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Milei afirmó que si el Congreso rechaza el DNU, llamaría a una consulta popular

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El presidente Javier Milei afirmó que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza el DNU de desregulación de la economía y apuntó contra los legisladores que “buscan coimas” a cambio de votos, al destacar que el decreto “apunta contra los corruptos” que quieren “agarrar un negocio negociando alguna ley”.

En ese sentido, pidió que quienes no quieren su aprobación expliquen “por qué el Congreso se opone a algo que beneficia a la gente” y criticó a quienes se manifiestan en contra de sus medidas porque “no pueden aceptar que perdieron” y que la “población eligió otra cosa”.

“Si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular”, manifestó Milei a la señal de cable La Nación+ y exhortó al Congreso a que explique por qué se “opone a algo que beneficia a la gente” y advirtió que “no tienen conciencia de la gravedad de la situación”.

El Presidente, quien por primera vez da una entrevista desde Casa Rosada luego de una tanda de reportajes realizados en el Hotel Libertador donde estuvo residiendo hasta hace poco, destacó que con el decreto los legisladores “no pueden morder” y que es eso “lo que más le molesta” porque “buscan coimas” a partir de sus votaciones en el Congreso.

“Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley”, insistió.

Las protestas

Sobre ese punto, retó a que los opositores a su gestión “intenten” desestabilizar su administración para ver “si la gente los deja”, aunque aclaró que mientras las manifestaciones sean “dentro de la ley, no hay ningún problema” pero que “cuando violen la ley, el que las hace las paga”.

Elogió entonces que por medio del protocolo anti piquetes “podés quejarte todo lo que quieras” si se respetan las leyes y valoró la campaña gubernamental para evitar que quienes son beneficiarios de planes sean “apretados” por intermediarios.

“Todo lo que se usó para el mal y sembrar el miedo” durante la campaña electoral “nosotros lo usamos para comunicar que nadie puede apretarlo y que si no iban a la marcha no iban a tener problema”, señaló el jefe de Estado al referir a la consigna que lanzó el Gobierno la semana pasada “El que corta, no cobra”.

Para Milei, en su gestión están “sacando la corrupción a capa y espada” para “limpiar los vicios del Estado” por los “dobles cobros” del Plan Potenciar Trabajo detectados, dijo, en un “trabajo conjunto” entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el fiscal Guillermo Marijuan.

Además, detalló que se recibieron “más de 11 mil denuncias de extorsión” de beneficiarios de planes contra dirigentes de organizaciones sociales y elogió el operativo de seguridad que permitió “trabajar de una manera mucho más ordenada para que sea una situación que se manejó con mucha destreza”, en el marco de la marcha del miércoles 20 de diciembre pasado.

Sobre las reformas

“Los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo”, dijo Milei en referencia a las medidas económicas de su Gobierno y explicó que el plan “no salió de un día para el otro” sino que recién se presentó “un tercio de las reformas” que se tienen previstas.

Y si bien afirmó que no habrá próximos anuncios para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, exhortó a esos sectores “a competir” en el mercado laboral.

Además, confirmó que “no habrá aumento” de salarios para los empleados públicos en el corto plazo.

“Hay que ir y dar pelea porque no sabés cuánta fuerza tenés. Los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo”, aseguró e insistió que en La Libertad Avanza (LLA) quieren realizar estos cambios porque “creemos que estamos para dar un punto de giro en la República Argentina”.

El mandatario consideró que las medidas anunciadas demuestran que han sido “consistentes con lo que decimos” y advirtió que como “no hay tiempo”, se requiere de “un shock de libertad y anticasta” en la economía porque “la situación es realmente complicada”.

Para el Presidente, la situación económica requiere de medidas que “a la vista de un observador convencional parecen audaces pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo”.

Consultado sobre un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei anticipó que es “factible” que a la Argentina le sea entregado un nuevo préstamo y consideró que el organismo internacional de crédito ve como “héroes” a los integrantes de su Gobierno por proponer llegar a “déficit financiero cero”.

“El acuerdo técnicamente está caído porque el Gobierno anterior no lo cumplió”, afirmó Milei y destacó que al FMI le “llamó la atención” que durante la campaña electoral su partido anunciara el “déficit cero” por lo que, dijo, “están fascinados” con su gestión.

Finalmente, en un mensaje a los argentinos en el cierre de su “última entrevista del año”, el Presidente celebró: “Esta vez el esfuerzo vale la pena, esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Les estamos devolviendo la libertad, esta vez vamos a salir en serio. Vamos a atravesar un trago amargo pero después de ese período Argentina se pondrá de pie para ser una potencia”.

Fuente: Telam.

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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