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Cristina Kirchner dijo que van a condenarla: “Será un regalo para Héctor Magnetto”

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Aun día de que se conozca el fallo de la Causa Vialidad, Cristina Kirchner brindó con un medio de Brasil. Allí la vicepresidenta afirmó que se siente condenada, lo cual representa “una especie de regalo para Héctor Magnetto”. Además, vinculó la fecha de la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF) a la Ley de Medios y sostuvo que Lázaro Báez era “amigo de negocios” de Néstor Kirchner.

En diálogo con Folha de Sao Paulo, la ex Presidenta planteó argumentos similares a los que había expresado el martes 29 de diciembre en sus últimas palabras frente al tribunal que la juzga por la causa Vialidad. En el reportaje que se conoció este lunes 5 de diciembre, Cristina Kirchner habló de un “Partido Judicial”, habló de garantías constitucionales “violadas” y volvió a insistir con una sentencia escrita.

“El día 7 saldrá en las tapas de los diarios ‘condenada Cristina’”, afirmó. “¿Sabes qué? Ese 7 de diciembre es un día emblemático para el público en Argentina. La ley que establecía que los empresarios de medios que tenían muchos canales de televisión, canales abiertos, cable y periódicos, debían desinvertir para no tener una posición dominante o monopólica”, recordó sobre el mismo día del año 2012 recordando su batalla pública con el Grupo Clarín.

Negocios con Lázaro Báez y causa Vialidad
La vicepresidenta se refirió al vínculo con el empresario patagónico Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y figura central en el juicio de Vialidad, ya que se le impute ser quien recibió más de 400 obras públicas redireccionadas entre 2003 y 2015.

Cristina Kirchner negó el vínculo societario y sostuvo: “Uno es socio cuando hay un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor”.

“La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio. Por razones muy simples. Primero: todas mis garantías constitucionales fueron violadas”, dijo.

Luego, recordó que el juez Julián Ercolini ya se había declarado incompetente en la misma causa. “El juez que investigó este caso es el mismo que hace siete u ocho años, ante las mismas acusaciones de la oposición, dijo que no era competente y envió el caso al sur del país”, remarcó.

“La Justicia de Santa Cruz investigó y hubo sobreseimiento. Ese proceso involucró al mismo empresario y exactamente a las mismas 51 obras que ahora se investigan nuevamente”, detalló la Vicepresidenta. Por último, la expresidenta habló de una eventual condena, que desde el kirchnerismo anticipan que ya está escrita: “Cuando se violan todas las garantías cuando el juez que había dicho una cosa después dice otra a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri. Bueno, es evidente que va a haber una condena”.

Patrimonio de la familia Kirchner
“Se construye la imagen de un ladrón, imputándome delitos contra la propiedad cuando, en realidad, cuando terminé mi mandato, tenía los mismos bienes por los que ya había sido investigada tres veces”, recordó CFK sobre el fallo de Ercolini.

Luego la titular del Senado habló del patrimonio de su familia al llegar a la Casa Rosada, algo que constaba en la declaración jurada de Néstor Kirchner. “Cuando llegamos a la Presidencia, no éramos pobres. Contábamos con más de 23 propiedades y una inversión financiera equivalente a US$3 millones”, indicó. “El diario La Nación hizo un artículo en ese momento diciendo que éramos una pareja que ya tenía una buena riqueza”, recordó.

Cristina Kirchner manifestó que la causa Vialidad se montó sobre “acusaciones falsas” y se basó “sobre obras que ya habían sido juzgadas”, dado que ya no la podían “demandar por enriquecimiento ilícito”.

Luego de hablar de su disputa con el Grupo Clarín, dijo sentir la misma persecución judicial que los ex mandatarios de Brasil y Ecuador, Luis Inácio “Lula” Da Silva y Rafael Correa. “Aquí se enfrentó el lawfare desde la altura del poder. Fue un fenómeno regional. El fenómeno del “Partido Judicial” pasó con Lula, con Correa y pasa conmigo”, contestó.

Cristina luego habló sobre lo que, desde su perspectiva, es la relación aceitada entre funcionarios judiciales y Mauricio Macri. “El lawfare o el partido judicial no es solamente la persecución de los dirigentes populares sino en la protección de lo que pasó durante el gobierno del macrismo. ¿Por qué? A ver: el otro día se comprobó que había habido espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino”, denunció.

