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El Gobierno busca alternativas para suspender la Ley de Alquileres vigente

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Desde el ministerio de Economía ya tomaron la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020. El tema fue conversado esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, quien analiza las alternativas posibles para poner un punto final a la ley que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.

En el momento de su discusión, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

Ante la incertidumbre de los propietarios, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.

Finalmente, en noviembre de 2021, Sergio Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, el 1º de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Alberto Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Incluso se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Pero nada de eso avanzó.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictámen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.

Para la oposición, esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.

Si este año se decide que el tema vuelva a ser tratado por el Congreso, no debería volver a pasar por comisión, ya que según explicaron fuentes legislativas el dictamen de comisión se sostiene porque la conformación actual de la Cámara baja es la misma del año pasado. En ese caso, si la modificación de la ley se incluye en el temario se va a tratar el dictamen del oficialismo en primer lugar.

El año pasado, la oposición no contaba con los 129 necesarios para garantizar que no se apruebe el proyecto oficialista del año pasado, al que consideraban incluso peor que la actual ley.

De acuerdo a un relevamiento realizado en base a los avisos del portal inmobiliario, Zonaprop, los precios de alquiler -para los contratos nuevos- aumentaron un 8,3% en el mes de marzo. En un contexto de alta inflación, el incremento de precios en el mercado se acelera: en el último trimestre de 2022 el aumento fue del 17,3% y el primer trimestre de este año alcanzó 25,7% de incremento. En los últimos 12 meses el precio subió un 118,6 por ciento.

El valor de alquiler de un monoambiente en CABA hoy ronda en promedio -de acuerdo a los avisos publicados- los $96.578 por mes, un departamento de dos ambientes alcanza los $116.822 por mes y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $156.078 por mes.

(Infobae)

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Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron en La Plata a 48 horas del cierre de alianzas

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El gobernador Axel Kicillof, el excandidato a presidente, Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner, se reunieron este lunes en la Gobernación bonaerense para avanzar en una agenda de trabajo común, de cara al cierre de listas de los comicios legislativos y con intención de aunar fuerzas en un frente que pueda resultar competitivo en las urnas.

La reunión se dio a 48 horas de que los espacios políticos tengan que presentar las alianzas con las que van a competir en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre.

Las tres figuras del peronismo bonaerense mantuvieron un encuentro en la Casa de Gobierno donde conversaron sobre los lineamientos de la unidad como estrategia electoral y barajaron alternativas para las candidaturas en las distintas secciones electorales.

Según pudo saber Diarios Bonaerenses, Kicillof, Kirchner y Massa “avanzaron en una agenda común, con unidad, en torno a los principales problemas que afectan a los argentinos”.

Entre otros temas, ahondaron en la crisis de empleo que se profundiza, con preocupación por los despidos y el cierre de fábricas y PyMEs.

De igual modo, analizaron el escenario económico actual, desde los siguientes ejes: caída del consumo; crisis energética; y caída de la recaudación y falta de respuesta del Gobierno nacional a las necesidades de las provincias.

En consonancia con las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei, debatieron los alcances concretos que supone la disolución de Vialidad Nacional, que repercutirá en la continuidad de obras públicas abandonadas y en el mantenimiento de las rutas. (DIB) ACR

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La Junta Electoral aprobó el diseño de las boletas: color y con foto de los candidatos

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La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires definió este lunes las condiciones que deberán cumplir las boletas partidarias en las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo 7 de septiembre, y como dato llamativo es que las boletas deberán ser a color, y no blanco y negro.

A través de una resolución técnica, el organismo estableció las dimensiones, colores, tipografía y disposiciones generales que deberán respetar todas las agrupaciones políticas que participen de los comicios. También la Justicia admitió que se imprima la cara de los principales candidatos.

El texto determina, entre otras cosas, el orden obligatorio de las categorías de cargos en las boletas: en primer lugar deberán figurar Gobernador y Vicegobernador (cuando corresponda), luego Senadores o Diputados provinciales según la sección electoral, Intendente, Concejales y Consejeros Escolares.

En el caso de la elección del 7 de septiembre, sólo se utilizarán dos tramos: el de senadores o diputados para cada sección electoral, y el de concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 distritos.

Por su parte, se informó que el papel de las boletas será “tipo obra”, con un peso de sesenta (60) gramos o “un papel sustituto de similar calidad, aspecto y gramaje que no difiera, en más o en menos, del quince por ciento (15%) procurando que el papel no sea transparente”. También serán en idioma nacional, el anverso tendrá el fondo pintado del “color asignado a la asociación política” y el reverso será de color blanco.

La resolución también fija plazos clave para los partidos. Cincuenta días antes de la elección vencerá el plazo para reservar el color de boleta, privilegiando el orden de solicitud y el uso histórico. Por otro lado, treinta días antes de los comicios cada agrupación deberá presentar su modelo definitivo de boleta, que será sometido a control y aprobación por parte de la Junta Electoral. (DIB)

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El fiscal general avaló la prisión domiciliaria para Cristina, pero que sea en otro lugar

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El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Mario Villar retiró este lunes el pedido para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. Lo hizo a través de un escrito que presentó en el tribunal antes de una audiencia oral en el que las partes expusieron sus argumentos para debatir esta y otras condiciones de detención, como la tobillera electrónica.

A diferencia de lo que habían pedido sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, Villar sostuvo que la expresidenta puede permanecer con la morigeración de la pena, pero requirió cambio de domicilio. Con esta nueva postura, la Cámara de Casación ya no tendrá la posibilidad de analizar la detención en una cárcel y así Cristina se asegura su continuidad en prisión domiciliaria.

En su apelación, Luciani y Mola habían insistido con el pedido de traslado de la exmandataria a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal para cumplir la pena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Uno de sus argumentos centrales es que no estaban dadas las condiciones humanitarias para otorgar la morigeración de la pena a la ex presidenta.

Sin embargo, ante la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Villar no pidió que Cristina cumpla la condena del caso Vialidad en una cárcel común. Y explicó que “por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.

Y si bien no presentó oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria “siempre que la condenada se mantenga a derecho”, el fiscal general propuso un cambio de domicilio; es decir que siga sus días de detención fuera del departamento de San José 1111.

En ese sentido, hizo referencia a los movimientos de militantes y seguidores fuera de la vivienda que alteran la tranquilidad de los vecinos del barrio. Además, hizo hincapié en que las salidas al balcón representan un riesgo para la seguridad de CFK y por eso sería una solución correcta trasladar el domicilio de cumplimiento de la condena.

Ante tales circunstancias, Villar entiende que es necesario un cambio de domicilio para que Cristina continúe gozando del beneficio del arresto domiciliario. Si los jueces coincidieran con él, será el abogado Carlos Beraldi quien deberá proponer nuevos inmuebles al juez Jorge Gorini que ejecuta la pena.

Finalmente, Villar planteó que la expresidenta debe seguir portando la tobillera electrónica en oposición a los pedidos de la defensa, al menos hasta que surjan informes que la dispensen. (DIB)

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