Con la firma de su presidente Cristian Ritondo, el bloque de diputados del PRO presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación, que llevó a cabo la Cámara baja durante la madrugada del 18 de diciembre.

Para los representantes del partido fundado por Mauricio Macri, la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada (de LLA), el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, “fue abiertamente inconstitucional”.

En el PRO contaban con que sería nombrado Jorge Triaca, pero quedaron afuera de un acuerdo presuntamente establecido entre Martín Menem, Fuerza Patria y los gobernadores del norte.

Según la presentación de Ritondo, la designación de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO.

Además, indicaron, “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales” por lo que consideran que son demasiadas “irregularidades”.

“Lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, aseguraron desde el entorno de Ritondo y explicaron: “Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado”.

Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.

En ese sentido, se aclara que “el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no es una mera exigencia ritual, sino una garantía esencial para que todos los diputados -y, en particular, aquellos que no integran la mayoría circunstancial- puedan ejercer de manera efectiva la función representativa que les ha sido confiada por el electorado”.

Por lo tanto, según considera el PRO “la sola circunstancia de que HCDN o la AGN lleven adelante su actividad de modo contrario a la Constitución Nacional y las leyes y reglamentos dictados en consecuencia, mediante actos que implican menoscabar la plenitud de los derechos y de la representatividad que me corresponden en mi carácter de Diputado de la Nación, y la AGN se encuentre integrada de un modo viciado, importa un avasallamiento de notoria y extrema gravedad institucional.”

Ya lo había anticipado Ritondo en la propia Cámara durante el procedimiento mismo. Visiblemente enojado, el presidente del bloque macrista consideró aquella madrugada que “la designación de miembros de AGN no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza” y anticipó que llevarían el tema a la Justicia.

Cómo fue la designación

Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó durante la madrugada del jueves la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.

Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Frente a esto, Ritondo, aseguró que se trataba de “la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional” y por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.

La semana de sesiones extraordinarias que dejó el Senado podría describirse como una serie de jornadas frenéticas que dejaron, en el global, a todos contentos. Por un lado, el Gobierno avanzaría con parte de su agenda y, dentro de pocos días, dejaría atrás más de media gestión sin un Presupuesto sancionado; una oposición dialoguista que surfeó momentos de tensión, y que acompañó y frenó la ola libertaria según el momento; y un kirchnerismo muy revoltoso por las internas peronistas que se temió por el dictamen de reforma laboral -sabía que estaban las firmas desde el 10 de diciembre- y celebró cuando el despacho, que todavía no había sido rubricado, pasó a siesta hasta febrero próximo.

Desde el Ejecutivo, la ambiciosa agenda buscó ser cumplida por quienes designaron los hermanos Javier y Karina Milei como interlocutores únicos en el Congreso: el titular de Diputados, Martín Menem (La Rioja); y la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). La previsión inicial sobre la ley de gastos 2026 era que avanzaría sin demasiados contratiempos. Las elecciones le dieron un empujón gigante al oficialismo y lo hicieron crecer en volumen, pero sin mayoría. Las picardías con el desgraciado capítulo y un plan B que no funcionó -más el generoso acuerdo por las butacas de la AGN- dejaron al Presupuesto para el año próximo con gusto muy amargo. No era el plan original.

Lo más insólito no fue lo sucedido en la Cámara baja -nadie es infalible, pero están en juego grandes cosas-, sino las delirantes versiones que operó Balcarce 50 para dar vuelta la realidad. Al borde del disparate, de mínima. “¿Ése es el horizonte intelectual?”, se oía en el Congreso. Mientras tanto, otros elefantes caminaban por el medio bazar de la semana que finaliza en las próximas horas.

Ante una bola de nieve que prometía hundir el trabajoso consenso logrado entre el oficialismo y la oposición dialoguista, el Senado intervino. Hasta semanas atrás, eso hubiese sido un inmenso problema. Victoria Villarruel ayuda como puede -injusto que no se la reconozca, aunque compensa con movidas políticas y tuits nocturnos inexplicables-, pero el aterrizaje de la ex ministra de Seguridad trastocó el escenario. Al menos, lo que se vio hasta ahora en este corto período de sesiones extraordinarias.

Primero, abrazó el tema más delicado del paquete, la reforma laboral, como si fuese una granada sin seguro. En un Senado que suele manejarse con el enojo y la ofensa fácil, con personajes marginales que no pueden ni con su propia mente -aunque sueñan húmedo al pensar en el poder-, ordenó a su bloque, buscó un clima de convivencia para que Villarruel no se convierta en mayor estorbo, y cerró un acuerdo con la oposición dialoguista. Hay que dejar algo en claro acá: los famosos 44 legisladores -43, hasta que jure el rionegrino Enzo Fullone– sólo ejecutaron un guiño para relegar al kirchnerismo de las comisiones. Es un peldaño interesante, pero uno solo. El Gobierno entendió que tenía toda la escalera para subir. Demencial.