“Sin embargo los jueces lo sobreseen a Mauricio Macri. Jueces que él había puesto a dedo, hay jueces en la Cámara Federal puestos a dedo por Macri. Donde dicen: no, no, sí, hubo espionaje pero fue a favor de la seguridad del Presidente. No se puede hacer eso porque viola la ley de seguridad nacional”, criticó.

La elección de Alberto Fernández y el pragmatismo
“Más pragmático que yo, no creo que lo sea Lula ni nadie más. Después de ser perseguidos durante los cuatro años del gobierno de Macri, luego de que mi hija enfermara y fuera internada en Cuba, armamos el Frente de Todos. Podría haber sido candidata, pero apoyé a alguien más, y ganamos”, dijo sobre el contexto en el cual eligió al Presidente vía Twitter.

“Tuve que tomar una decisión que uniera a todas las fuerzas políticas, para que pudiéramos ganar”, rememoró. Luego remarcó que ser mujer genera descalificaciones a su lugar de dirigente política.

“No conozco ningún líder en el mundo que, pudiendo ser candidato y ganar, prefiera poner a otro en su lugar. Entonces, decir que Cristina no es pragmática… Soy mujer, ese es el problema”, manifestó.

“No quiero hablar del Presidente y menos en un reportaje en un diario extranjero”, expresó primero. “Cuando salí del gobierno, en 2015, nuestra deuda en dólares no llegaba al 10%. Recuperamos un país endeudado. Con este nivel de endeudamiento, con estas exigencias del FMI, la situación no es imputable al actual gobierno”, dijo en referencia a la situación económica actual y las condiciones previas de gobernabilidad que enfrentó el panperonismo como gobierno.

Por último, dejó un manto de duda sobre una posible postulación en 2023: “Todo en su medida y en armonía”.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre el atentado contra su vida
El 1 de septiembre del 2022 la Vicepresidenta fue víctima de un intento de asesinato a manos de Fernando Sabag Montiel, quien le gatilló un arma cerca de su cara.

Consultada por Folha, volvió a insistir con la pista del financiamiento y sostuvo que los cuatro detenidos sólo pudieron ser autores materiales. “Después de haber analizado todo, se ve claramente que los detenidos eran sólo los autores materiales. Hay ideólogos y autores intelectuales del atentado”, manifestó.

“Hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte para destituir al gobierno. Que fueron y quisieron incendiar la casa de gobierno, que fueron con molotovs a mi casa. Si, los dejaron libres. ¿Quiénes los dejaron libres? Los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri antes de irse del gobierno. Entonces no es que son ideas mías”, agregó.

“Hacerlo cagar” y “Eliminar la PSA”, las amenazas de los chats de Lago Escondido

“Ellos se fotografiaron con estos líderes. Los siguieron. Fueron a las mismas manifestaciones y recibieron un financiamiento de 17 millones de pesos de un fideicomiso del (Nicolás) Caputo, amigo del alma de Macri”, remarcó Cristina Kirchner.

También se refirió a los cuidados que tiene luego de que ocurriera el intento de asesinato. “Obviamente tomo más precauciones. El otro día fui a un acto muy grande en un estadio cerrado repleto y hubo un control de seguridad importante. Como cuando van a la cancha de fútbol que hacen controles”, explicó.

“Obviamente tomas precauciones pero, bueno. Tampoco vas a cambiar…que, me voy a meter en un lugar y no voy a salir más. No voy a dejar de pensar como pienso. Creo que el destino de todos está escrito ya”, concluyó.

(Perfil)

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La CGT apuesta a movilizar unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo y refuerza su operativo de seguridad

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La CGT ajusta los detalles organizativos de la movilización de este jueves contra la reforma laboral del Gobierno: los sindicalistas creen que podrán llevar a unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo como una demostración de fuerza, pero el desafío que se plantean además es cómo evitar que haya infiltrados que ocasionen disturbios.

Aunque se terminará de resolver este miércoles, lo más probable es que se lea un documento muy crítico de la administración libertaria ante los manifestantes y que cada cotitular de la CGT hable unos 5 minutos.

