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El aumento en las tarifas rondará los $1.200

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El Gobierno anunció la segmentación tarifaria de los servicios de distribución de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, con el que se espera alcanzar un ahorro fiscal cercano al medio billón de pesos en 2023.

En una conferencia de prensa, la secretaria de Energía, Flavia Royón, precisó que en lo que resta de 2022 “el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas será de $ 47.500 millones y anualizado de $ 455.000 millones”, en tanto la presidente de AySA, Malena Galmarini, señaló que en el caso de esta empresa será este año de $ 2.000 millones y de $ 45.000 millones para el año próximo.

La segmentación respeta el criterio fijado en el decreto 332/2022, por el que se establecen tres niveles de usuarios según su capacidad económica, que pasará a complementarse con el criterio establecido según niveles de consumo.

En el caso de la energía eléctrica el tope de consumo será de 400 kwh mensuales (550 kwh en zonas sin servicio de gas de red) y en el caso del gas será variable, según categorías y subzonas en todo el país.

Según el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, el tope se fijará tomando como referencia “el volumen equivalente al 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría”, mientras el 30% excedente quedaría exento de subsidios, que se quitarán de manera escalonada hasta completar el 167% del precio mayorista del gas.

“No es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios”, puntualizó Royón, quien remarcó la importancia de “instalar la educación del uso sustentable y racional” de los recursos de los tres servicios involucrados.

Con ese criterio, los diferentes funcionarios dieron a conocer diferentes ejemplos de cómo quedarían los valores en las facturas, advirtiendo que al tratarse de una quita de subsidios sobre excedentes de consumo, no puede establecerse un porcentaje general.

Bernal indicó que un usuario de nivel 3 (sectores medios) que en junio abonó una factura de gas de $ 1.650, al final de la quita gradual del subsidio pagará $ 2.146, lo que implica un ajuste del 30,06%

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, indicó que para un usuario de Edesur con un consumo medio de 300 kwh, el monto sin impuestos pasará de $ 1.467 a $ 2.285, con un ajuste del 55,76% al finalizar la tercera etapa de incremento.

Por su parte, Galmarini señaló que para el promedio de usuarios residenciales, la tarifa de octubre de 2022 de $ 752 pasará a $ 1.765 en junio de 2023, con un ajuste del 134,7%.

(Télam)

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Con críticas a la gestión de Gay, el intendente dijo que “está comenzando el renacer de Bahía Blanca”

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Al encabezar el acto de apertura de la licitación para la obra de construcción de pluviales en los barrios Los Olivos y Villa Floresta, el intendente Federico Susbielles, sin nombrarlo, criticó la gestión de Héctor Gay en esa materia.

Se hizo en el salón Héroes de Malvinas y el jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios y funcionarios de su gobierno.

En la oportunidad, además de destacar que “está empezando el renacer de Bahía Blanca” dijo, en clara alusión a las críticas a su tarea que han venido puntualizando dirigentes no solo de LLA, sino también ex funcionarios del gobierno de Gay, que “muchas veces vemos a quienes han sido artífices de estos ocho años de la ciudad, que la han gobernado, que la recorren ahora relatándonos los estados de diferentes sectores de la ciudad que están así por la falta de gestión de todos esos años”.

Susbielles afirmó que estamos llevando adelante “un plan de obras hídricas sin antecedentes en la ciudad”.

Sostuvo además que muchos de los que critican ahora, “son los mismos que generaron canales a cielo abierto que hacen más daño cuando hay agua. “Si ven el mapa de la inundación hubo problemas en zonas que habitualmente no lo tenían como 9 de Noviembre, Stella Maris, sector del hospital Penna, son obras hidráulicas que no estaban y hoy las estamos haciendo”.

Fuente: Frente al Cano.

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Más de Susbielles: pidió la concesión al municipio de la obra de Paso Urbano

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Durante el acto de apertura de la licitación para obras hidráulicas en la ciudad, el intendente Federico Susbielles sorprendió de alguna manera con un anuncio: pidió la concesión de la obra Paso Urbano, absolutamente detenida por la decisión política del gobierno nacional de no hacer obra publica.,

“Queremos que el gobierno nacional active efectivamente el crédito de 200 millones de dólares que el BID aprobó para la ciudad y no fue puesto en marcha para poder seguir realizando las obras hidráulicas, hídricas y viales que Bahía Blanca necesita”, dijo Susbielles al ser consultado.

Y tal sentido fue cuando anunció que de no tener respuestas del gobierno de Milei, efectivamente pedirá la concesión de esa ruta de 11 kilómetros para, no solo la municipalidad, sino también para el puerto.

“Si no van a empezar la obra, van a tener que salir de la ciudad y dejarnos trabajar a nosotros y conseguir los capitales privados necesarios”, expresó.

