La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación médica exhaustiva tras presentar una dolencia abdominal. Allí fue operada por un cuadro de apendicitis, confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria a Infobae.

La decisión de trasladar a la ex mandataria se tomó luego de que profesionales de la salud acudieran a San José 1111, el departamento en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una revisión inicial, consideraran necesario realizar estudios adicionales en el centro médico.

El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Según informaron fuentes cercanas a la ex mandataria, la intervención quirúrgica “salió bien”.

El Sanatorio Otamendi es de la confianza de la ex mandataria dado que fue allí donde concurrió para ser atendida tiempo atrás. En 2021 Cristina Kirchner fue sometida a una histerectomía en la clínica donde habitualmente recibe atención médica, siendo esta la última intervención quirúrgica de la jefa del Partido Justicialista (PJ) que se hizo pública.

En 2013, la exmandataria fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para remover una colección subdural crónica en la cabeza. Un año antes, en 2012, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Además, en distintas ocasiones, Cristina Kirchner permaneció internada varios días en centros de salud del AMBA por patologías de menor gravedad.

A poco de conocerse la nueva intervención quirúrgica a la ex mandataria, los militantes no tardaron en acercarse alrededor del Sanatorio Otamendi. Durante la tarde noche de este sábado, muchos acudieron con carteles y pancartas para expresar su apoyo a Cristina Kirchner quien fue operada de apendicitis. De hecho, una de las primeras banderas en instalarse frente al sanatorio, se hizo con el lema “Nunca caminarás sola”.

Cristina Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Esta semana, la Corte Suprema dejó firme la decisión que le ordenó a la ex presidenta la utilización de una tobillera electrónica.

En el fallo firmado este jueves, los jueces de la Corte también dieron respuesta a los pedidos de recusaciones, y resolvieron: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rechazar lasin limine recusaciones planteadas contra los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Suprema Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti; II) Desestimar por falta de fundamentación autónoma el recurso de apelación dirigido contra la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y III) En lo restante, declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en estos autos”.

En el marco de la ejecución de esa condena, el TOF N.º 2 de CABA dispuso dos medidas vinculadas a su cumplimiento. Por un lado, ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y, por otro, impuso la obligación de solicitar autorización fundada al tribunal para las visitas que no estuvieran incluidas en la nómina de familiares, médicos y abogados definida por CFK. La decisión se basó en las constantes visitas que la ex presidenta recibe en el domicilio donde cumple arresto domiciliario.

Esa resolución fue recurrida por la ex mandataria y confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Frente a ello, CFK interpuso un recurso extraordinario que fue denegado, lo que motivó la presentación de una queja ante el máximo tribunal.

La defensa argumentó que estas medidas generaban un perjuicio concreto y actual, constituyendo restricciones arbitrarias a los derechos constitucionales de la ex presidenta, en particular a los principios de intimidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La otra decisión judicial respecto de las condiciones de detención de la exmandataria la tomó el martes el juez del TOF2, Jorge Gorini, quien resolvió mantener el régimen de encierro en el departamento de San José 1111, pero autorizó que la ex presidenta pueda acceder a la terraza del inmueble por un máximo de dos horas diarias, un beneficio equiparado a la salida al patio prevista para los internos alojados en establecimientos penitenciarios.

CFK puede salir sin restricciones al balcón de su departamento y ahora se agrega la terraza del edificio, bajo esas condiciones.

La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales, pero introdujo otra modificación a las visitas sin necesidad de permiso incluidas en un listado que aportó la ex presidenta. Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.

El Gobierno va a conseguir sancionar el Presupuesto 2026. Será a finales de año o en los primeros días del próximo, pero lo tendrá. Esto se corresponde con los movimientos que realizaron en la cúpula de la Casa Rosada en los días siguientes a que se consiguiera la media sanción proveniente de la Cámara de Diputados.

“El Presupuesto tal y como está para nosotros está bien. Estamos muy tranquilos”, aseguró una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae.