Todo esto no sólo ya se conocía para quienes participan en la diaria del Congreso. Y mejor ir por lo sano y no por la fantasía. De hecho, desde la propia Cámara alta se le advirtió a la Casa Rosada sobre rumores de votos que no estaban cerrados para el Presupuesto 2026 en la Cámara baja. No obstante, dar antes no siempre resulta el mejor sendero. El resultado quedó a la vista. Pero, de nuevo, los mensajes y vías paralelas que partieron del Ejecutivo sobre cómo “solucionar” la travesía de la ley de gastos y el famoso capítulo eliminado quedarán en la zona mágica. El Senado la sancionará el viernes 26 tal como vino. Luego, Milei tendrá que bajar el martillo de lo que pretenda -con lo que quedó “colgado”- en base a repartija de ATN y algún DNU. Lo demás, hoy, es pirotecnia mojada.

“Primero, lo de la AGN por la partida de -la radical Roxana- Reyes. Después, lo que le hicieron al PRO. Más tarde, que ‘el Presupuesto no sirve y lo vamos a vetar’, pero ‘igual vótenlo’. Todo, en medio de tratamientos exprés, incluida la ley laboral. A cualquiera que entienda un mínimo del Congreso le parece demasiado. Y si bien desde 2023 ya había algún que otro libertario que advertía lo irreal de ir fondo y sin parar nunca, lo de Bullrich representó un giro de 180 grados. Te escucha, no grita. Si te dice algo, lo cumple. Y, en especial, dos cuestiones muy importantes: le sobra temple y sabe cuándo dejar de insistir si no hay votos”, sentenció un experimentado dialoguista a Infobae. Habrá que ver cómo se lo toma el Ejecutivo. Los recelos ya se asoman.

¿Qué se espera para la reforma laboral? Algunas cumbres virtuales en enero, quizá otra presencial y la meta de aprobarla en febrero. Sigue en el sendero de proyecto pretencioso. El tiempo dirá. A finales de ese mes, se tiene que realizar la sesión preparatoria para votar autoridades. Los podólogos de avestruces -por supuesto- ya rezan con arañar una beca de platino, por ocho años, en la AGN. El perfume que se huele, tras estos días y un puñado de resultados a la vista, es pagar después y no antes. Y ahí es donde el diablo suele meter la cola y los dialoguistas, ya sin minutos para especular, definen si son fieles o mantecosos.

La actividad parlamentaria de las sesiones extraordinarias, la aparición más definida de los gobernadores de Fuerza Patria en el tablero político y las negociaciones latentes en el PJ Bonaerense para alcanzar una tregua que evite un nuevo capítulo de la interna, transformaron el fin de año del peronismo en el comienzo de una nueva etapa. Un cambio de ciclo en los últimos días de un año de algunos triunfos y derrotas bien marcadas.

En el peronismo los tiempos se empezaron a acelerar después de los resultados electorales. Los bloques de diputados y senadores sufrieron fisuras y cosecharon nuevos reproches internos. Sin embargo, en la primera sesión difícil después del recambio de las dos cámaras, salieron bien parados y mostraron los dientes en la discusión por el Presupuesto y la reforma laboral.

El bloque de Fuerza Patria en Diputados no pudo frenar la sanción del Presupuesto 2026, pero logró que no se deroguen las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Fue un triunfo importante para el bloque opositor, que fue la base fundamental del rechazo y ganó una partida impensada en la Cámara baja.

El peronismo estrenó un nuevo bloque, pero la conducción sigue siendo la misma. El tridente conformado por Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca se mantuvo firme pese a todas las tensiones que hubo entre las elecciones y la conformación del nuevo esquema parlamentario. La primera coordinación dio resultado y nadie sacó los pies del plato. Incluso, jugaron en tándem los diputados catamarqueños que rompieron el bloque un par de semanas atrás.

En el Senado, el peronismo salió a jugar fuerte contra la reforma laboral en la primera jornada del tratamiento en comisión. Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, dos históricos de la bancada, cruzaron a Patricia Bullrich, la cara visible del proyecto libertario. La tarea no será fácil para el Gobierno. El peronismo, dividido y atormentado por su anarquía nacional, sigue siendo un hueso muy duro de roer.

En la Cámara alta existe una amenaza latente sobre el rol del kirchnerismo. Los gobernadores quieren condicionar las decisiones vinculadas a Cristina Kirchner. Presa y sin capacidad de ser candidata, los caciques peronistas no están dispuestos a aceptar que imponga condiciones y que su agenda esté por encima de los intereses de los gobiernos provinciales. Divisan un cambio de ciclo y trabajan, en silencio, con ese rumbo.

El bloque Convicción Federal, que desde esta semana integran cinco legisladores que responden a gobernadores peronistas o que no posee techo político, tiene un halo de suspicacias que siempre los rodea. ¿Continuarán en el interbloque con el bloque justicialista? ¿Se desmarcarán este año para formar un nuevo esquema con los representantes de Salta y Misiones? ¿Sumarán más legisladores del bloque mayoritario que tengan ganas de marcar diferencias con la conducción K? ¿Hasta dónde llega la unidad peronista?