Es una obra iniciada en 2017 durante el gobierno de Macri, que pasó por diferentes etapas y ritmos de construcción pero que está totalmente paralizada desde diciembre de 2023 cuando asumiera funciones el actual gobierno del presidente Javier Milei.

Es una obra, más allá de que seguramente se podría haber hecho un proyecto menos ambicioso, con menos “rulos” y menos puentes (son 11 en total en esos 11 kilómetros que conectan las rutas 3 norte, 3 sur, 22, 35 y 33), de mucha importancia por dos motivos: 1) el tránsito de camiones . 2) por la situación hidráulica que perjudica notoriamente a los barrios que en los últimos tiempos se han ido armando a los costados de lo que antiguamente se llamó Camino de Circunvalación “Sesquicentenario”.

Fuente: Frente al Cano.

 

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Panperonismo sin Cristina: diputados del PJ de distintas vertientes avanzan con una agenda legislativa propia

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Un sector del peronismo que convive con el kirchnerismo en el Congreso, pero busca despegarse de su conducción, empezó a tender puentes con otras vertientes del PJ y aliados circunstanciales. Lo hace a través de una agenda legislativa común, con proyectos concretos, y con la intención de disputar la centralidad opositora frente al Gobierno sin quedar atrapado en la interna partidaria.

El ensayo quedó plasmado en un proyecto de ley para aliviar el endeudamiento de familias con tarjetas de crédito y préstamos no bancarios. La iniciativa reúne a diputados que integran el bloque Unión por la Patria (UP), pero se identifican con una agenda federal y productiva, junto a referentes de otros espacios peronistas y del centro político.

El puntapié inicial lo dio el entrerriano Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa y extitular de la Aduana. En su desembarco en Diputados, el legislador empezó a marcar perfil propio con proyectos vinculados a industria y empleo. El último sumó un condimento político: incorporó como coautores a dirigentes del PJ de distintas vertientes, incluidos legisladores ligados a Axel Kicillof, pero también a figuras heterodoxas como Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, y Natalia De la Sota, referente del peronismo cordobés y opositora al gobernador Martín Llaryora.

El proyecto crea el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, con el objetivo de asistir a unas 15 millones de personas que cayeron en morosidad por créditos con tarjetas o por fuera del sistema bancario. Fue presentado por Michel junto a Marinela Marclay (Entre Ríos) y cuenta con las firmas de Emir Félix (Mendoza), Juan Pablo Luque (Chubut), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Carlos Cisneros (Tucumán), todos ellos críticos del liderazgo kirchnerista y de la primacía de una agenda centrada en el AMBA. A ese núcleo se suman Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y De la Sota, que integra el monobloque Defendamos Córdoba.

La convergencia despertó especulaciones sobre la eventual conformación de un espacio legislativo común sin el kirchnerismo. Por ahora, los protagonistas lo niegan. Reconocen la buena sintonía y los puentes trazados, pero descartan una reconfiguración inmediata. “El diálogo se da para encontrar soluciones a problemas reales y no para quedar enfrascados en la interna del peronismo del AMBA, que sigue hablando de dirigentes y no de la gente”, planteó uno de los impulsores, en una crítica indirecta a la falta de propuestas del PJ.

Otro de los firmantes coincidió en el diagnóstico, aunque puso un límite: “Puentes hay muchos y desde hace tiempo. Pero son acercamientos puntuales, por proyectos específicos, no un armado político”.

La diferencia con intentos previos es que, esta vez, el kirchnerismo quedó completamente al margen. En el tramo decisivo para pensar una alternativa al presidente Javier Milei de cara a 2027, varios dirigentes del PJ provincial empezaron a marcar una línea propia, más federal y menos atada a la lógica de la interna.

Los detalles del proyecto

La iniciativa propone que la ANSES otorgue créditos directos de hasta $1.500.000 a jubilados, trabajadores en relación de dependencia con ingresos menores a seis salarios mínimos y monotributistas, para cancelar deudas acumuladas en tarjetas de crédito y plataformas de préstamos no bancarias.

Los autores sostienen que la medida responde a una crisis de morosidad creciente, impulsada por tasas de interés elevadas que dificultan el acceso a bienes básicos. Según el informe anexo, la cartera de crédito fintech pasó de $724.000 millones (a valores de julio de 2025) a $2,58 billones en un año. Las tasas, detallan, alcanzan el 130% de TNA en proveedores no financieros y el 92% en tarjetas de crédito, en un contexto de inflación cercana al 30%.

El texto define a esos proveedores como fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales que operan fuera del sistema bancario, con condiciones financieras “sensiblemente más desfavorables” para los deudores. Al sustituir esas obligaciones por préstamos con tasas de mercado, el objetivo es estabilizar la economía de los hogares sin comprometer el equilibrio fiscal del Estado. El esquema prevé transferencias directas de la ANSES a los acreedores y cuotas de devolución ajustadas a los ingresos reales de los beneficiarios.

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