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El Gobierno dio por iniciado el acuerdo de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos

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El Gobierno dio por iniciado ayer el acuerdo de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos tras la publicación del tratado firmado con el fisco norteamericano, lo que le permitirá al Estado nacional contar con datos de ciudadanos argentinos con cuentas en ese país a partir de septiembre del año próximo.

La Cancillería argentina difundió este lunes el convenio rubricado con el Gobierno de los Estados Unidos en el Boletín Oficial y puso así fecha de inicio formal al acuerdo de intercambio masivo de información tributaria para que la AFIP tenga a disposición datos sobre cuentas de argentinos en el sistema bancario norteamericano.

La publicación vino acompañado con un aviso de que en los próximos días “deberá prepararse un texto en idioma español, que será considerado igualmente auténtico tras un intercambio de notas diplomáticas entre las Partes que confirme su concordancia con el texto en idioma inglés”. Según analizaron tributaristas consultados por Infobae, este aviso implicaría el inicio concreto del convenio bajo el modelo FATCA.

En concreto, la letra chica del convenio prevé que las entidades financieras de los Estados Unidos quedarán obligadas a informar los siguientes datos:

-Nombre, dirección y CUIT argentino de cualquier persona residente en Argentina y Titular de la cuenta

-El número de cuenta (o el equivalente funcional en ausencia de un número de cuenta)

-Nombre y número de identificación de la Institución Financiera de Estados Unidos sujeta a reportar

-Cantidad bruta de intereses pagados en una Cuenta de Depósito

-Monto bruto de los dividendos de origen estadounidense pagados o acreditados en la cuenta

-Cantidad bruta de otros ingresos de fuente estadounidense pagados o acreditados en la cuenta, en la medida en que estén sujetos a informes según el capítulo 3 del subtítulo A o el capítulo 61 del subtítulo F del Código de Impuestos Internos de EE.UU.

Una cuestión que generó discusión fue la de los tiempos de llegada de la información a la AFIP. El convenio estipula que “la información de este Acuerdo se intercambiará a más tardar nueve meses después del final del año calendario al que se refiere la información o el próximo 30 de septiembre después de que entre en vigor la obligación de la Parte de intercambiar información conforme al Artículo 2″. De esa manera, la primera oleada de información masiva llegaría al fisco argentino en septiembre de 2024, con fecha de corte en septiembre de este año.

Con la publicación de este lunes en el Boletín Oficial terminará así el proceso de preparación del convenio que firmaron el ministro de Economía Sergio Massa y el embajador norteamericano Marc Stanley el 5 de diciembre pasado en el Centro Cultural Kirchner.

Desde ese momento, durante el último mes del año la AFIP y su contraparte en el Tesoro de los Estados Unidos terminaron de definir la letra chica del acuerdo, que se trata de un modelo IGA 1 como el que la Casa Blanca ya firmó con otra centena de países en los últimos años, y pusieron ambas partes sobre la mesa la definición de términos técnicos para que el flujo de información hable “el mismo idioma” en ambas direcciones.

También hubo un trabajo de validación de seguridad, ya que este tipo de convenios exige estándares de máxima exigencia para evitar filtraciones de información, y también un proceso de adaptación del sistema bancario local para que puedan enviar la IRS la información de contribuyentes estadounidenses con cuentas en la plaza bancaria doméstica.

“El acuerdo incluye a los 50 Estados norteamericanos, incluidos Delaware y Dakota del Sur. Estados Unidos únicamente excluye de su definición de territorio a: Samoa Americana, Guam, las Islas Mariana del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Obligaciones de las partes de obtener e intercambiar información con respecto a cuentas declarables: cada parte se obliga a obtener la información indicada, con respecto a todas las cuentas declarables y debe intercambiarla anualmente de manera automática”, explicaron fuentes oficiales.

En el Gobierno aseguran que, antes de que comience el flujo masivo de información, la AFIP buscará datos puntuales sobre algunos de los contribuyentes argentinos en los Estados Unidos, tal como ya venía haciendo este año, en el que se contaron unos 68 casos durante 2022.

