El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó este lunes un acto en la localidad bonaerense de San Fernando, donde destacó la promulgación de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que genera un alivio fiscal en el sector.
En este marco, junto a trabajadores y empresarios de la construcción, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el principal objetivo de la norma será “transformar el ahorro dormido que muchas veces no está blanqueado frente al fisco en inversión y trabajo”. “Es una Ley que pretende que el ahorro de los argentinos se transforme en miles y miles de cascos amarillos a lo largo y ancho de la Argentina”, agregó.
Asimismo, el Ministro remarcó que la inversión pública se encuentra en los niveles “más altos de los últimos 8 años” y explicó que es necesario que ese financiamiento “venga acompañado de inversión privada; de desahorro financiero transformado en ahorro productivo”.
Al referirse al consenso parlamentario que tuvo la norma, Massa aseguró que “estos son temas que trascienden a un gobierno” y que “tienen que ver con generar confianza desde la política, pero además, generar certidumbre a largo plazo para quienes desarrollan, invierten, generan trabajo y valor para la Argentina”.
En relación al carácter federal de la Ley, el Ministro precisó que “cuanto más lejos de Buenos Aires es la inversión, más grandes son los incentivos”, y afirmó que “tenemos que recorrer el camino de la desconcentración”. Además, el Ministro definió a la construcción como “un sector que es madre de industrias” y manifestó que “hoy estamos en un número que nos hace sentir orgullosos: 430 mil trabajadores registrados a lo largo y ancho del país”.
En el acto, el Ministro también convocó a ahorristas, desarrolladores, empresarios, trabajadores y gobiernos locales, “a que junto con las facilidades que pone el Estado Nacional para transformar el ahorro en trabajo para los argentinos, todos pongamos lo mejor de nosotros para que cuando termine este año de régimen promovido hayamos llegado a los 450 mil trabajadores y a más de un millón y medio de m2 construidos en cada una de las jurisdicciones”.
Finalmente, el Ministro concluyó resaltando que “tenemos que entender que la Argentina necesita un sendero y un recorrido en el que empresarios, trabajadores y Estado nos tomemos de la mano para generar valor y desarrollo para nuestra gente y para nuestro pueblo”.
Estuvieron presentes el Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez; el Presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, Carlos Spina; el Presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman; el Intendente de San Fernando, Juan Andreotti; la Presidenta de AYSA, Malena Galmarini; la Diputada Nacional, Alicia Aparicio; autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, desarrolladores inmobiliarios, legisladores nacionales y provinciales, entre otros.
Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.
Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.
El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.
Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única
En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.
El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.
El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.
El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.
Bacterias detectadas
Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.
Un factor agravante
Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.
La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal
La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.
El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.
Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.
Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.
“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.
En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.
Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable
Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.
Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.
Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.
Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.
Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación
“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.