La vicepresidenta Victoria Villarruel cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado luego de haber ordenado en octubre pasado la suspensión temporal de ese establecimiento por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”.

Se trata de una institución que había sido inaugurada en 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou.

Según el decreto 401/25, la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” con la intención de acondicionar el inmueble, pero el área concluyó “que su readecuación no resulta posible por su condiciones de base”.

Por esa razón, el edificio será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso.

Por otro lado, a través del decreto 394/25, Villarruel promovió la donación de los bienes patrimoniales de la Cámara alta que se usaban en el jardín a otro establecimiento de similares característica, tras solicitud de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.

El año pasado, después de un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento acompañado por actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA, la titular del Senado decidió suspender la actividad de la institución porque no cumplía con las normas de la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras.

Entre las irregularidades e incumplimientos que sostuvieron la decisión de Villarruel se enumeraron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”.

En la misma resolución, Villarruel le otorgó a los 72 padres de los menores que concurren a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de este año. El siguiente paso era que la Dirección General de Administración del Senado evaluara las deficiencias del lugar.

En diciembre de 2023, antes de dejar el Senado, la ex presidenta Cristina Kirchner eliminó esa normativa, por lo que desde entonces el gasto total recaía sobre el presupuesto del Senado.

Senadores de la Unión Cívica Radical proponen incorporar al Código Nacional Electoral sanciones para quienes se postulen a cargos públicos y, al momento de asumir, no lo hagan.

Se trata de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que pretenden incorporarlo como artículo 139 bis de la ley Nº 19.945 -Código Nacional Electoral- el siguiente texto: “Artículo 139 bis.- Defraudación a los electores. Candidaturas testimoniales. Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos“.

En los fundamentos, sostienen: “Buscamos ahora una herramienta legislativa que logre evitar las denominadas ‘candidaturas testimoniales’, las que significan una clara defraudación a los electores y un quiebre en la confianza política de los ciudadanos“.

Los representantes provinciales advierten que “las candidaturas testimoniales contribuyen decididamente a la baja paulatina de la participación ciudadana en las elecciones” y agregan: “¿Qué interés podrían tener los ciudadanos de asistir a elegir personas que saben que no asumirán el cargo para el que se postulan?”.

“Por cierto, se trata de una responsabilidad individual, pero también de los partidos políticos que tienen la obligación y el compromiso de ofrecer los mejores candidatos con calidad suficiente para satisfacer las demandas actuales”, resalta el proyecto.

La violencia verbal en redes sociales se duplicó en Argentina en los últimos dos años y medio. Según un informe de la consultora Ad Hoc, el ecosistema digital del país está marcado por una dinámica sostenida de insultos, provocaciones y amplificaciones en la que participan políticos, periodistas, empresarios y usuarios anónimos. En el centro de esa red aparece el presidente Javier Milei, señalado como el mayor generador de insultos entre los usuarios no anónimos.

Entre enero de 2023 y junio de 2025 se registraron 27,5 millones de insultos en plataformas digitales argentinas. La cantidad mensual de agresiones verbales pasó de un promedio de 666 mil a más de 1,3 millones. Los momentos más conflictivos coincidieron con la campaña presidencial de 2023, el inicio de la gestión de Milei y el caso LIBRA, en el primer semestre de este año.

El informe identifica al presidente como el usuario no troll más agresivo del ecosistema digital. En los últimos dos años, publicó y compartió 1.589 insultos en redes sociales. Supera a dirigentes de todos los espacios —libertarios, peronistas y macristas— y su estilo confrontativo no es esporádico: forma parte de una estrategia sistemática que incide directamente en la forma en que se construye el debate político.

Milei no se limita a responder: interviene con su nombre, lanza ataques contra adversarios, periodistas o figuras públicas, y luego su contenido es amplificado por comunidades afines. Esa lógica de ataque y reproducción define una parte sustancial de la conversación pública actual.

Una maquinaria de confrontación

El estudio de Ad Hoc describe una estructura tripartita que sostiene esta lógica: trolls, provocadores y amplificadores.

Trolls: usuarios anónimos o cuentas intensivas dedicadas a insultar, agredir o viralizar contenido violento.

Provocadores: figuras públicas —con legitimidad social o política— que toman el lenguaje troll y lo introducen en el debate masivo.

Amplificadores: medios de comunicación o periodistas que, al denunciar el agravio o referenciarlo, contribuyen a expandir su alcance.

En este esquema, el algoritmo premia la confrontación: lo que genera enojo o escándalo se viraliza más que el contenido moderado o argumentado. La violencia, entonces, se convierte en capital político.

El rol de empresarios y periodistas

El informe también incluye al empresario Marcos Galperín como un actor relevante en este circuito. Su actividad en redes —aunque sin insultos directos— contribuye a legitimar el discurso de agresión, con publicaciones que descalifican adversarios, replican a trolls libertarios y marcan una postura ideológica alineada con el oficialismo.

Por su parte, periodistas como Luis Novaresio, Julia Mengolini y María O’Donnell fueron víctimas de ataques organizados desde comunidades libertarias. Y al responder o denunciar públicamente esos agravios, involuntariamente amplificaron el alcance del mensaje original.

El fenómeno, según el informe, no es solo una cuestión de formas. La política argentina habría adoptado completamente la lógica de las redes: la intensidad importa más que la masividad, y el escándalo más que las ideas. “La política se volvió un espectáculo guiado por algoritmos y dopamina”, advierte el documento.

Se pierde el criterio de verdad, se disuelve el debate racional y se impone un tribalismo digital en el que cada usuario solo consume aquello que confirma lo que ya piensa. En ese clima, la agresión no es un exceso: es una herramienta central del discurso público.

El informe cierra con una propuesta sencilla pero ambiciosa: “Parar la pelota”. Replantear cómo se construye el debate público y qué tipo de discusión necesita una sociedad democrática. En un escenario cada vez más dominado por insultos, trolls y provocaciones, la pregunta no es solo quién gana la pelea, sino qué queda en pie después. (DIB)