“La AFIP estableció que la información debe ser remitida por las entidades financieras hasta el 30 de junio del año siguiente al que corresponde el reporte. De esta forma, el organismo enviará la información al Internal Revenue Service (IRS) como máximo hasta el 30 de septiembre de cada año”, detalló el organismo en su resolución general publicada este viernes.

(Infobae)

 

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Familiares de víctimas de fentanilo contaminado convocan a dos movilizaciones simultáneas: “Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”

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Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado organizarán dos movilizaciones simultáneas para reclamar respuestas políticas urgentes frente a lo que definen como la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina. Las concentraciones se realizarán en espejo, una en La Plata y otra en Rosario, bajo la consigna: “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”.

“Las 124 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sortearán el próximo año. La ausencia de las autoridades sanitarias en las citaciones y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico que las familias no podemos aceptar”, se lee en el comunicado de los dolientes.

En uno de los párrafos más salientes de la convocatoria, los familiares de las víctimas fatales del medicamento de HLB Pharma adulterado expresaron que: “En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico. Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continuó su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos”.

La investigación judicial expone fallas estructurales

El juez federal Ernesto Kreplak amplió en los últimos días el perímetro de su investigación y envió una nueva tanda de historias clínicas correspondientes a pacientes que murieron luego de haber sido tratados con fentanilo.

Un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, confirmó que38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas—sobre un total de 173—corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.

Ese material ya permite determinar con mayor precisión las responsabilidades médicas, sanitarias y regulatorias.

En paralelo, declararon ante Kreplak varios ex trabajadores del Laboratorio Ramallo, la planta en la que se elabororaron las partidas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Sus testimonios describieron graves fallas en el proceso de elaboración, deficiencias en la esterilización, controles internos relajados y condiciones de trabajo que, según relataron, eran incompatibles con la manipulación de sustancias críticas como el fentanilo.

La causa ya tiene 14 imputados procesados, entre ellos directivos, responsables técnicos y figuras vinculadas a la cadena de producción y control del medicamento.

“Queremos respuestas inmediatas”

Las familias señalan que, mientras la Justicia avanza, el Poder Ejecutivo permanece inmóvil. Por eso, uno de los objetivos centrales de la movilización es exigir una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMATAgustina Bisio. Buscan saber qué medidas tomaron, qué falló en los sistemas de trazabilidad y por qué el Estado no detectó a tiempo el desastre sanitario. “Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explican los organizadores.

Hasta el momento, el escándalo se cobró el cargo de una funcionario, la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)Gabriela Carmen Mantecón Fumadó después que este medio revelara las demoras del INAME, organismo que depende de la ANMAT para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La documentación oficial llevaría a concluir que si la autoridad regulatoria hubiese actuado de forma más efectiva y menos displicente ante las “irregularidades críticas” detectadas en los laboratorios de Ariel García Furfaro, se podría haber evitado que el 18 de diciembre de 2024 Laboratorios Ramallo, elaborador exclusico de HLB Pharma, fabricara el Lote 31202 del fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias y asociado a la muerte de más de casi.

Los familiares motor del reclamo

Sin organizaciones políticas detrás y sin un aparato de contención estatal, los familiares quedaron al frente del reclamo público.

Muchos de ellos llevan meses recorriendo despachos oficiales, acompañando las presentaciones judiciales y reuniéndose con especialistas para comprender la magnitud del esquema que permitió que dos partidas contaminadas con bacterias peligrosas circularan por hospitales públicos y privados.

En su convocatoria, agradecen expresamente el rol de los medios de comunicación, a los que consideran fundamentales para que la tragedia no quede sepultada en el silencio burocrático. “Los medios son un actor indispensable en esta lucha colectiva por la verdad y la justicia”, señalan.

