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Kicillof anunció que invertirán 130 millones de pesos en el puerto de Bahía Blanca

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En el marco del Plan 6 por 6 para “la recuperación y la transformación de la provincia de Buenos Aires”, el gobernador Axel Kicillof suscribió esta tarde convenios que permitirán fortalecer la infraestructura de los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, informó el Gobierno bonaerense.

Se hizo en un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y su par provincial de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

“A partir del récord alcanzado durante 2021 en materia de volumen operado para el comercio exterior, los puertos bonaerenses han dado cuenta de su enorme potencial y, al mismo tiempo, de la falta de inversión que los ha llevado a presentar fuertes deficiencias operativas”, sostuvo Kicillof, y agregó: “La evidencia corroboró aquello que planteamos desde el primer momento acerca de que el sistema portuario de nuestra provincia merece una transformación”.

La Provincia señaló que en el puerto de Bahía Blanca se invertirán 130 millones de pesos “para desarrollar obras que permitan la recuperación integral de la dársena de pescadores”.

Además, indicaron que “las tareas posibilitarán el mantenimiento y la revalorización de la pesca artesanal en la localidad de Ingeniero White; la construcción de un espacio público de recreación; y la puesta en valor de las instalaciones del predio”.

En el puerto de Coronel Rosales se llevará a cabo la pavimentación de caminos internos por un total de 12 millones de pesos. “Servirán para mejorar la circulación de vehículos de carga, al tiempo que fomentarán las operaciones de hidrocarburos, en particular las que se realicen con origen en Vaca Muerta por medio terrestre”, señalaron en un comunicado.

“Desde la Provincia complementamos las inversiones que realizan los consorcios y articulamos las políticas necesarias con el Gobierno Nacional”, dijo Kicillof. En ese sentido, destacó las obras en los puertos de San Pedro, Mar del Plata y Dock Sud, a las que se destinaron 1.560 millones de pesos, y añadió: “Los puertos son un instrumento de las políticas públicas tanto para potenciar la capacidad productiva e industrial, como para apuntalar la integración y la identidad de nuestra provincia”.

A partir de la iniciativa Puertos en Marcha, que abarca el Programa para el Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria Bonaerense (FIPBA), se celebraron acuerdos con los presidentes de los consorcios de gestión de los puertos de Bahía, Federico Susbielles; y de Rosales, Rodrigo Aristimuño.

En ese contexto, Guerrera afirmó: “Es una gran satisfacción poder contribuir con el gran desafío de seguir potenciando el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, recuperando lugares y espacios perdidos durante años, pese a sus enormes capacidades”.

“Vamos a trabajar en el acondicionamiento, la puesta en valor, la mejora logística y la accesibilidad de los puertos bonaerenses, que son puntos estratégicos para una Provincia productiva con mirada hacia el exterior y el mundo”, agregó el ministro de Transporte.

Por último, el gobernador bonaerense remarcó que “con el plan 6 por 6 planteamos una mirada hacia el futuro en la que el Estado asuma su papel como regulador, pero también como instrumento de fomento de la actividad en los puertos”.

“La inversión en nuestro sistema de logística y transporte es la más eficaz que podemos realizar en materia de infraestructura, ya que está vinculada con la producción y el trabajo”, cerró Kicillof.

También estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno, Agustina Vila; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; su par de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el director provincial de Desarrollo Territorial y Pymes, Ariel Aguilar; la directora nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, Nuri Teresita Sánchez Edorna; senadores provinciales y concejales.

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Luis Caputo tendrá que revelar los detalles del acuerdo con el FMI

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El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

El gobierno nacional intentó ocultar información

Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.

“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.

La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina

El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.

La obligación del ministerio

De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.

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La oposición quiere a Karina Milei en el banquillo de los acusados del Congreso: buscarán su interpelación

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La oposición en la Cámara de Diputados iniciará este martes una ofensiva coordinada para lograr la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por su mención en los audios que desataron el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según supo Noticias Argentinas, la estrategia opositora se activará en las comisiones de Salud y Discapacidad, ambas presididas por Unión por la Patria, donde se tratarán los distintos pedidos de citación. Sin embargo, el camino de los proyectos está bloqueado, ya que la comisión cabecera es la de Asuntos Constitucionales, controlada por el libertario Nicolás Mayoraz.

Ante este panorama, la oposición planea recurrir a una herramienta que ya le dio resultados: buscar una votación en el pleno de la Cámara para “emplazar a la comisión” y forzarla a tratar los expedientes, tal como ocurrió en abril con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Este martes, la Comisión de Salud, conducida por Pablo Yedlin, analizará los proyectos de los diputados Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT) que reclaman la presencia de la hermana del Presidente. Más tarde, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, hará lo propio con una iniciativa del socialista Esteban Paulón.

Pese al impulso, el antecedente del caso $LIBRA es agridulce para la oposición. Si bien lograron forzar el tratamiento, en aquella oportunidad la falta de consenso dejó afuera a Karina Milei de la citación y al recinto solo terminó asistiendo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, demostrando la dificultad que enfrentarán para sentar a la funcionaria en el Congreso.

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Elecciones bonaerenses: qué arriesga cada fuerza en la Legislatura en una votación clave para el peronismo

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A una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el escenario político se prepara para una contienda que redefinirá el equilibrio de poder en el distrito más grande del país. El próximo domingo 7 de septiembre se renueva la mitad de la Legislatura, y el peronismo, bajo el sello de Unión por la Patria, es la fuerza que más escaños pone en juego.

Según supo Noticias Argentinas, en base a un análisis del sitio de verificación Chequeado, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales en las ocho secciones electorales. La elección se presenta como una prueba de fuego para la oposición y una oportunidad de crecimiento para el oficialismo nacional.

En la Cámara de Diputados, que cuenta con 92 miembros, Unión por la Patria arriesga 19 de sus 37 bancas, siendo el bloque con la parada más difícil. Le siguen el PRO, que pone en juego 8 de sus 13 escaños, y La Libertad Avanza, que arriesga 5 de sus 12 diputados actuales.

En el Senado provincial, de 46 bancas totales, el panorama es similar. Unión por la Patria también es el que más arriesga, con 10 de sus 21 senadores finalizando mandato. En una situación crítica se encuentra la UCR junto a Cambio Federal, que debe revalidar casi todo su bloque (5 de 6 bancas). En contraste, La Libertad Avanza se encuentra en una posición cómoda al arriesgar solo 1 de sus 4 escaños.

De esta manera, los resultados del próximo domingo no solo medirán la fuerza territorial de cada espacio, sino que también configurarán la capacidad de negociación y gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires para los próximos dos años.

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