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Becas universitarias en la ciudad: las estrategias para evitar que aumente la deserción

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“En general, desde el Consejo Asesor se recomienda que todo estudiante que cumpla con la reglamentación acceda a la beca hasta un orden de vulnerabilidad que tenga factibilidad presupuestaria. Eso lo hemos podido hacer todos los años desde que estamos en la gestión”.

Lo dijo la Ing. Diana G. Sánchez, secretaria general de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Sur, sobre un tema crucial en esta coyuntura económica respecto de quienes cursan en la casa de altos estudios.

“Esta vez sucedió lo mismo. Se concedió un refuerzo, denominado presupuesto reconducido, a partir de un fondo universitario de ahorro a fin de otorgar la misma cantidad de becas que en años anteriores”, añadió

Sánchez aclaró que esta política no tiene que ver con una eventual cantidad de becas, sino con garantizar la equidad en el acceso a las oportunidades.

“El criterio general es otorgar un beneficio a cada estudiante en función de lo que se considere que más lo favorece, pero de repente hay situaciones de altísima vulnerabilidad, o contextos de mucha complejidad, que justifican que se le otorgue más de un beneficio”, sostuvo.

“Por eso el criterio nunca es el número en sí, sino atender las situaciones que más apremian. Y, en todos los casos, no podemos dejar de tener en cuenta de que aquí se trata de fondos públicos”, comentó.

El aporte de la UNS hacia los estudiantes de la ciudad en concepto de beca para el corriente año es de 266.000 pesos, un monto que se abona en tres cuotas. Para quienes son de la región, la cifra es de $ 299.000.

Ing. Diana G. Sánchez, secretaria general de Bienestar Universitario de la UNS.

“¿Los criterios? No hay otro que, a priori, filtre el otorgamiento en una u otra dirección. Sí lo hay para favorecer, o asegurar, de que un porcentaje de becas les quede a los ingresantes”, indicó.

También dijo la directiva que la UNS hace la primera asignación presupuestaria en la ventana inicial del procesamiento de solicitudes, entre los meses de octubre y noviembre, en función del año siguiente.

“Cuando nosotros sugerimos qué becas vamos a otorgar estamos comprometiendo una parte del presupuesto. Y siempre somos cuidadosos de que quede un margen suficiente para los ingresantes 2025”, dijo.

“En ese grupo están quienes revisten vulnerabilidad frente a las oportunidades de permanencia en la universidad. Es la población que batalla con la mayor cantidad de complejidades, porque tiene que adaptarse y entender cuáles son las reglas del sistema universitario”, aseguró.

Sánchez agregó que, justamente, esta es la etapa de las carreras en la que se produce el mayor desgranamiento y la mayor deserción.

“Además, la UNS tiene como singularidad que la mayor cantidad de estudiantes proviene de la zona, quienes deben atravesar el desarraigo y el desafío de adaptarse a la vida en una ciudad como Bahía Blanca que, en general, es más grande de donde proceden”, afirmó.

De qué se trata

El marco para las becas universitarias se encuentra establecido por la normativa y la disponibilidad presupuestarias.

“La normativa está vigente desde el año 2009 y nosotros, independientemente de las circunstancias, hemos tenido la determinación de atenderla exactamente como está prevista; esto es, abriendo convocatorias regulares a lo largo del año. Eran dos y, desde el año pasado, son tres”, contó Sánchez.

“Una convocatoria está orientada a los estudiantes que ya están en la universidad, a quienes nosotros llamamos regulares. Hay una a fin de año, orientada a los ingresantes, y desde este año de manera regular incorporamos en el calendario otra cita que se habilitó el último jueves 13 para quienes querían ingresar en el segundo cuatrimestre”, explicó.

Actualmente, la opción de transporte está restringida a quienes vienen desde Punta Alta. Los que residen en la ciudad tienen acceso al boleto gratuito subsidiado por el Ministerio de Transporte provincial.

A través de un formulario en línea se completan los datos personales de contacto e información preliminar respecto de la condición socioeconómica que reviste el grupo familiar. Ahí se selecciona alguna modalidad de beneficio, que puede ser económica, residencia, beca completa, comedor y demás.

“Luego hacemos un primer procesamiento informático, donde se releva el desempeño académico que ha tenido el estudiante en el último año. En el caso de que sea regular, se realizan entrevistas con equipos de trabajadores sociales. En algunas etapas nos ayudan los municipios de donde proceden con informes que ellos mismos suscriben. Así se confecciona una grilla con información consolidada de cada uno de los solicitantes, con su performance y condición socioeconómica”, comentó.