La dirigencia cegetista quedó muy preocupada luego de que la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la ciudad de Buenos Aires, fue vandalizada este lunes, en un episodio al que la central obrera vinculó con una supuesta señal intimidatoria dirigida a todo el sindicalismo, en un contexto de creciente tensión por la reforma laboral.

El líder del SEIVARA es Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT junto con Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), por lo que el ataque contra las oficinas del sindicato, en la avenida Juan de Garay 371, en CABA, puso en alerta a todos los dirigentes ante la posibilidad de que se produzca una escalada de episodios similares contra otros gremios.

En el sindicato de Jerónimo, los atacantes rompieron muebles y documentación, en particular de su oficina, y se llevaron 3 discos rígidos de computadoras.

Ese episodio hizo que los sindicalistas decidieran reforzar el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para minimizar la posibilidad de incidentes y tratar de detectar a tiempo si hay infiltrados que causen disturbios para dejar asociada a la CGT con la violencia.

También existe temor de que haya enfrentamientos de las columnas de los sindicatos con las agrupaciones de izquierda, que se movilizarán a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT que defina un paro nacional en contra del proyecto del Gobierno.

En la CGT creen que podría haber funcionarios detrás del ataque contra el sindicato de Jerónimo, aunque no están seguros de que hayan estado involucrados agentes de la SIDE porque está bajo el control del asesor presidencial Santiago Caputo, de buena relación con los sindicalistas.

Los mismos recaudos de seguridad se tomarán en el interior del país ya que habrá movilizaciones de la CGT contra la reforma laboral en todas las provincias.

En los últimos días, el triunvirato de la CGT mantuvo reuniones con diputados nacionales de Unión por la Patria y con intendentes bonaerenses del PJ para coordinar acciones en contra de la reforma laboral y su presencia en la movilización hacia la Plaza de Mayo.

En el primer caso, las autoridades cegetistas recibieron en la sede de Azopardo 802 a los diputados de Primero la Patria que integran el bloque de Unión por la Patria: Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristiano Andino, Jorge Chica y Raúl Hadad. Allí hablaron sobre una estrategia común contra una reforma laboral que “profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo”.

Los diputados, según trascendió, advirtieron que la iniciativa oficial no sólo no generará empleo genuino, sino que implica “un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva”. A su vez, los dirigentes gremiales destacaron que el proyecto impulsado por el Gobierno “apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino”.

Allí se acordó avanzar en una articulación política y parlamentaria con la CGT para frenar la reforma laboral y defender “un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos”.

Este lunes, por otra parte, el triunvirato de la CGT y su secretario adjunto, Andrés Rodríguez (UPCN), también estuvieron con intendentes del PJ para coordinar acciones vinculadas con la movilización a Plaza de Mayo.

Los intendentes que asistieron fueron Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Fernando Raitelli (Brandsen), Juan Mancini (Suipacha), Federico Achával(Pilar), Julián Álvarez (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes) y Damián Selci (Hurlingham).

“Estaremos acompañando al movimiento obrero organizado en las calles el próximo jueves 18 para impedir que avance la reforma laboral precarizadora que el oficialismo nacional pretende imponer en el Congreso“, dijo Mayra Mendoza al finalizar la reunión.

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Congreso intenso: aceleración violeta con el Presupuesto, señales contradictorias y dudas de arrastre con la reforma laboral

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La ambición oficialista por asegurarse un primer éxito poselectoral en el Congreso, con la sanción del Presupuesto 2026, colocó a media docena de gobernadores aliados en una situación al menos incómoda. Se trata de la presión para acompañar la derogación de leyes sobre temas sensibles -emergencia en discapacidad y financiamiento universitario- que fueron votadas por sus legisladores este mismo año, a contramano de Olivos. De golpe, quedó encendida para ellos la luz amarilla de la contradicción, en el marco -también como señal fuerte- del reparto de fondos y promesas desde el Gobierno para sellar el pacto legislativo.

La enorme movida puesta en marcha después del reacomodamiento inicial del gabinete –con Diego Santilli como principal operador para negociar con los gobernadores- hizo posible el primer paso efectivo en Diputados. El bloque violeta, junto a aliados, logró dictamen para el Presupuesto, pero con disidencias. Por eso mismo, las tratativas se prolongaron después de la reunión de comisión. Y como dato mayor, apareció la promesa de cumplir con el envío a la Ciudad de Buenos Aires de los fondos podados en la última etapa K. La intención es obvia: que eso afirme el voto en bloque del PRO. Este miércoles será la prueba del recinto.

