El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y ocho negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei. 

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho.

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.

La OPC señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.

El debate

Uno de los primeros discursos lo esbozó el senador del PRO Luis Juez, que contó que su hija Milagros, con parálisis cerebral, es una ex paciente del Garrahan.

“Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a un padre es ‘vayan al Garrahan’. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan“, relató Juez.

Luego, se refirió a la críticas que recibió por haber votado contra los intereses del oficialismo, con quien mantiene gran vínculo, especialmente con Milei: “Nadie puede decir que está hablando un senador opositor, pero no me puedo callar en este tema“.

Por su parte, la senadora Alejandra Vigo exclamó: “Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio”. Y continuó: “Se puede tener posiciones hasta antagónicas en muchos casos, pero tratar de justificar de la manera que se pretende hacerlo, voy a creer que en Córdoba lo que falla es la salud mental”.

La senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner pidió al Ministerio de Salud, que tiene como titular a Mario Lugones, conozca “un poco más” a la Argentina. “La timba financiera no repara y cuando se habla del poder macabro del Congreso y del futuro del país quiero responder que el futuro del país es nuestra infancia”, resaltó.

Guadalupe Tagliaferri del PRO reconoció que la crisis en salud no inició con el desembarco de Milei, no obstante, afirmó que “gobernar significa reconocer un problema y solucionarlo”. “No se puede cruzar el limite de tener que escuchar  que los chicos de la Argentina no tienen derecho a salud de alta complejidad”, lanzó.

“La gente no solo votó a este Gobierno por la casta, lo votó para que le mejore la calidad de vida. No se puede seguir culpando al pasado, a la gente le importa poco a eso. La gestión del Garrahan es una cuestión nacional de sentido común”, subrayó Tagliaferri.

Siete candidatos a concejales de Bahía Blanca debatirán esta tarde, a partir de las 18, en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur de avenida Colón 80.

Organizado por la JCI Bahía Blanca (Cámara Junior Internacional), el encuentro contendrá cinco temas y un espacio para preguntas mutuas y debate libre.

Los ejes elegidos fueron Infraestructura y Desarrollo Urbano; Transporte, Conectividad y Seguridad Urbana; Educación, Cultura y Bienestar Social; Desarrollo Económico y Productivo; y Ambiente, Sustentabilidad e Innovación.

Confirmaron su participación Florencia Molini (Fuerza Patria), Martín Salaberry (Somos Buenos Aires), Daniela Rodríguez (Frente de Izquierda), Martín Barrionuevo (Unión y Libertad), Sebastián Marchese (Valores Republicanos), Emiliano Fabris (Política Obrera) y Nilo Navas (Alianza Potencia).

En cambio, no estará la cabeza de lista de ediles de La Libertad Avanza, Franca Grippo. Según la organización, no respondió a la invitación.

Tampoco será de la partida Sofía Bianconi (Es con vos, es con nosotros) por razones de salud. Bianconi tomó el lugar en la boleta del influencer Kevin Kalister, finalmente inhabilitado para competir porque no le alcanza el tiempo de residencia en Bahía, en función de lo que figura en su DNI.

Otro ausente será Ramón Palacios (Unión Liberal). De acuerdo con la JCI, porque no lograron establecer contacto con él ni con sus equipos.

Los organizadores remarcaron que la entrada es gratuita pero requiere inscripción previa en: https://forms.gle/u1S11Ag8KSRkj6tx7. El debate también será transmitido en vivo por YouTube en www.youtube.com/@AudiovisualesUNS.

“El objetivo principal es fortalecer la participación ciudadana en la definición del destino de la ciudad y sus políticas públicas futuras. La JCI busca acercar una vez más el debate cívico a la comunidad, permitiendo que los candidatos presenten sus propuestas e ideas en un ámbito de cercanía y diálogo con los bahienses”, se indicó.

Fuente: Frente al Cano.

En medio de la polémica por la falta de chapas patentes en todo el país, desde Nación indicaron que se está regularizando el envío de las pendientes y en septiembre se llegaría casi a su distribución total.

Martín Larrea, presidente del Colegio de Gestores de Bahìa Blanca, habló en LU2 sobre esa situación y de la propuesta planteada por la Provincia a través de su Ministerio de Transporte, de otorgar una placa alternativa validada por la Gobernación.

“Me parece una medida bastante desprolija, fuera de tiempo, porque ya se está regularizando el envío de las chapas pendientes. Estamos hablando de que entre julio y agosto van a estar entregándose unas 900 mil patentes faltantes y realmente parece un anuncio para utilizar esto políticamente”, afirmó Larrea.

“Ayer escuchaba al ministro de Transporte bonaerense (Martín Marinucci) que decía que deben pasar distintas etapas legales para poder implementar esto y no es claro cómo se tendría que hacer ya que se habla de una fabricación casera”, agregó.

Marinucci dijo en declaraciones radiales que “la falta de entrega de patentes es una situación crítica y responsabilidad 100% de Nación” tras el cierre de la Casa de la Moneda, responsable de la fabricación.

El Ministerio de Justicia nacional, por otra parte, anunció la pronta normalización definitiva del servicio. “Desde el 1° de septiembre habrá stock asegurado de chapas patentes en todo el país”.

Larrea sostuvo: “En el caso de que se apruebe lo de Provincia, estaríamos teniendo una chapa patente nacional y otra de nivel provincial, algo realmente complejo.”La chapa sería lo misma en cuanto a su denominación, pero una sería la oficial y la otra, la alternativa, con el único fin de identificar el vehículo para que cualquier control policial pueda constar que corresponde la identificación con el automóvil. Realmente me parece poco serio y bastante precario”.

“Cuando uno hace el repatentamiento te entregan las oficiales que son de papel con letras en rojo hasta que llegan las de metal. Estas tienen la firma del encargado del registro, tienen el dominio anotado y rubricado en la misma hoja, por lo que ante cualquier detención policial puede contrastar lo que indica la tarjeta verde con esas provisorias. Lo que están argumentando desde Provincia es que no pueden identificarlo para fotomultas con el auto en movimiento. Se habla de unos 300 mil vehículos que están en estas condiciones en la provincia de Buenos Aires”.

En Bahía Blanca la situación se agravó tras la trágica inundación del pasado 7 de marzo, donde muchos vehículos perdieron sus patentes con la subida del agua y esperan por su reposición.

“Para el transcurso de septiembre tendría que estar regularizada la entrega de patentes en un 90%, quedarían algunos casos puntuales. El inconveniente surge por el cambio de proveedor ya que la Casa de la Moneda dejó de hacerlas y las empresas a las que se les concesionó la fabricación, no dieron a basto con la demanda”, finalizó Larrea.

Fuente: La Nueva.