La información se pone a consideración de un Consejo Asesor de Becas, que está integrado por representantes de todos los claustros que tienen representación en el Consejo Superior Universitario, quienes hacen una recomendación —no vinculante— para el otorgamiento de las becas.

La cobertura del comedor

Desde la Secretaría de Bienestar también se coordinan las áreas de sanidad, residencias, deportes y, especialmente, el comedor universitario que, desde hace más de una década, está concesionado a un servicio privado.

“Está vigente la resolución que otorga un subsidio innominado; es decir, cualquier estudiante que tenga actividad académica puede acceder. En este momento prevé una cobertura del 55 %”, dijo Sánchez.

Actualmente, el estudiante de la UNS paga 2.000 pesos por cada almuerzo (o cena).

“Respecto de la población estudiantil universitaria, tenemos un porcentaje de comensales diarios por encima de la media del sistema. Dependiendo la época del año, hay entre 1.100 y 1.200, en relación a unos 26.000 activos sobre unos 36.200 alumnos regulares. Esos 1.300 alumnos, sobre 26.000, representan un porcentaje alto”, aseguró.

La concesión del servicio gastronómico, que se realiza por concurso de acuerdo con la ley de administración pública de la Nación, se representa en dos espacios: Avda. Alem 1.161 y campus del Palihue.

“Tenemos un servicio de menú de lunes a viernes para almuerzo y cena. Se propone con dos semanas de anticipación, tal como está dispuesto en el contrato de concesión, y es evaluado por una nutricionista. Tiene características específicas y rigurosas, ya que se piensa en cuestión de los balances en términos semanales, no diarios ni por ingesta. Es decir, en la semana no hay más de dos veces pasta, no hay menos veces de carne y así el resto. También están las alternativas respecto de comida vegetariana y para celíacos”, contó.

Vínculo con los municipios

En relación a las becas universitarias, se relanzó el programa denominado La UNS en la región. La intención es el fortalecimiento de la vinculación con las comunas.

“En el marco de la pandemia (por el COVID-19) suscribimos convenios con algunos municipios cercanos a Bahía Blanca. Hicimos un estudio estadístico georreferenciando la procedencia de los estudiantes, ya que especulamos que muchos habían quedado confinados en sus lugares de origen y otros en la ciudad”, sostuvo Sánchez.

“El mayor esfuerzo era para darle continuidad a la actividad académica, ya que la universidad nunca suspendió sus actividades, el comedor estuvo abierto y las residencias tuvieron becados. Nuestro temor era que algunos de esos estudiantes, ante este impasse, interrumpiesen la actividad y después no se dieran las condiciones para retomar”, dijo.

“Así contactamos a los municipios cabecera, donde habíamos detectado de manera concentrada la procedencia de estudiantes, y suscribimos convenios para habilitar puntos digitales que permitieron cursar en forma virtual”, añadió.

Sánchez comentó que, para este año, aprecian una situación compleja.

“Hay un punto particular sobre la cuestión habitacional. Se han encarecido los alquileres y no hay tanta oferta de la característica buscada por los estudiantes”, contó.

“El costo de los alquileres se está transformando en una barrera para que algunos jóvenes puedan decidir mudarse a Bahía Blanca y estudiar en la UNS”, afirmó.

“En tal sentido, advertimos que hay diferentes mecanismos para trabajar. Algunos municipios, impulsados por cooperativas y por fundaciones, por ejemplo, intentan que esos jóvenes le den continuidad a los estudios para que, luego, vuelvan a colaborar con el desarrollo local y regional. Son esfuerzos que, si tenemos la inteligencia y la generosidad de combinarlos con los nuestros, se pueden potenciar”, explicó la directiva.

“Un joven que inicia una carrera universitaria es un proyecto esperanzado de todo un núcleo familiar y su red afectiva. Por eso favorecer la oportunidad de que lo intente es mucho en términos de gesto de incentivo para lograr la misión primaria de la institución: aportar en términos de la educación como el recurso de movilidad ascendente, de desarrollo y de mejor calidad de vida”, comentó.

“Por eso retomamos los contactos para habilitar la suscripción de estos convenios, a fin de combinar mecanismos de trabajo colaborativo y, desde nuestro lugar, poner a disposición los dispositivos de acompañamiento para los estudiantes a partir de una colaboración de las autoridades municipales”, afirmó Sánchez.

¿Cuál es el panorama en la UTN?

En la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRBB), el programa de becas Progresar tiene 372 inscriptos, aunque todavía no se envió la lista definitiva. En el año 2023, los beneficiarios fueron 312 alumnos.

