Fue en el marco de una reunión informativa de la comisión se Acción Social y Salud Pública, presidida por la diputada socialista Mónica Fein.
Al comienzo de la reunión, la diputada Fein informó que es la segunda reunión para evaluar distintos proyectos sobre la temática. “Haremos un mejor proyecto a partir de los aportes de los invitados, nuestro objetivo es llevarlo al recinto y sancionarlo cuanto antes”, sostuvo.
A través de un video, el médico Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care, expresó que “es necesario que Argentina tenga una agencia de Control porque se precisan herramientas que permitan tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general, la recomendación de medicamentos y el uso de dispositivos”.
Además, el doctor explicó que la evaluación “permite reducir incertidumbre y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías flojas de papeles, también que defina las enfermedades prioritarias para la salud de la población, cuáles son las tecnologías que eventualmente podrían llegar a ser importantes para mejorar la salud de esa población y cuáles son los resultados que nos importan”, fundamentó.
En tanto, Enio José Garcia, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, consideró que “hay consenso respecto a la agencia de evaluación, tenemos que ponernos a tono con otros países de la región que la tienen”. “Está en la agenda la reforma del sistema de salud, la integración del sistema de salud, es un diagnóstico viejo que sigue vigente y todavía no logramos a dar una respuesta. Una normativa que vaya ordenando la fragmentación que hay en el sistema de salud. También la formación profesional, son temas centrales”, dijo.
El funcionario, asimismo, manifestó que “cuando discutimos la integración hablamos de tres puntos: gobierno; modelo de atención y cuidado y sistemas de información y esta ley es transversal a esas tres dimensiones, atiende a demandas que están atravesadas por estas tres cuestiones. La ley nos ayuda a ganar capacidad de gobierno en el sistema de salud y contribuye a analizar la tecnología en la necesidad y no solo la cuestión económica a protocolizar el uso de la tecnología”. A la vez, pidió “incorporar las instancias de participación social y control político”.
Por su parte, Hugo Magonza director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), explicó “la agencia es sólo una herramienta de un plan nacional de salud, ese plan tiene una rectoría sino. Tiene que haber un plan rector”, enfatizó.
“Todo medicamento, tratamiento innovador al entrar al sistema es monopólico. No hay ninguna duda que tiene que haber un organismo que lidie con esta situación. Lo primera manera de lidiar es desde el conocimiento tecnológico porque estoy usando una herramienta de la medicina, después tiene que venir el control político y social”, aseveró.
Respecto al tema seguridad del paciente, Claudio Ortiz, subsecretario Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que “hay un plan nacional de calidad y seguridad del paciente vigente. Hay instrumentos como es el de acciones para la seguridad e instrumentos de autoevaluación y un manual para ayudar a los equipos de salud a como podrían mejorar después de la autoevaluación y como medirse después de las mejoras. Tenemos todo el proceso disponible más un proceso muy fuerte de capacitación”.
Según indicó el funcionario, la capacitación es gratuita, autoadministrada, en calidad, en seguridad, en guía de práctica clínica, en simulación y “múltiples capacitaciones que se están realizando al conjunto del sistema de salud, al sector público y -a través del programa- de fortalecimiento de la calidad y seguridad al sector privado”. “Que la seguridad del paciente sea un tema de debate en un proyecto de ley nos parece central y nos toma, desde el ministerio de salud, con un montón de herramientas para ayudar al conjunto del sistema a trabajarlo”, aseguró.
La doctora Mariana Lichman, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group comentó que trabaja con 23 personas en todo el país “gestionando la seguridad del paciente y asesoramiento a abogados con una mirada presencial y asistencial. Es una realidad que requiere gestión y no equivocar el diagnóstico”, aseveró. Al mismo tiempo brindó cifras: Al menos 10% de los pacientes que egresan de una institución sufre un evento adverso, el 50% de esos eventos son evitable, infecciones, complicaciones quirúrgicas, eventos asociados a medicación y caídas son las primeras cuatro causas.
A continuación, Lichman definió seguridad del paciente como “el conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y si éstos ocurren reduce el impacto en el paciente, su familia, y el equipo de salud”. Y a su vez, ponderó las seis líneas “trascendentales“ del proyecto: incluir la formación de seguridad en las carreras de grado y posgrado; cultura de la seguridad; recertificación profesional; estandarización de los indicadores institucionales mínimos; concepto de segundas víctimas y la necesidad de gestión adecuada; costo efectividad alto impacto económico que “afecta el presupuesto de salud”.
Participaron María Teresa Ithurburu, directora nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria; Marcelo Pellizari, director departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Austral.
