El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió en el Senado de la Nación el proyecto que se propone imponer penas a quienes denuncian falsamente, entre ellas, las vinculadas a la violencia de género: “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente”.

Fue en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), donde se trató la iniciativa que aspira a modificar el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor, imponiendo penas a quien “denunciare falsamente un delito” ante la autoridad.

En su alocución, Cúneo Libarona aseguró que “una denuncia de género falsa destruye una persona” y continuó: “Se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de ‘hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar’. Y eso no es siempre así”.

Para el titular de la cartera, “gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles”.

“Este abuso de la mentira, que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias de casos de género, que se ha suicidado; destrucción de la familia; impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia; de prestigio familiar, social; pérdida laboral… Entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales”, añadió el reconocido abogado.

Una investigación judicial en desarrollo pone en la mira a figuras clave de la política bonaerense y al sistema de gestión de multas de tránsito y concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. El caso, que mezcla acusaciones de fraude, malversación y corrupción, involucra a funcionarios, empresarios y sistemas públicos, generando un fuerte impacto político.

Jorge D’Onofrio: El ministro massista bajo sospecha

El principal señalado en este caso es Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y figura cercana al ex candidato a presidente, Sergio Massa. D’Onofrio enfrenta acusaciones de haber permitido un sistema paralelo de gestores que eliminaban infracciones de tránsito. Según las denuncias, los gestores ofrecían a infractores la posibilidad de borrar sus multas por un porcentaje del monto adeudado, generando pérdidas millonarias para el sistema oficial.

D’Onofrio niega categóricamente las acusaciones y asegura que el sistema informático no permite borrar infracciones. “Al fiscal le dimos acceso remoto al sistema. Puede ver online todo lo que se hace y se hizo. Esperamos el peritaje informático para demostrar que esta denuncia es falsa”, declaró el ministro.

Claudia Pombo: La conexión en Pilar

Otro nombre central en la causa es el de Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y cercana a D’Onofrio. Según fuentes judiciales, Pombo era quien coordinaba a los gestores implicados en el esquema. Las acusaciones incluyen la creación de una red que captaba infractores y se quedaba con un porcentaje del dinero recaudado.

Pombo ya había enfrentado condenas judiciales por peculado en el pasado, tras ser acusada de sustraer fondos públicos mientras dirigía el Registro de la Propiedad Automotor Nº 2 de San Miguel. Su reincidencia en escándalos de corrupción ha despertado duras críticas desde la oposición.

Secutrans: La empresa afectada

La denuncia inicial en esta causa proviene de Secutrans, una compañía que provee tecnología para las fotomultas. Según la empresa, las prácticas fraudulentas habrían generado una caída en su recaudación de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales. Este dato evidencia la magnitud del presunto desfalco y el impacto sobre las finanzas públicas.

Mario Quattrochi: El juez de faltas en la mira

El juez de faltas Mario Quattrochi también está acusado de participar en el esquema. Según las investigaciones, habría facilitado el borrado de multas a cambio de dinero. Quattrochi enfrenta cargos por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según lo señalado por la fiscalía a cargo de Álvaro Garganta, en los tribunales de La Plata.

Sebastián Desio: El empresario de la VTV

El caso no se limita a las multas de tránsito. También se investigan irregularidades en las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sebastián Desio, empresario ligado políticamente a D’Onofrio, es señalado por obtener contratos con concesionarias de VTV para proveer servicios tecnológicos. Estos contratos incluían un cobro del 8,5% más IVA sobre las tarifas de cada inspección.

La sospecha radica en que, tras estos acuerdos, las concesionarias beneficiadas eran oficializadas mediante resoluciones del ministerio de Transporte. La trama de la VTV ha derivado en una causa paralela en el Juzgado Federal de Campana, donde se investigan posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Impacto político

Las denuncias han generado fuertes repercusiones políticas. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, exigió la renuncia de Jorge D’Onofrio y recordó los antecedentes judiciales de Claudia Pombo. “En Pilar ya se había advertido sobre esta persona, que cuenta con antecedentes de malversación de fondos”, escribió Carrió en sus redes sociales.

Por su parte, D’Onofrio ha insistido en su inocencia y espera que el peritaje informático deseche las acusaciones. “Es una operación política”, aseguran desde el entorno del ministro, mientras el gobierno provincial lo respalda públicamente.

El expediente principal se tramita en la fiscalía de Álvaro Garganta, que investiga el esquema de las multas. Sin embargo, las denuncias por la VTV han sido remitidas al Juzgado Federal de Campana, donde los denunciantes han señalado inversiones sospechosas en España, supuestamente vinculadas a Pombo y Quattrochi.

La investigación enfrenta obstáculos. En el caso de la VTV, el juez Adrián González Charbay se declaró incompetente, y el expediente fue devuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, los fiscales analizan si las conductas denunciadas constituyen lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.

Fuente: Noticias Argentinas.

El ex presidente Alberto Fernández ingresó a la secretaria del juzgado federal 11 de los tribunales federales de Retiro, donde se cumplirá el trámite del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.

Fernández se presenta por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia.

A los acusados se les imputa por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”.

Fuente: Noticias Argentinas.