Una causa abierta que interroga al Estado

El expediente del fentanilo adulterado ya no sólo investiga un error técnico o un proceso farmacéutico defectuoso: apunta también a un sistema de control sanitario debilitado, un circuito de habilitaciones que funciona de manera deficitaria y un Estado que —según entienden las familias— no actuó ni antes, ni durante, ni después de la tragedia. “Las 173 muertes no pueden encerrarse en un expediente. Necesitamos respuestas políticas, decisiones concretas y responsables que den la cara”, sostienen en la convocatoria para el 16 de diciembre.

Los objetivos principales de la movilización son:

– Exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el Ministro de Salud Mario Lugones y la titular de la ANMAT Agustina Bisio

– Revindicar el avance judicial y la decisión de incluso trabajar en feria judicial.

– Seguir dando visibilidad la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

Las movilizaciones buscarán precisamente eso: romper el silencio oficial, mantener viva la memoria de cada víctima y reclamar que el Estado, por una vez, esté a la altura de la tragedia que se investiga.

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El peronismo endurece su postura contra la reforma laboral de Milei y busca apoyo en el Congreso

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De a poco, pero a paso firme, se va hilando una postura de resistencia y mirada crítica del peronismo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En la última semana, hubo una serie de reuniones entre el sector legislativo de la fuerza política y la pata sindical. Empezó a construirse una postura mancomunada para evitar fisuras en el posicionamiento público y en el Congreso.

Hasta el momento hay una postura uniforme. Los senadores y diputados de Fuerza Patria coinciden con la CGT, la CTA, ATE y los movimientos sociales en rechazar los principales apartados del proyecto oficialista, que ingresó este jueves por la mañana al Senado y que empezó a unir a un espacio político que está plagado de grietas y de internas.

El pico de mayor dureza tuvo como protagonista a la nueva CGT, que lideran Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes ayer por la tarde convocaron a una marcha para el jueves 18 de diciembre a la Plaza de Mayo, con el objetivo de hacer una muestra de fuerza callejera y materializar el rechazo al proyecto.

Sola fue el encargado de convocar a la movilización y avisar que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, que fue el representante sindical en el Consejo de Mayo, había dejado en claro en los encuentros que hubo con distintos sectores del gobierno nacional y de la oposición, que la central obrera estaba en desacuerdo con el proyecto y con las referencias de la Casa Rosada al sindicalismo.

“Muchos de los puntos son claramente inconstitucionales. Van en contra de los principios protectores de los derechos del trabajo. Va a significar una pelea judicial”, sostuvo el secretario general, que también conduce el sindicato del Seguro, al tiempo que adelantó que el triunvirato se va a comunicar con las delegaciones provinciales para que tengan reuniones con los gobernadores y los legisladores de su distrito. Quieren una postura unificada y dura en todo el país.

El posicionamiento duro de la central obrera diluyó muchos temores que había en un sector del sindicalismo respecto a la postura que iba a tener el nuevo triunvirato con el gobierno nacional. Desconfiaban de la decisión de ser confrontativos en una instancia donde sabían que la reforma laboral iba a ocupar el centro de la agenda política.

El miércoles la CGT se reunió con el bloque de senadores justicialistas y los diputados sindicalistas que están encima de los distintos temas vinculados a las modificaciones laborales. En ese encuentro hubo una convergencia de posturas y un pedido de los referentes sindicales para que los legisladores rechacen el proyecto.

“Nuestro bloque no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones. Acordamos trabajar juntos en unidad, seguir sumando voluntades para ampliar el espectro opositor a esta reforma regresiva, que busca abaratar el trabajo, tener mano de obra esclava y facilitar los despidos más que facilitar las contrataciones”, sostuvo el senador porteño Mariano Recalde.

La ronda de reuniones siguió este jueves y el resultado fue similar. Ayer hubo un encuentro entre los mismos legisladores y los principales representantes de la CTA y ATE. Ambos sectores coincidieron en remarcar que la reforma impulsada por el oficialismo es “un evidente ataque al sistema laboral argentino” y resaltaron que el proyecto “está muy lejos del pretendido objetivo de promover un incremento del empleo registrado”.