Desoyendo las advertencias de veto lanzadas por el Poder Ejecutivo -reiteradas esta misma noche por el Presidente-, la oposición en la Cámara de Diputados aprobó esta noche -con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones- una suba en los haberes jubilatorios. La medida incluye, por un lado, un incremento extraordinario del 7,2% en todas las escalas, correspondiente a la inflación de enero de 2024 que no fue contemplada, y por el otro, la actualización del bono que paga la Anses a quienes perciben la jubilación mínima, el cual pasaría de $ 70.000 a $ 110.000 mensuales, atado al índice de movilidad.
Cerca de las 22, el presidente Javier Milei se expresó en contra de la media sanción de los diputados y habló de “demagogia populista”. Deseó que los senadores no acompañen la propuesta, y aclaro que, “de cualquier forma”, vetará “cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”.
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin”, publicó Milei en la red social X.
La propuesta, que ahora deberá tratar el Senado, obtuvo respaldo de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda, impulsores de la sesión especial. Llamativa fue la abstención de sectores de la UCR cercanos al oficialismo y de parte del PRO alineado con Mauricio Macri, entre quienes se contaron las diputadas María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Luciano Laspina. Además, se registraron 28 ausencias, de acuerdo con el diario La Nación.
El oficialismo y sus aliados votaron en contra. Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró hoy que el presidente Javier Milei vetará la norma en caso de que sea convertida en ley. “El Estado no lo puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos”, advirtió.
El texto aprobado por la oposición incluye un artículo que confirma la vigencia de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta por decreto presidencial en abril del año pasado. Otro apartado ordena que los envíos a las cajas previsionales provinciales no transferidas se automaticen y se actualicen según la inflación.
Como respuesta al planteo oficialista sobre el impacto fiscal del proyecto, los bloques opositores detallaron en su dictamen varias fuentes alternativas de financiamiento. Entre ellas, eliminar ciertos beneficios impositivos que hoy favorecen a sectores específicos y reducen la recaudación. También sugieren redireccionar los $ 33.000 millones asignados por el Gobierno a la SIDE hacia la ANSES, además del ahorro que implicó para el país la decisión del FMI de bajar los costos del endeudamiento de sus miembros. (DIB) GML
El juez federal Daniel Rafecas desestimó las denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno.
En el caso de Pagni, la presentación de Milei había sido motivada por comentarios realizados el 28 de abril en su programa “Odisea Argentina” (LN+), donde el periodista trazó un análisis histórico que, según el Presidente, insinuaba un paralelismo entre su ascenso al poder y el de Adolf Hitler en Alemania. El mandatario consideró que tales afirmaciones afectaban su honor y reputación.
Sin embargo, Rafecas concluyó que las expresiones de Pagni se encuadran dentro del debate político y no representan una imputación concreta ni una injuria personal. “No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante”, sostuvo el magistrado, subrayando que las críticas se emitieron en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
El fallo detalla fundamentos constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa, y remite al precedente “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostiene que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica. Rafecas advirtió que perseguir penalmente opiniones periodísticas podría lesionar el debate democrático.
En igual sentido, y también en la misma jornada, el juez desestimó otra denuncia de Milei contra el periodista Ari Lijalad, quien había publicado el 4 de mayo una columna en el portal “El Destape” titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. Ambos expedientes fueron archivados por inexistencia de delito. (DIB)
El jefe de Frente Renovador, Sergio Massa, recibió hoy a los intendentes de su espacio en una reunión en la que se debatió la estrategia electoral de ese sector, y en la que se escucharon propuestas para que se presente como candidato a diputado nacional por la provincia, pero también a senador provincia por la primera sección.
Massa almorzó con los intendentes (hubo 17 de 19) en Chascomús el día después de que Cristina Kirchner y Axel Kicillof retomaran el contacto personal, interrumpido por la pelea política el año pasado, lo que abre la posibilidad de una negociación que termine con el peronismo presentando listas de unidad tanto para los comicios del 7 de septiembre como para los del 26 de octubre.
En ese contexto, fuentes del FR contaron que en el almuerzo “varios de los intendentes plantearon que Massa debe encabezar la lista de diputados nacionales por la Provincia”, pero que a la vez Javier Osuna (Las Heras) y Juan Andreotti (San Fernando) le pidieron, n nombre de otros colegas, que se postule como senador por la primera sección.
La opción es complementaria de la que tomó Cristina Kirchner, que ayer anunció que será candidata a diputada por la tercera sección. Es que esa opción “libera” el tope de la boleta de la primera sección, un territorio de perfil socioeconómico más alto que la tercera, en el que el massismo pisa fuerte. Pero también la posibilidad de competir para diputado nacional, un puesto para el que ya se candidateó Cristina, en 2017, y que este año llevaría al pitado José Luis Espert como cabeza de la lista de LLA.
Además de analizar temas de gestión, en el encuentro se repasó el plan que desarrollará en la previa a definir su juego: una visita por las 8 secciones electorales, previas al congreso del Frente Renovador que será la primera semana de julio. (DIB)
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