El Presidente Alberto Fernández firmó este jueves un decreto que pone fin a todas las contrataciones en el Estado hasta el 31 de diciembre del año que viene. Quiere decir que el Gobierno no podrá incorporar nuevos empleados hasta que termine este mandato. La medida regirá para la administración central (ministerios y sus dependencias) y para los entes públicos. Además, se “instruirá” a las empresas públicas y fondos fiduciarios a tomar medidas en el mismo sentido.
La medida había sido anunciada por Silvina Batakis en su primera conferencia de prensa como ministra de Economía y la norma habría sido redactada desde el Ministerio de Economía. La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Según el decreto, estarán prohibidas la gran mayoría de las contrataciones. Se trata de las designaciones a planta transitoria, contrataciones por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual. Tampoco podrán hacerse contrataciones por prestación de servicios, una modalidad típica y sensible con los gremios, porque no garantiza los derechos laborales de una persona en relación de dependencia, mientras que se cumplen funciones a tiempo completo y por plazos prolongados.
Además, no se podrán hacer designaciones transitorias a planta permanente ni cualquier otra modalidad en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias. Esto contempla también los convenios con universidades, que contratan a personas para realizar trabajos específicos para áreas de gobierno.
En el texto se prevén algunas excepciones. Entre ellas se encuentran las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; en los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción y en el Servicio Penitenciario Federal, y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido su personal civil.
La medida incluye una cláusula que otorga mayor poder al ministerio de Economía y la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani y dependiente de Juan Manzur, jefe de Gabinete. Todos los cargos que “por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo” no puedan postergarse, se tratarán como casos especiales y deberán pedir permiso a esos organismos.
Se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos. Esta medida contempla que, ante la finalización de plazo de las personas que ya están trabajando en el Gobierno, no pierdan su empleo. Sin embargo, cuando se abran vacantes a partir de una renuncia, jubilación, retiro voluntario o cancelación, las áreas deberán “validar la criticidad o necesidad estratégica para el funcionamiento del área” y pedir autorización para poder cubrir los lugares que quedaron libres. Es decir, que si alguien deja su puesto de trabajo, a priori no podrían suplirse esos puestos.
La medida exceptuará la designación de funcionarios o los puestos que corresponden al organigrama de gobierno, como secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales o coordinaciones. También estarán exceptuadas la cobertura de cargos o contrataciones para cumplir con cupos como los de discapacidad y de personas trans.
(La Nación)
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