Hay dos integrantes de la Mesa Política que afirmaron que la idea principal es aprobar el proyecto tal y como está en el Senado. De ser así, se ahorrarían tener que pasar por Diputados.

¿Pero qué va a hacer el Gobierno para poder compensar los puntos de déficit que se supone que iban a tener con el Presupuesto votado? En el Gobierno afirman que reasignarán partidas. “Estamos obligados a hacerlo. Podemos llegar a agarrar fondos de las provincias y ayudar para llegar a ese número”, afirman.

Antes de la decisión, otro importante integrante del oficialismo le había afirmado a Infobae: “Cada uno tiene su ego y su orgullo. Patricia querrá meter todas derogaciones que pide Javier o mandarlos a la mierda porque es la cara del Senado. No lo sé. Nos gustaría más que estén las derogaciones, pero si vemos que no es conveniente hacerlo, no nos desvela”.

Durante la madrugada, varios de los gobernadores aliados al Gobierno habían impartido la orden de votar en contra o abstenerse frente al Capítulo XI, el cual contenía una batería de distintas medidas clave que significaban un costo fiscal que Javier Milei, en principio, no quería asumir: las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Esa parte no había sido prevista por quienes negociaron la ley. La mayoría de los aspectos que formaron parte del Capítulo XI llegaron el lunes. Ese texto no habría estado consensuado por todas las partes. “Ganó un ala del Gobierno que quería derogar ambas leyes sí o sí. En la oposición reconocían que si había modificaciones en la Ley la iban a apoyar”, esgrimió una fuente.

Cuando a varios de los gobernadores aliados les llegó el texto, se comunicaron con sus interlocutores libertarios para decirles que no tenían margen como para darle aval a la derogación de esas leyes. En ese momento en el oficialismo se dieron cuenta que los votos para ese apartado estaban muy complicados y que no iban a llegar.

“Desde el momento en que se bajaron (Osvaldo) Jaldo y (Raúl) Jalil, sabíamos que había probabilidad de que no saliera”, cuenta un integrante del bloque de La Libertad Avanza. Otro ladero suyo respalda esa mirada: “El texto no te daba margen de poder modificarle nada y comprometía a varios de nuestros aliados. ¿Cómo se iba a dar vuelta dos proyectos que consiguieron ratificarse con dos tercios?”.

Entre los altos mandos del Gobierno también atribuyen el enojo de varios mandatarios a un artículo desapercibido en el Capítulo XI.

El proyecto de Presupuesto contemplaba un mecanismo que permitiría al Poder Ejecutivo calcular los ingresos que las distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante la emergencia tarifaria y utilizar ese crédito para compensar deudas con Cammesa, siempre que las empresas renunciaran a reclamos judiciales.

En el caso de Edenor y Edesur, distribuidoras bajo jurisdicción nacional, la Secretaría de Energía debía calcular la diferencia entre lo efectivamente cobrado durante los años de emergencia y lo que debieron haber percibido según sus contratos de concesión. Si de ese cálculo surgía un crédito a favor de la distribuidora, el Ejecutivo podía ordenar a Cammesa que lo aplicara para cancelar deudas por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Las dos principales distribuidoras nacionales buscaban saldar deudas con Cammesa cercanas a los USD 400 millones. Para las distribuidoras bajo jurisdicción provincial o municipal, el esquema era similar, aunque con una diferencia fundamental: la Nación no asumía la deuda. Las provincias debían aceptar el procedimiento fijado por la Secretaría de Energía, reconocer como propia la deuda de sus distribuidoras con Cammesa y cancelarla aplicando directamente créditos que ya tuvieran contra el Estado nacional.

“Nos vinieron a putear las provincias que sí tenían sus cuentas regularizadas con Cammesa. ‘¿Ellos no pagan y encima les perdonan?’”, contaron en LLA.

A diferencia de otros reveses legislativos, el oficialismo accionó esta vez más rápido y de manera mucho más coordinada. Horas después de que saliera la votación del Capítulo XI, Milei convocó para ese jueves a la tarde a su Mesa Política y estableció que el proyecto debía salir como fuera posible: se comprometió con el FMI para que así sea. Por ese condicionamiento debe ser que el mercado no tuvo desempeños profundamente negativos.