En la misma línea, frente a los acompañamientos condicionados, fueron añadidos otros mensajes. Se hizo circular que el Gobierno giraría una partida extra a las universidades. También, que haría un recálculo de subsidios en el área de discapacidad. No parecieron propuestas muy sólidas. Los recelos son tantos -por incumplimientos previos y por el papel de última palabra que se le concede a Luis Caputo– que hasta fue tomado con cautela el párrafo que debería ser incluido ahora en el Presupuesto para atender el reclamo porteño por los fondos de coparticipación adeudados.

Desde mediados de la semana pasada, el Gobierno comenzó a dar pruebas concretas de voluntad para hacer efectivos los tratos políticos. “Están cumpliendo”, resumieron cerca de varios gobernadores acuerdistas. El resumen es elocuente: reactivación del reparto de ATN, después de meses de congelamiento o escasas transferencias; atención de pedidos específicos de provincias o regiones, reanimación de compromisos incumplidos sobre obra pública.

Los apoyos para el dictamen sobre Presupuesto y los votos prometidos para coronar el tema en el recinto exponen el juego de gobernadores que cuentan con legisladores disciplinados. El reciente reparto de ATN es expresivo: la lista, ordenada por cifras, es integrada por Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua, en base al esquema de Carlos Rovira), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz). El impulso a la discusión de la ley de Glaciares, o el traspaso de alguna empresa -como el Yacimiento Aguas de Dionisio- y la reactivación de obra pública son gestos hacia socios, como ocurre con mendocinos, entrerrianos y chaqueños.

Afuera, desde el primer día poselectoral, quedaron los jefes provinciales más alineados con UxP. Otros motivos -en especial, la decisión de construir un perfil diferenciado frente al juego del mileismo y la elección de la contraparte K- provocaron tensiones con Provincias Unidas y un par de provinciales.

El tejido de acuerdos proyecta para el oficialismo una votación favorable del Presupuesto. El número asomaba por encima del quórum desde la semana pasada en el punteo de la presidencia de la Cámara, pero en las últimas horas la inquietud se focalizó en el tratamiento en particular. Lo dicho: el artículo que establece la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, aprobadas por mayorías muy amplias.

Aquellas votaciones se produjeron en meses que marcaban para el Gobierno una serie de derrotas legislativas. Pero a diferencia de iniciativas estrictamente vinculadas a reclamos y cuentas de las provincias en materia de coparticipación, se trató de temas de impacto social, sobre todo discapacidad y la situación del Garrahan. Las votaciones fueron contundentes y provocaron vetos presidenciales e insistencias del Congreso. El dato significativo, proyectado al actual tablero, es que el aval incluyó a diputados tucumanos, mendocinos, misioneros, catamarqueños, salteños y entrerrianos que responden a sus jefes provinciales.

Con todo, el principal interrogante hace a los alcances de los compromisos políticos más allá del Presupuesto. La prueba en paralelo remite al Senado, es decir, a la reforma laboral. La intención violeta -según transmite la jefatura del bloque, a cargo de Patricia Bullrich– es darle un trámite muy veloz, que le permita lograr dictamen el viernes. La comisión debe reunirse este miércoles y cumplir con la presentación formal de invitados: funcionarios, empresarios y jefes sindicales. La ex ministro plantea como objetivo votar en el recinto el viernes posterior a Navidad, junto con el Presupuesto.

El interrogante de arrastre tiene que ver con el recorrido previo del proyecto. Existían negociaciones reservadas y no tanto con gobernadores y algunos integrantes de la CGT, con la intención de garantizar apoyo de provincias, a pesar de las inquietudes por cierto costo en materia de recaudación, y lograr una protesta contenida en el frente sindical. Esa vía quedó dañada porque, dicho linealmente, se impuso el criterio de Federico Sturzenegger, por encima del “ala política”, que esta vez incluía criterios similares de Karina Milei y Santiago Caputo, en medio de otras tensiones y reparto de áreas de gestión.

