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Alivio fiscal para 617.707 empresas de la provincia de Buenos Aires

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El Ministerio de Economía de la Nación, que encabeza Sergio Massa, a través de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, actualizó los montos máximos de facturación que determinan las nuevas categorías PyME para garantizar que las micro, pequeñas o medianas empresas sigan gozando de los beneficios que otorga el certificado.

Esta medida, que entra en vigencia desde hoy, beneficia a cerca de 1,8 millones de empresas y contribuyentes. En comparación con diciembre de 2019, hay un 234% más de MiPyMEs que tienen estos beneficios de alivio fiscal.

Puntualmente, la actualización de los montos máximos de facturación representa un beneficio para 617.707 empresas de la provincia de Buenos Aires.

A través de la Disposición 88/2023 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se actualizaron los montos máximos de facturación en todos los tramos tomando como referencia el Índice de Precios Implícitos (IPI) del Producto Interno Bruto elaborado por INDEC, sectorialmente diferenciado. En ese sentido los sectores se actualizaron en un rango que va del 82,5% al 129,7%.

“Hoy tenemos más del triple de empresas registradas como MiPyMEs que hace tres años y medio gracias a una política pública que busca promover la formalidad y a partir de la cual el Estado acompaña a las pymes con alivio fiscal”, resaltó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Adicionalmente, se realizaron aclaraciones con respecto a las condiciones de acceso al Registro MiPyME, se estableció el procedimiento de inscripción de las Formas Asociativas integradas únicamente por MiPyMEs y los Fideicomisos y se digitalizaron trámites para agilizar los plazos de inscripción.

Actualmente, cuentan con el certificado vigente 1.773.892 sociedades, autónomos, cooperativas y monotributistas, tanto empleadores como no empleadores. Este número implica un crecimiento del 234% en la cantidad de contribuyentes registrados con respecto al 10 de diciembre de 2019.

La tenencia de este certificado activo les permite a las MiPyMEs acceder al programa de financiamiento CreAr, beneficios previsionales, aduaneros y fiscales, asistencia técnica y la inclusión en diversas herramientas impulsadas por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, como los programas Potencia PyMEX y Producir con Equidad, el Sello de Buen Diseño Argentino y el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), así como a instrumentos y políticas llevadas adelante por otros organismos del Estado.

A su vez, el Registro MiPyME le permite al Estado Nacional y a las provincias tener información precisa sobre el universo pyme del país con el fin de mejorar las políticas públicas. En la actualidad, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo mantiene convenios de intercambio de información con los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Río Negro y Neuquén.

De las 1.773.892 empresas que actualmente cuentan con el certificado vigente que expide la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, la mitad corresponde al sector de servicios (50%), casi un cuarto del total pertenece al sector del comercio (24,1%) y el porcentaje restante se divide entre los siguientes sectores: industria (12,9%), agropecuario (8,6%), construcción (4,3%) y minería (0,1%). Por su parte, la distribución según el tamaño indica que su gran mayoría (95,9%) pertenece al tramo micro, 3,4% al tramo pequeñas, 0,7% al grupo medianas Tramo 1 y 0,03% al segmento medianas tramo 2.

La inscripción en este registro es 100% digital y se realiza mediante la página web de AFIP con CUIT y clave fiscal. La categorización se realiza según la actividad principal de la empresa aplicando el tope de ventas (se realiza un promedio de las ventas en el mercado local más el 25% de las exportaciones de los tres últimos períodos fiscales cerrados), el tope de empleo y/o el tope de activo (para aquellas empresas cuya actividad principal sea financiera o inmobiliaria).

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Luis Caputo tendrá que revelar los detalles del acuerdo con el FMI

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El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

El gobierno nacional intentó ocultar información

Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.

“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.

La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina

El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.

La obligación del ministerio

De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.

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La oposición quiere a Karina Milei en el banquillo de los acusados del Congreso: buscarán su interpelación

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La oposición en la Cámara de Diputados iniciará este martes una ofensiva coordinada para lograr la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por su mención en los audios que desataron el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según supo Noticias Argentinas, la estrategia opositora se activará en las comisiones de Salud y Discapacidad, ambas presididas por Unión por la Patria, donde se tratarán los distintos pedidos de citación. Sin embargo, el camino de los proyectos está bloqueado, ya que la comisión cabecera es la de Asuntos Constitucionales, controlada por el libertario Nicolás Mayoraz.

Ante este panorama, la oposición planea recurrir a una herramienta que ya le dio resultados: buscar una votación en el pleno de la Cámara para “emplazar a la comisión” y forzarla a tratar los expedientes, tal como ocurrió en abril con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Este martes, la Comisión de Salud, conducida por Pablo Yedlin, analizará los proyectos de los diputados Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT) que reclaman la presencia de la hermana del Presidente. Más tarde, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, hará lo propio con una iniciativa del socialista Esteban Paulón.

Pese al impulso, el antecedente del caso $LIBRA es agridulce para la oposición. Si bien lograron forzar el tratamiento, en aquella oportunidad la falta de consenso dejó afuera a Karina Milei de la citación y al recinto solo terminó asistiendo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, demostrando la dificultad que enfrentarán para sentar a la funcionaria en el Congreso.

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Elecciones bonaerenses: qué arriesga cada fuerza en la Legislatura en una votación clave para el peronismo

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A una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el escenario político se prepara para una contienda que redefinirá el equilibrio de poder en el distrito más grande del país. El próximo domingo 7 de septiembre se renueva la mitad de la Legislatura, y el peronismo, bajo el sello de Unión por la Patria, es la fuerza que más escaños pone en juego.

Según supo Noticias Argentinas, en base a un análisis del sitio de verificación Chequeado, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales en las ocho secciones electorales. La elección se presenta como una prueba de fuego para la oposición y una oportunidad de crecimiento para el oficialismo nacional.

En la Cámara de Diputados, que cuenta con 92 miembros, Unión por la Patria arriesga 19 de sus 37 bancas, siendo el bloque con la parada más difícil. Le siguen el PRO, que pone en juego 8 de sus 13 escaños, y La Libertad Avanza, que arriesga 5 de sus 12 diputados actuales.

En el Senado provincial, de 46 bancas totales, el panorama es similar. Unión por la Patria también es el que más arriesga, con 10 de sus 21 senadores finalizando mandato. En una situación crítica se encuentra la UCR junto a Cambio Federal, que debe revalidar casi todo su bloque (5 de 6 bancas). En contraste, La Libertad Avanza se encuentra en una posición cómoda al arriesgar solo 1 de sus 4 escaños.

De esta manera, los resultados del próximo domingo no solo medirán la fuerza territorial de cada espacio, sino que también configurarán la capacidad de negociación y gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires para los próximos dos años.

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