Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación concluyó que los aviones de guerra por los cuales el gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros y que actualmente se encuentran en la base Comandante Espora, no estaban en condiciones de volar al arribar a nuestra ciudad.

El informe recordó que las compras se hicieron durante la gestión de Oscar Aguad al frente del ministerio de Defensa. Entre 2016 y 2019 se llevaron a cabo convenios celebrados con Francia para la adquisición -por parte de la Armada- de cinco aeronaves de combate Súper Étendard Modernisé (SEM) y de cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito Offshore Patrol Vessel (OPV). La adquisición de los aviones había sido decidida por Macri a fines de 2018.

Extraoficialmente, en esos momentos se había dicho que las actualizaciones “que habían recibido los cinco aparatos franceses les permitirán a los pilotos argentinos aprovechar modernos sistemas de navegación y ataque que mejoran la posibilidad de efectuar misiones nocturnas”.

Sin embargo, esos aviones llegaron a nuestra ciudad en mayo de 2019 y sobre fin de ese año ya se había determinado que no podían utilizarse por falta de repuestos.

“No se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”, según la Sigen.

Incluso, señala que “la Marina Francesa había dejado de utilizarlos”. El informe también hace hincapié en el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones” y la “inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”. Informaciones publicadas por “La Nueva.” en ese momento consignaban que el gobierno nacional debería invertir unos 2 millones de dólares para ponerlos en condiciones operativas.

“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses -NdR: el relevamiento se hizo en octubre de 2021- sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se indicó.

Sin embargo, se remarca, el gobierno de Macri procedió con la compra, junto a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo”. El precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- , además de todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos fue cercano a los 14 millones de euros.

En cuanto a los cuatro OPV “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”.

En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición de listos para operar.

El informe fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.

(LaNueva. con información de Infobae)