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Examen clave esta semana ante el FMI

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No será una semana más en la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre hoy y el miércoles, el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfjan, entregará en mano a los integrantes del board del organismo el trabajo elaborado por sus comandados Julie Kozac y Luis Cubeddu, sobre la inspección realizada en Argentina de manera virtual, correspondiente a la primera misión del Facilidades Extendidas. La directora adjunta y el jefe del caso argentino elaboraron la semana pasada sus visiones sobre la marcha del país; y ya elevaron sus conclusiones a su jefe directo Goldfjan. En ese texto se introdujeron los argumentos para la aprobación general del período enero-marzo, las primeras proyecciones para el lapso abril-junio; como también las previsiones de ambos sobre el futuro del acuerdo. Esto incluye la seguridad de que habrá que renegociar varios de los capítulos del Facilidades Extendidas. Todos lo saben. Tanto en Washington como en Buenos Aires. Será cuestión de negociar entre julio y agosto cuando las partes vuelvan a reunirse para discutir las pautas del segundo trimestre del año, cuando ya estará más claro que el país no podrá cumplir las metas pactadas y aprobadas el 25 de marzo pasado. Mientras tanto, habrá que pasar esta semana un nuevo examen.

El viernes el país entrará nuevamente en fiscalización general del board, donde el caso argentino se discutirá y analizará en detalle. Se aprobará el trabajo elaborado por Kozac y Cubeddu, y avalado por Goldfjan; pero habrá que pasar el tamiz siempre crítico de los integrantes del directorio; donde hay miembros que, casi por tradición (lo que no implica que no tengan razón), se ensañan particularmente en criticar a la economía argentina. Se descarta que en este pelotón se ubicarán Japón, Países Bajos, Gran Bretaña y muchos otros estados europeos. Y puede ser que también se sume Estados Unidos. Si bien votarán a favor casi por unanimidad (siempre lo hacen cuando se recomienda un voto positivo desde los técnicos del FMI), tendrán la oportunidad de analizar que el país difícilmente cumpla lo pactado. Será en esos momentos donde habrá que seguir la vehemencia de la exposición obligatoria de Goldfjan, y si el brasileño-israelí se transforma en un defensor de la causa argentina, o en su principal crítico. El director para el Hemisferio Occidental es el responsable máximo del FMI en la fiscalización de la economía local y en el seguimiento del caso criollo. Fue designado en su cargo en febrero, con el explícito mandato (aceptado por él mismo) de llevar detenidamente el caso argentino bajo su custodia. Y desde el primero momento, Goldfajn le dejó en claro a los hombres y mujeres de Buenos Aires que es el máximo responsable ante el board del organismo del éxito o fracaso del Facilidades Extendidas aprobado (con muchas dudas) el 25 de marzo. El director había afirmado en la reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial de Washington que ese compromiso sería cumplido a rajatabla, y que sería duro en la fiscalización. Y que esa tarea incluiría la recalibración de números y porcentajes para evaluar y descartar potenciales waivers. El viernes será la primera vez que cumpla este mandato público ante el board. El expresidente del Banco Central de Brasil sabe que no es poco lo que está en juego. Sabe que un fracaso en el Facilidades Extendidas argentino podría asimilarlo con el futuro de su trabajo como hombre fuerte de la comarca occidental dentro del FMI.

(Ámbito)

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Diputados debatirán la próxima semana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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