El programa de becas Manuel Belgrano posee 350 inscriptos y, finalmente, se otorgaron 83 (tal como en el año previo).

En ninguno de los dos casos los estudiantes cobraron lo que les corresponde.

Por su parte, las becas internas que otorga la UTN (el mismo número respecto del año anterior) se pagan desde este abril al mismo valor de diciembre de 2023.

Para obtener los recursos, se derivaron partidas presupuestarias de Ciencia y Tecnología y de Movilidad (viajes y alojamiento que pasaron a un formato de encuentro virtual) para asignarlas a gastos de funcionamiento y de becas para estudiantes.

También fueron postergadas eventuales partidas para reuniones académicas y científicas.

Fuente: La Nueva.

 

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El Gobierno amplió el temario de las sesiones extraordinarias y sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil

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El Poder Ejecutivo oficializó la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, a través del decreto 53/2026 publicado este martes.

De esta manera, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido por diputados y senadores a partir del 2 de febrero, cuando comenzará el período de sesiones de verano. El objetivo es avanzar en la discusión de una nueva normativa que reemplace la Ley de Minoridad vigente y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

La decisión de incorporar este tema de gran interés a la agenda había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, cuando la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinariasFin”, afirmó Adorni.

Entre los presentes se encontraban la secretaria de Gobierno y hermana del presidente, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a su lado la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Del otro lado de la mesa estaba Santiago Caputo, junto a Adorni y el secretario de Estrategia, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada, el debate sobre la ley en cuestión se concentra en dos aspectos centrales: los plazos para su tratamiento y la búsqueda de consensos con la oposición. El Gobierno, a través de distintas fuentes, manifestó la intención de avanzar en la discusión con el mayor respaldo político posible y, para ello, promueve la unificación de los diferentes proyectos presentados por distintos bloques parlamentarios. El antecedente de agosto de 2024, cuando el tema fue abordado en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, marcó una hoja de ruta.

La normativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue diseñada en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que la administración libertaria prefiere fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. El Gobierno admitió que, pese a la intención original, está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición.

El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero. La reactivación del debate se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por otros menores, generando repercusión en la agenda pública y política.

Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de Javier Milei. Fuentes cercanas al Gobierno anticiparon a Infobae no se descarta sumar nuevos proyectos, además del reciente incorporado. Hasta entonces se incluyó la Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur – Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

“Repasamos la reforma laboral y definimos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario de las mismas porque hay más”, sintetizó un funcionario a este medio tras la reunión.

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Bullrich comenzará las reuniones con los dialoguistas por la reforma laboral: los reclamos y las negociaciones

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El terreno de las sesiones ordinarias que comenzarán el lunes próximo empieza a acomodarse de a poco, ante un oficialismo apurado para aprobar la reforma laboral en el Senado. Por este motivo es que la oposición “dialoguista” aprovechará las próximas horas para peinar las observaciones al dictamen de mayoría ya firmado en diciembre pasado, de cara a la cumbre que fuerzas como la UCR, el PRO y silvestres provinciales mantendrán con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, desde las 15 -en principio- de mañana.

“Hay una calma generalizada. La forma en la que se manejaron las cosas en las sesiones extraordinarias de fines del año pasado es la que deberá repetirse”, sentenció a Infobae un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR). La bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi mantendrá esta tarde una reunión virtual para filtrar sus inquietudes y llevar planteos concretos a la exministra de Seguridad.

Los radicales suman 10 votos clave, así como los tres del PRO, que lidera Martín Goerling (Misiones), quien también participará del convite de este miércoles, aunque el bloque marista se juntaría recién la semana próxima, cuando arranque la actividad oficial. Ambos espacios recibieron notas y pedidos de diversas entidades interesadas. Algunas, muy reconocidas, se hicieron visibles en las últimas horas. En un puñado de casos, de forma llamativa.

Sobre este punto, desde un importante despacho dialoguista confiaron a este medio: “Lo que se percibe tras revisar los cuestionamientos, a modo general, es que muchos terminaron siendo muy focalizados en sus propios bolsillos. Entonces, la reforma en sí pareciera no interesarles, salvo la parte específica para la que se ponen corporativos. No parece ser el mejor camino”.

Hay un ítem que sí preocupa. Y ya no sólo en una o dos bancadas. En el despacho que firmaron oficialismo y aliados, el artículo 212 señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó de esta manera ante Infobae: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. En primer lugar, la de mandatarios provinciales por la inevitable caída en la coparticipación. Una legisladora recordó horas atrás que “si bien es entendible, también es cierto que si continúa la actividad en alza y una normalización de empleados registrados compensará por ese lado, además de aclarar que quien más pierde plata con esto será el Estado nacional”. Y añadió: “Si piden alivios y el Gobierno los otorga, no pueden reaparecer quejas. Si no, es pensar algo para después no mover nada”.