Al igual que en Diputados, en la Cámara alta hay un tridente que gestiona la conducción del bloque peronista. Lo siguen integrando José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio. Los tres responden a la conducción de Cristina Kirchner. Los gobernadores no han avanzado con decisión sobre ninguno de los dos esquemas de conducción. Pero es apostura actual puede modificarse durante el 2026, año en el que se moverán, aún más, las piezas tectónicas del peronismo nacional.

La reunión de gobernadores de Fuerza Patria de esta semana fue un hecho trascendente. A partir de ahora los mandatarios quieren tener más peso en los dispositivos políticos del peronismo nacional. En gran medida, la reunión con varios legisladores que les responden tuvo ese reclamo como eje. Los gobernadores quieren tener más peso en el Congreso y fortalecerse como bloque político.

Los mandatarios no quieren romper el esquema político ni tensar la cuerda sin sentido. Pero desean tener un lugar preponderante en la agenda parlamentaria. Prioridad en los temas y en los tiempos en los se tratan. “Tenemos claro que no sobra nadie y hasta el perro más flaco hace sombra hoy”, aseguró la mano derecha de uno de los gobernadores presentes en el cónclave justicialista. Unidad pero con condiciones nuevas. De eso se trata.

Además, hay una idea implícita entre esos mandatarios. Buscan que el foco se pose sobre ellos y se corra del balcón de San José 1111 y la interna bonaerense. Se quieren escapar de ese lugar, aunque no cambian su postura. El conflicto de intereses que existe en la provincia de Buenos Aires debe resolverse el año entrante. Sin excusas. Porque no hay proyecto nacional del peronismo si no hay una tregua en la provincia de Buenos Aires.

Eso es lo que se estuvo intentando realizar en los últimos días durante las negociaciones para llegar a un acuerdo por la conducción del PJ Bonaerense y la fecha de las próximas elecciones. Idas y vueltas, cargadas de desconfianza, que exponen las tensiones normales de una disputa de poder. La clave tal vez sea que detrás de cada movimiento hay un trasfondo vinculado al proyecto nacional concentrado, sobre todo, en el futuro de la figura de Axel Kicillof.

La reunión del viernes del PJ Bonaerense dejó asentada la fecha para las elecciones internas. Será el 15 de noviembre. La idea que reina es llegar a un acuerdo de unidad y elegir un presidente por consenso. Pero hay condicionamientos explícitos. El kicillofismo pide “acompañamiento irrestricto” al Gobernador y que en la silla que ocupa Máximo Kirchner se siente algún dirigente vinculado a Kicillof

Además, habrá una disputa en el reparto de apoderados y la integración de la junta electoral. Esa es la pelea que viene dentro del esquema de poder partidario. Será un verano de rosca política, de mensajeros y operadores. De declaraciones públicas que marquen el pulso de las negociaciones. En el peronismo hay margen para el acuerdo hasta el minuto final.

El cristinismo impuso la fecha. El kicillofismo buscaba que fuera en la segunda quincena de abril. Pero ahora tiene un desafío mayor. Frenar la avanzada kicillofista que quiere pisar fuerte en la conducción del partido. El Gobernador ya puso primera en su carrera presidencial y, a partir de febrero, tiene la vocación de llevar su agrupación política a todo el país. Buscará federalizar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para limitar el accionar del cristinismo y ampliar su base política en el interior del país.

En paralelo a todos esos movimientos, Sergio Massa cultiva el perfil bajo de cara al final de año. Su prioridad era que el peronismo termine el año con cierta paz. El daño de la interna del espacio político los daña a todos, incluso a él y al Frente Renovador. El ex candidato a presidente ha participado activamente de las negociaciones de unidad en las últimas elecciones. Pero también, al igual que los gobernadores, está agotado de la interna bonaerense.

Massa sabe con claridad que el año que viene el peronismo vivirá meses tensos y traumáticos para el armado del proyecto 2027. Porque el liderazgo de CFK se someterá a una discusión más amplia, como la que iniciaron los gobernadores la semana pasada, y porque los que quieren ser candidatos a presidente empezarán a levantar la cabeza con mayor decisión.

En esa lista hay muchos dirigentes que lo anotan al propio Massa, que mantendrá el silencio respecto a cualquier movimiento posible en el futuro. Algunos otros peronistas lo visualizan como un posible candidato a gobernador bonaerense. El sanjunanino Sergio Uñac y el santiagueño Gerardo Zamora son dos nombres que también aparecen en esa rosca política.

Todas esas hipótesis empiezan a surgir en el final de un año caótico para el peronismo. Un año en el que la fuerza política se chocó una pared de frente y perdió la brújula, pero en el que también tuvo unidad pragmática en las discusiones con Milei y empezó a vislumbrarse, con mayor claridad, el comienzo de un nuevo ciclo político.