Uno de los mensajes más duros fue el del titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien les habló directo a los gobernadores de todos los partidos políticos, incluso a los del PJ. Les aseguró que si apoyan la reforma laboral y el Presupuesto 2026 se terminarán “tirando un tiro en el pie”. Además, sostuvo que la reforma impositiva significará la percepción de “menos impuestos y ello redundará en menos recursos para las provincias”.

A la CGT aún le falta reunirse con los gobernadores peronistas para comprometer su apoyo y escuchar sus posturas. Axel Kicillof ya se ha expresado en términos muy duros respecto a la iniciativa libertaria. “Todo este paquete de leyes huele a naftalina. Esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, indicó. El Gobernador podría sumarse a la manifestación la semana que viene.

Una de las principales misiones que tiene la fuerza política es salir del lugar de resistencia absoluta y transformar esa postura dura en una actitud más propositiva. Debe dejar de ser un espacio político que solo reacciona a los movimientos oficialistas. Así lo entienden varios dirigentes del peronismo, que advierten la necesidad de actualizar la postura del PJ respecto a las discusiones políticas.

En esa línea de trabajo están los bloques legislativos, que trabajan en una propuesta de modernización en la legislación laboral. Ayer al mediodía hubo una reunión del bloque de diputados peronista en la que Germán Martínez y las principales autoridades del bloque escucharon distintas posturas para trabajar en la unificación de proyecto propio.

La UTEP, que nuclea a diferentes movimientos sociales, trabaja en paralelo sobre la confección de un estatuto del trabajador de la economía popular. Su secretario general, Alejandro “Peluca” Gramajo, dijo, un puñado de días atrás, que “se debe que construir una nueva regulación del trabajo para 12 millones de personas de la economía popular”.

El peronismo se está endureciendo cada vez más de cara al tratamiento del proyecto que impulsa cambios en la legislación laboral. Están dispuestos a dar una batalla dura en la calle y en el Congreso. La propuesta de Milei los está volviendo a unir en la práctica. Una señal de pragmatismo frente a un debate político y social que atravesará a los empresarios, los trabajadores, los políticos y los comunicadores.

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El Gobierno impulsará una agenda legislativa clave: los roles en la negociación y la contención judicial

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Finalizado el proceso de redacción de los proyectos que fueron enviados al Congreso Nacional en las últimas horas, el Gobierno despliega la estrategia que le permita aprobar las reformas de segunda generación y anotarse así los primeros triunfos legislativos rumbo al 2027. Para eso, la Casa Rosada pone en marcha la táctica que adoptará y los roles que interpretarán los principales funcionarios involucrados para el inicio del tratamiento que iniciará la próxima semana en ambas cámaras en el marco del período de sesiones extraordinarias que va del 10 al 31 de diciembre con la posibilidad de extenderse hasta febrero.

Bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al frente de la mesa chica que suele reunirse semanalmente con la presencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, los interlocutores afinan y centralizan la línea política que bajarán al bloque y que instrumentarán ante los aliados. Según confirmó una importante fuente a Infobae, el equipo a cargo es amplio y varía en su composición en base a la especificidad del temario. “Hay una mesa en la que se van sentando los actores relevantes de acuerdo al proyecto. Todos entran y salen en función de sus tareas”, explicó un funcionario ante este medio.

Con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la flamante senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich como espadas legislativas, el objetivo es que cada cual encarne el debate del proyecto en base a la cámara por la cual ingresan para optimizar los tiempos. “Patricia y Martín son elenco estable siempre porque encarnan la representación de ambas cámaras. Algo similar ocurre con Adorni, pero como articulador con el Ejecutivo”, confesaron además.

