Este martes, se promulgó la Ley 15.407 de la Provincia de Buenos Aires, la cual permite a los gobiernos locales defender los derechos de usuarios y consumidores en su territorio. De esta manera los municipios ya pueden controlar el correcto funcionamiento de la Ley de Alimentación Saludable así como los acuerdos de precios nacionales y provinciales.
La iniciativa de autoría de Francisco ‘Paco’ Durañona le da potestad a los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires de controlar el cumplimiento de los acuerdos establecidos de precios y la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores, modificando la Ley 13.133, garantizando el acceso pleno de la población a los productos en las góndolas con precios justos y alimentos saludables, enmarcadas en la Ley nacional N° 27.642 de alimentación saludable.
“Es necesario el fortalecimiento de los gobiernos locales, que son el ámbito más próximo a la ciudadanía, quienes mejor conocen las realidades de cada territorio y por ello tienen un papel central en el desarrollo armónico, económico y social, de nuestro país y nuestra provincia”, expresó Durañona.
En este sentido cabe destacar que el objetivo es fortalecer las autoridades de aplicación locales y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) para garantizar el acceso a alimentos sanos a precios justos en los 135 municipios de la Provincia.
Asimismo el ex intendente de San Antonio de Areco resaltó que la concentración afecta a los precios y la calidad de los alimentos y que “para revertirlo hay que fortalecer los comercios de cercanía y darle un rol protagónico a los gobiernos locales para que puedan garantizar los derechos de las y los vecinos”.
Esta Ley fue trabajaba en comisión en conjunto con la Ley 15.410, también promulgada, de la senadora Gabriela Demaría que actualiza las multas para quienes no cumplan con los derechos de las y los consumidores. “El tope pasará de 500 mil a 309 millones de pesos, con una fórmula móvil de actualización automática, que evitará su depreciación en el futuro”, informó su autora.
Además la Ley incorpora la figura de personas consumidoras hipervulnerables como “niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad, protegiendo los derechos de los colectivos más desfavorecidos en las relaciones de consumo”.
En relación a la vigencia de éstas dos leyes relevantes para las o los bonaerenses, Durañona explicitó: “Las acciones que tomemos en este sentido serán realmente efectivas en la medida en la que lleguen a los lugares donde la gente vive y así mejoren su calidad de vida, con reglas claras y políticas públicas que equilibren las asimetrías velando por la salud de la población”.
Finalmente, Demaría aseguró que “es un deber del Estado auxiliar a los colectivos sociales más desfavorecidos, implementando políticas que atiendan a sus circunstancias y necesidades particulares”.
(InfomiBA)
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