Expertos en la materia que son críticos del proyecto dicen que el texto fue elaborado básicamente por abogados vinculados al mundo empresarial, sin profundidad en el tema. Y más allá de cuestionamientos de fondo, advierten algo que ya se señalaba en medios legislativos: el riesgo de judicialización de puntos como el desarmado de la Justicia Nacional del Trabajo -que supera las conversaciones sobre el traspaso al ámbito porteño-, el amplio alcance del concepto de “servicio esencial” en caso de huelgas y el Fondo de Asistencia Laboral -para indemnizaciones- que sería integrado por las empresas descontando el 3% del aporte al sistema de seguridad previsional.

¿Hay margen de negociación? Una mirada apunta a “borradores” conversados con algunos mandatarios y sindicalistas. Al revés, otros señalan la foto de Javier Milei firmando el proyecto como señal de cerrazón. Arrancan las extraordinarias.

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Magario no asumirá su banca como diputada provincial y seguirá como vicegobernadora

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Finalmente, en el marco de la discusión interna que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que tiene sobre la mesa la línea de sucesión del Poder Ejecutivo provincial, la vicegobernadora Verónica Magario definió que no asumirá a su banca como diputada provincial a la que accedió luego de encabezar la lista de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

La decisión llegó en un momento de tensión que se vive en el Senado provincial, en donde el kirchnerismo le viene reclamando una sesión extraordinaria para tratar dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que pierden estado parlamentario de no tratarse antes de fin de año y, sobre todo, la presión por definir las vicepresidencias en la Cámara alta; negociación en la que Cristina Kirchner propone al intendente de José C. Paz, Mario Ishii para ocupar ese sillón estratégico, tanto en la administración de la Cámara alta, como en la línea sucesoria del Gobierno provincial. Detrás del gobernador y la vicegobernadora, continúa el vicepresidente 1° del Senado.

Este martes por la tarde, en la antesala de la sesión en la Cámara de Diputados, Magario presentó la renuncia a su banca electiva, a la que nunca juró. Lo hizo mediante nota a la presidencia. Así, bloqueó la posibilidad de que una vez jurada su banca como diputada no le voten la licencia para que regrese al Senado; lo que era una de las hipótesis que manejaban en el axelismo como parte de la discusión interna en la que se encuentra enfrascada el peronismo.

En su lugar asumirá Silvina Nardini. Se trata de una concejal del municipio de Ensenada y que responde políticamente a su intendente, Mario Secco. De esta forma, Kicillof no pierde presencia dentro del bloque peronista, aunque los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, siguen siendo “minoría” en la bancada oficialista.

“Por mis hijos, por el pueblo de Ensenada y por el mejor intendente de su historia, Mario Secco; por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, por la educación pública. Con Hebe como bandera, por los 30 mil y por la lucha de lucha irrenunciable la igualdad de oportunidades y la justicia social; sí juro”, fue la jura de la sucesora de Magario. En uno de los palcos aplaudían el intendente de Ensenada, Mario Secco y la exdiputada provincial, Susana González, que en los próximos días llegará a la presidencia del consorcio del Puerto La Plata.

La renuncia de Magario fue leída en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, destacando que el reemplazo de la diputada electa será de carácter definitivo.

Así, la candidatura de Magario fue de carácter testimonial. Mismo camino que adoptó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien también fue electo legislador en las últimas elecciones por ir en la lista de Fuerza Patria por la Primera sección electoral. Fue electo senador, juró a su banca y seguidamente pidió licencia para continuar en el gabinete bonaerense, por pedido y decisión de Kicillof.

En la sesión de este martes también se votó la licencia extraordinaria del diputado kicillofista, Gustavo Pulti; quien regresó a Mar del Plata para convertirse en concejal; mientras se aguarda quien asumirá como presidente del puerto de la ciudad balnearia. Pulti es uno de los que suena para ese cargo.

En el lugar de Pulti, asumió el camporista José Ignacio Rossi, quien desempeña funciones dentro del Instituto Cultural como vicepresidente del organismo que conduce Florencia Saintout. Rossi sí juró su banca; lo hizo “por una democracia verdadera con Cristina libre”. Por el momento no hay certezas de si luego pedirá licencia a su banca para seguir en tareas ejecutivas.

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