Se dio en el marco de la comisión de Economías y Desarrollo Regional, que preside el diputado nacional Ramiro Fernández Patri (FdT). En la reunión participó como invitada la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, que funciona dentro de la estructura la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional.
Al dar la bienvenida a la jornada, Fernández Patri señaló que “estamos avanzado en un proyecto de ley que genere posibilidades para revertir las asimetrías que tiene la Argentina, mediante la producción orgánica, que contribuye a empleos de inclusión”. En esa línea, detalló: “La norma propone un fondo que brinde financiamiento para asistencia técnica a la producción orgánica”.
Pablo Morón, director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, resaltó que “la producción orgánica está diseminada y es sumamente federal, tiene un potencial enorme, el cual se visibilizó aún más a partir de la pandemia y viene creciendo año tras año”. “Este instrumento de políticas públicas va a traccionar mucho más a la producción orgánica”, puntualizó.
Luego, Rocío Leiva, directora provincial de Certificación, Comercialización y Agricultura Sostenible de la provincia de Catamarca, consideró “fundamental y necesario el proyecto de ley para continuar con el apoyo a los productores y contribuir al crecimiento económico de la provincia, que apunta al fortalecimiento del sector promoviendo el consumo interno, trabajando y educando a los consumidores”.
El productor de vid y elaborador de vino orgánico, Oscar Andreatta, desde la misma provincia, afirmó que “es una herramienta para potenciar y que nos ayude a producir más, mejor y con mayor valor agregado”.
En representación de la mesa regional de la Patagonia Norte, el ingeniero agrónomo Pablo de Azevedo, subsecretario de Fruticultura de Río Negro, se manifestó a favor del proyecto con beneficios impositivos al ponderar “la promoción del mercado interno, principalmente para que se diversifique la producción orgánica, que hará que los productores no salgan de la producción orgánica”.
Sebastián Garrido, director de Productores Argentinos Integrados S.A, una ley como nos puede beneficiar no solamente al productor o al comercializador, sino que está beneficiando a la comunidad entera. La técnica Griselda Capli, del área de Producción Orgánica del ministerio de Agro y Producción de la provincia de Misiones, sostuvo que “con los fundamentos que tiene la ley vamos a seguir trabajando e impulsando la actividad”.
El ingeniero agrónomo Pablo Chipulina, coordinador Apícola del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia de Chaco, sostuvo que “creemos fundamental la aprobación de esta ley para garantizar la sostenibilidad de los procesos de producción orgánica, para generar los ambientes en los cuales se debe generar las producciones orgánicas o conservarlos”.
En tanto, María Rosa Barbarán, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica de Santiago del Estero, celebró que “una herramienta como esta ley permitiría beneficios de rentabilidad fiscal”. El maestro mayor de obras Darío Ortiz, presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, expresó que “venimos a empujar para que salga esta ley, ya que aparte de ser rentable para el productor tiene que haber cuidado del medio ambiente, que es una de las bases de la producción orgánica”.
Por último, el ingeniero agrónomo Gabriel Berardinelli, presidente de la Cámara Argentina de Certificadoras (CACER), remarcó que “la iniciativa busca seguir un proceso de construcción de la argentina orgánica”. En ese sentido, les solicitó a los legisladores que apoyen la ley para “seguir fortaleciendo el sector orgánico”.
La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.
Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.
Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.
La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.
La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.
Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.
Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.
“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios con aumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.
“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.
Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.
Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.
Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.
Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)
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