Al día siguiente, cerca del Presidente hicieron trascender que no avanzarían con la derogación de ninguna de las dos leyes. “No había forma que las pudiéramos derogar. En la previa a la sesión sabíamos que iba a ser realmente complejo. No queríamos que nos la impongan por la fuerza”, reflexionó uno de ellos.

Hubo dos reuniones clave en Casa Rosada. Una de ellas se dio el jueves, liderada por el Presidente; y otra el viernes, la cual fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por esos encuentros pasaron al menos una vez la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En general, el discurso oficial estuvo bastante abroquelado. “Esto antes no se podría haber hecho directamente. Iba a haber operaciones por doquier”, se confiesa un libertario. Sí hubo críticas por lo bajo por la forma en la que se redactó la parte más controvertida del proyecto. “Si incluyen eso va a ser para quilombo”, le dijo uno de estos integrantes a un importante gobernador. Presagio de lo que terminó sucediendo.

Minutos después de que terminó la sesión, hubo quienes miraron el vaso medio lleno, pero otro se concentraron en el medio vaso vacío. Entre los primeros, marcaban que “hubo 20 votaciones, se ganaron 19 y solo una se perdió, que se sabía que era difícil”. Entre los segundos marcaban que hubo mala estrategia: “Les regalamos ATN a gobernadores que no nos votaron lo más importante y volvimos a perder la confianza del PRO por sacarles el lugar en la AGN”, indicó en estricto off una figura de LLA.

Esta última jugada ya había sido pensada semanas atrás. Al PRO le había correspondido un lugar para la AGN con la anterior composición de la Cámara de Diputados, pero no ahora. “Son así los tiempos de la política”, decía en tono irónico un dirigente violeta, dando a entender que ese movimiento fue adrede.

Algunos gobernadores miran con atención los movimientos de La Libertad Avanza y advierten que lo del Capítulo XI puede ser un preludio de otras votaciones más. Uno de los gobernadores que fue aliado al Gobierno en estas elecciones advirtió ante Infobae: “Ojo que esto no sea el comienzo de lo que le pasó a Macri. Que liquiden su capital ahora y que después no puedan mover un proyecto simple”. Está más que claro que Nación y las provincias se precisan mutuamente, la primera para impulsar sus reformas y las segundas para conseguir mayores fondos.

La postergación de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transformado la cumbre de líderes del bloque sudamericano en Foz de Iguazú en un encuentro sin grandes definiciones. La nueva fecha propuesta por Bruselas es el 12 de enero, aunque la reiteración de aplazamientos genera escepticismo entre las cancillerías del Mercosur.

El retraso responde a la presión ejercida por Francia e Italia durante la reciente cumbre en Bruselas, donde la Comisión Europea informó a los jefes de Estado y de Gobierno que la firma debía esperar la adopción definitiva de nuevas salvaguardas. Estas medidas, aún pendientes de aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, contemplan la vigilancia de los mercados y la posibilidad de suspender importaciones de productos sensibles si se detectan distorsiones para los productores europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, solicitó personalmente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un aplazamiento de entre una semana y un mes para convencer a los agricultores italianos de aceptar el acuerdo, según relató el propio Lula en rueda de prensa.

En este contexto, el presidente argentino Javier Milei decidió asistir a la cumbre del Mercosur en el Belmond Hotel das Cataratas, acompañado por los mandatarios de Paraguay, Uruguay y el debutante de Bolivia. La presencia de Milei, quien había considerado no viajar, representa un gesto político hacia Brasil, principal socio comercial de Argentina, y responde a la expectativa de que el anuncio del tratado se produzca bajo la presidencia pro tempore de Paraguay, en manos de Santiago Peña durante los próximos seis meses.

De acuerdo a la agenda oficial, está previsto que la sesión plenaria comience a las 9:40. Tras eso, alrededor de las 12, se realizará el traspaso oficial de Presidencia.