De esta forma, la ex ministra de Seguridad protagonizará las conversaciones con los bloques aliados por la Reforma Laboral, pese a la resistencia de la oposición que rechaza que la Cámara alta sea la de origen dado que incluye reformas en cargas y contribuciones. De espaldas a los cuestionamientos, la idea de la libertaria es darle un tratamiento exprés la próxima semana e incluso se apunta para la titularidad de la comisión de Trabajo que dará inicio al debate. A posterior replicará el accionar en defensa de las modificaciones en el Código Penal que instrumentó el equipo de legales.

Por su parte, el riojano hará lo propio en Diputados secundado por el jefe de bloque violeta, Gabriel Bornoroni, y por el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem en las sombras, con el Presupuesto 2026, que contempla el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal y la Ley de Glaciares. Como tercera vía, en articulación con el Poder Ejecutivo, sumará a la articulación el flamante secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que trabajará bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Hay cosas que empiezan por el Senado y otras por Diputados. Vamos a intentar consolidar en cada cámara los proyectos para que no tengan ida y vuelta de nuevo”, precisó a este medio un integrante del círculo rojo del presidente Javier Milei.

Entre la nómina de los funcionarios destinados a la tarea figuran además los ministros Diego Santilli (Interior), comprometido con Adorni en la conversación con los gobernadores; Luis Caputo (Economía); y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), quienes asisten a los intercambios convocados por la menor de los Milei en caso de ser necesario. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, también integra ocasionalmente las reuniones al cuidado de los aspectos legales de cada proyecto.

Bajo el mandato presidencial y en las vísperas de una semana clave, la menor de los Milei convocó al plantel a una nueva reunión ampliada este viernes a las 13 en Casa Rosada para aceitar la coordinación que le permita para cumplir con las voluntades del libertario la próxima semana. Se darán cita en un encuentro preparatorio Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Martín y Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli y María Ibarzabal Murphy con la idea de terminar de definir algunos puntos del temario político para dar lugar a la articulación legislativa.

Será la segunda reunión de la semana, la primera con la redacción reforma laboral terminada y enviada al CongresoEl pasado martes, en el despacho del ministro coordinador, los funcionarios se dieron cita sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, quien se encontraba en Oslo junto al mandatario.

La instrucción del mandatario es clara y quedó manifiesta en el mensaje con el que acompañó el documento de la “modernización laboral” con la rúbrica de Sturzenegger, Adorni, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello y Caputo: ”Tienen en sus manos la oportunidad de terminar con 100 años de decadencia y volver a poner a la Argentina en el sendero del progreso”.

La estrategia legal para blindar el proyecto

El articulado de la reforma laboral abrió un escenario de tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT), que se opuso a varios de los puntos que debilitan el poder sindical y convocó a una medida de fuerza de protesta para el próximo jueves 28 de diciembre luego de haberse reunido con el bloque kirchnerista en el Senado.

En Balcarce 50 preveían la posibilidad de que algunos sindicatos judicializaran varias de las propuestas contempladas y se prepararon para hacer frente a la situación. Las alarmas se encendieron cuando el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en el marco del Consejo de Mayo anticipó que los gremios no se iban a quedar “de brazos cruzados”.

Las advertencias fueron debidamente receptadas. “La estrategia es litigar lo que venga y vamos a ganar”, respondió un funcionario al corriente del despliegue judicial que adoptará la administración libertaria, y argumentó: “Las reformas, en especial la Laboral, están perfectamente analizadas. La vida cambió. La Argentina también”.

Producto de la puja del ala más dialoguista del Gobierno integrada por Santiago Caputo y los primos Menem, la reforma enviada no incluye las restricciones para las cuotas solidarias, como pretendía Sturzenegger con respaldo de Bullrich lo que evitó una escalada de conflicto mayor con la central. Sin embargo, en Balcarce 50 se muestran reticentes a ceder en otras observaciones y atribuyen la reacción de la central a movimientos esperables. “Es lo que tienen que hacer”, aceptan por lo bajo.

Algo similar a lo que ocurrió con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 creen que pueda ocurrir con la Reforma del Código Penal por lo que trabajan en mantener el espíritu de las redacciones de los equipos libertarios sin romper vínculos con ningún sector.

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