El Gobierno nacional invertirá en los próximos 18 meses 50 millones de dólares ante el inicio de la temporada de incendios forestales lo que representa “un fuerte aumento presupuestario” de lo asignado al Plan Nacional de Manejo contra el Fuego, según anunció el ministro de ambiente Juan Cabandié, quien destacó que este viernes llevará pruebas a la Justicia entrerriana por los fuegos intencionales en el Delta del Paraná.
Durante un acto efectuado en Casa de Gobierno, Cabandié aseguró que “vamos a seguir en esta tesitura, invirtiendo y apostando. Creemos fuertemente en la necesidad de preservar, de cuidar, de conservar”. y destacó el trabajo en territorio de las y los brigadistas.
Cabandié dijo que “asignar al manejo del fuego una alícuota permitió dar un cambio sustancial” y refirió que “de 195 millones de pesos de presupuesto se pasó en 2022 a $ 6.500 millones”.
Adelantó que este viernes el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky “irá al Juzgado de Victoria para complementar datos que ya tiene la justicia sobre incendios en el Delta” y refirió que “los dueños de esos campos son empresarios, de la justicia o ganaderos”.
“No tenemos poder de policía, pero los satélites van observando y arrojan la geolocalización de focos ígneos y la justicia puede determinar responsables”, señaló el ministro, y enfatizó en la necesidad de que “aquel que prende fuego sea castigado por la ley”.
En ese sentido indicó que “95% de los fuegos son debido a la mano del hombre, ya sea por intencionalidad, dolo o imprudencia”.
Luego aclaró que “hay una equivocación muy instalada en el imaginario, en que el fuego lo apagan los aviones, que son una herramienta fundamental”, pero “faltaba hacer hincapié en los brigadistas, que no tenían una vinculación con el Estado formal, estaban en una tremenda informalidad y peleando durante 22 años por su convenio colectivo y lo logramos”, y puntualizó que ahora están trabajando “en un proceso para implementar una ley de jubilación especial de 900 brigadistas”.
Por otra parte, manifestó la necesidad de “una ley de humedales, porque sin ella se pone en riesgo ese ecosistema específico”.
Al respecto, dijo a Télam que “en su momento tuvo media sanción en el Senado, Pino Solanas la impulsó mucho, después Leonardo Grosso presentó un proyecto que se cayó, lo siguió presentando con el acompañamiento de distintas ONGs. Ahora vamos a volver a impulsarla y esperemos que se apruebe”.
También abogó por mejorar “la ley de Bosques” porque “bajó la tasa de forestación” y en la idea de “tipificar el delito de desmonte y no seguir sin una regulación específica”.
Y pidió también “por una ley de envases, para cuidar el planeta, con distintos estándares”, porque, consideró, “el cambio climático llegó para quedarse y hay que modificar métodos productivos, tener una conciencia ambiental y reducir las emisiones de residuos”.
Por su parte, Federovisky reforzó que la cartera de Ambiente “ya invirtió más de 16 mil millones de pesos” para “la prevención, combate y restauración de incendios forestales”, con la adquisición de “medios aéreos, vehículos, maquinaria e indumentaria para que los brigadistas tuvieran un marco laboral adecuado”, de los cuales “se destinaron $ 6.875 millones en las provincias”.
Habló de “acuerdos de cooperación internacional con Francia y Canadá”, en el primero de los casos para “alquiler aerostatos con cámaras infrarrojas y cámaras de visión, autobombas forestales, dos helicópteros que estarán operativos en 2023, el alquiler de un helicóptero con capacidad para 4.500 litros y la capacitación de brigadistas forestales”; y con el país americano para “la compra de dos helicópteros con la más moderna tecnología”.
E informó sobre la “adquisición de helicópteros y aviones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con una inversión prevista para los próximos 18 meses de 50 millones de dólares”.
Sobre la comparecencia en la justicia, Federovisky, explicó que el Ministerio presentará “todos los registros de la cámaras de los faros de conservación que operan en el Delta”.
“En esos registros hay una georreferenciación muy precisa, muy especifica, que entendemos que, cruzados con los datos catastrales de las provincias, tiene que indicar sin ningún tipo de duda a quién corresponde cada uno de los campos en los cuales se inician los focos”, añadió.
Puntualizó que en el Programa de Restauración de Áreas en el Parque Nacional Iberá, se destinarán 5.000 hectáreas en los próximos meses para replantar o reforestar con especies locales, con una inversión de $ 1.000 millones.
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