponerle fecha a las elecciones de Río Negro (1,63%): 9 de abril. Por ahora, nada es oficial. En 2019, se votó el 7 de abril.

Madre hay una sola
Buenos Aires, principal distrito electoral con el 37% del padrón y eterna madre de todas las batallas, es además particular por dos razones fundamentales. La primera obedece a la complejidad para desenganchar sus comicios de los nacionales, lo que requiere la modificación de leyes, algo poco probable en una Legislatura donde ninguna fuerza manda.

La segunda es netamente política y las miradas se contraponen. En el entorno del gobernador Axel Kicillof prefieren dejar todo como está para no perder los votos que arrastraría una boleta que llevase a Cristina Fernández como candidata. En un sector de JxC, ligado a la UCR, prefieren desdoblar para evitar la fuga de votos por derecha que podría generar Javier Milei en una boleta nacional. En la tribu PRO que empuja el larretismo, con Diego Santilli y los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata) a la cabeza, guardan silencio.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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