El Banco Central (BCRA) cerró marzo con un saldo negativo de US$ 1.156 millones en intervenciones cambiarias, lo que marca el peor registro mensual desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

En las últimas 11 ruedas, el organismo vendió US$ 1.780 millones, con un promedio diario de US$ 161,8 millones. Sólo este lunes, debió aportar US$ 143 millones, es decir, el 29% de los US$ 493 millones operados en la jornada.

Caída bruta de reservas y presión del mercado

En términos brutos, las reservas internacionales cayeron US$ 3.085 millones en el mes: pasaron de US$ 28.117 millones a US$ 25.032 millones. A ese retroceso se sumaron:

• US$ 723 millones por ventas previas
• US$ 67 millones por pagos al BID
• US$ 61 millones por pagos al Club de París
• Ajustes contables en la Posición Cambiaria de los bancos

Rumores, salida de pesos y retención de exportaciones

El deterioro se acentuó en los últimos días por la reacción del mercado ante versiones sobre un cambio en la política cambiaria para facilitar un acuerdo con el FMI. Ese clima provocó:

• Salidas masivas de inversiones en pesos
• Compras anticipadas de importadores
• Retención de liquidaciones por parte de exportadores

Como resultado, la tenencia neta de reservas del BCRA pasó de US$ -4.300 millones a US$ -6.900 millones, profundizando la crisis de confianza.

Qué dicen los analistas

Los especialistas coinciden en que la tendencia podría revertirse si el Gobierno aclara su estrategia cambiaria y se activan las liquidaciones de la cosecha gruesa. Sin embargo, la falta de definiciones hasta el momento ha obligado al BCRA a intervenir diariamente en el mercado, agravando la crisis de reservas y sumando incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio.

Mientras la Corte Suprema de Justicia evalúa un recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la expresidenta mantiene un perfil bajísimo en su residencia del barrio porteño donde, según testimonios recogidos por Radio Splendid AM 990, su presencia pasa casi inadvertida.

“Hace poquito me enteré que vivía por acá. Nunca la vi”, contó Neiri, kiosquera de la zona, al ser consultada. “El barrio es tranquilo, no se nota ningún tipo de movimiento fuera de lo común. Nunca vi que cortaran la calle por ella”, agregó.

Un vecino, que trabaja como conserje del edificio lindero, sostuvo que solo la vio “tres o cuatro veces” desde que vive allí. “Se sube al vehículo y no se la ve más”, explicó.

Aunque el movimiento de personas es escaso y el comercio reducido —hay una verdulería que abre a las 10 y un kiosco de horario vespertino—, la seguridad es visible: según constató el periodista en el lugar, hay cuatro custodios asignados directamente a la exmandataria, además de tres policías de uniforme y una camioneta de traslado de personal apostada a la vuelta.

Desde sus redes sociales, Cristina Kirchner confirmó que presentó el recurso de queja ante la Corte Suprema, denunciando que se trata de una “sentencia arbitraria con fundamentos dibujados”.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si la Corte rechaza el recurso, la condena quedaría firme y la Justicia deberá resolver cómo se cumple. Entretanto, su figura sigue generando tensión política, pero en el barrio donde reside, el silencio predomina.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) “monta vigilias” en dependencias públicas ante la posibilidad de que se lleven a cabo 50.000 despidos dentro de secretarías y ministerios nacionales. Además, se evalúa la iniciativa “de ocupar los edificios” donde efectivamente se cumplan las cesantías.

La fecha en la que finalizan estos contratos es hoy, 31 de marzo, y desde el sindicato comandado por su secretario general, Rodolfo Aguiar, exigen la “renovación automática y anual de la totalidad de los vínculos laborales”.

“El Gobierno ha actuado, de manera permanente, al margen de la Constitución y de las leyes. No vamos a permitir que existan cesantías masivas y sin una causa justificada. Montaremos vigilias en todos los ministerios y secretarías, y no descartamos ocupar aquellas dependencias que dejen trabajadores en la calle”, señaló Aguiar.

Asimismo, se adelantó y sostuvo que, desde ATE, no quieren que “nadie defina a su modalidad de protesta como ilegal” porque la llevarán adelante  bajo la figura de “permanencias pacíficas”: “El crecimiento de la conflictividad es responsabilidad exclusiva de la Casa Rosada. La violencia institucional crece en el país y se genera desde el poder”, añadió.

Por otra parte, manifestó que la Administración Pública “no soporta más recortes” y que “un nuevo ajuste” afectaría la prestación de servicios esenciales y “perjudicaría de manera grave” a todos los ciudadanos.

Para finalizar, ATE informó que en distintas dependencias surgieron “amenazas de que las cesantías comenzarían a comunicarse” , sin embargo, hasta el momento no fueron notificados “ningún despidos bajo ninguna figura”, a diferencia de meses anteriores donde sí se enviaron “telegramas y correos” que llegaban en los días previos.

Durante la última movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el gremio comunicó que realizará un paro de 36 horas que comenzará el próximo miércoles 9 de abril, desde las 12 del mediodía, hasta  la medianoche del jueves 10; además, no se descarta anticipar medidas de fuerza si se efectúan “cesantías ilegales”.