Otras cuestiones se direccionan hacia la ultraactividad y la bomba atómica de varios estatutos. Tampoco debe olvidarse el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sobre quién pierde y quién gana, desde un bloque deslizaron que “si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector; es decir, lo más justo y ecuánime para todos”.

Para el miércoles se espera que Bullrich se junte con su tropa, una vez terminada la reunión con referentes dialoguistas. Antes de la misma lo haría con su antecesor y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).

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Kicillof mandó a sus ministros a armar reuniones seccionales en paralelo a la negociación por el PJ bonaerense

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Como un protagonista tácito, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este fin de semana el parte de lo que fue una de las primeras reuniones a nivel seccional que parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó adelante en la Quinta sección electoral. El encuentro fue el resultado de un pedido del propio mandatario bonaerense. Fue cuando semanas atrás dio a los ministros e intendentes propios “tarea para el hogar”. Básicamente, que en medio de la negociación por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y en miras a una expansión del MDF para el 2026, generen encuentros de carácter seccional.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, fue el primero que se subió a esta directriz y el fin de semana organizó un encuentro en su distrito del que participaron los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), además de los intendentes Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Caros Rocha (General Guido), Héctor Olivera (Tordillo) y Juan Manuel Álvarez (General Paz). También concejales y dirigentes de otros distritos de la región; incluso aquellos donde gobierna el peronismo.

En esa reunión se ratificó la línea que los principales integrantes del MDF despliegan discursivamente en el plano político y para la convivencia con otros sectores dentro del peronismo. Se traduce en que quien vaya a hacerse cargo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires sea alguien del propio espacio o bien que haya garantías certeras de que esa persona que vaya a suceder a Máximo Kirchner —si el diputado nacional decide no ir por otro mandato al frente de la herramienta partidaria— responderá a los intereses de las políticas del gobierno provincial.

Sin reelección en PBA, Kicillof buscará en este 2026 sostener la gestión y empezar a construir políticamente a nivel nacional de manera más constante y decidida. Pero para ello, primero debe llegar a algún marco de acuerdo con el kirchnerismo y, también, el Frente Renovador. La renovación de autoridades del PJ provincial aparece como la primera parada de ese largo viaje hacia la construcción de una alternativa política primero y una candidatura después en 2027.

Durante el encuentro en Castelli no solo se trazó el escenario ideal a los intereses del MDF para la sucesión de Kirchner, sino que también se hizo hincapié en la cuestión distrital. El peronismo también deberá renovar autoridades en los 135 municipios. En principio, hay un acuerdo no escrito de que, en los distritos donde gobierna el peronismo, el intendente, sea del espacio que sea, tiene el mando interno. Sin embargo, en caso de disputa a nivel provincial, el esquema local es incierto. Un ejemplo lo puso sobre la mesa el concejal del Partido de La Costa, Damián Comas, quien además es el secretario general del gremio de Camioneros de ese distrito. Hoy está dentro del MDF, mientras que la conducción política de La Costa corre por cuenta de Juan y Juan Pablo De Jesús, padre e hijo que responden al esquema de intendentes no camporistas pero aliados a Kirchner. “Nosotros somos parte del PJ del distrito, venimos negociando con Juan y Juan Pablo (De Jesús). Tenemos compañeros en la lista del consejo del partido y estamos negociando la renovación de los compañeros y compañeras. Desde el momento uno estamos militando el MDF en nuestro distrito, porque por ahí alguno decía que en La Costa estaba solamente la bandera de Juan y de Juan Pablo y no. Hay compañeros que también están militando y trabajando el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires y no van a ser ajenos a la hora que tengamos que salir a militar para el 2027 su candidatura presidencial”. Sus palabras fueron acompañadas de aplausos.

La negociación por el PJ bonaerense empieza a acelerarse. Tras la publicación de los padrones en los 135 municipios y a la espera de que la Justicia Electoral dé el visto bueno en un distrito clave como La Matanza, donde la última oleada de afiliaciones supera el 5% del total del padrón en un 0,04% (46 afiliaciones); el escenario pareciera encarrilarse a un esquema de consenso.

No es unidad, es ponerse de acuerdo. Como adelantó Infobae, el kirchnerismo adelantó su posición inicial: ir a un marco de acuerdo una vez que queden validados los padrones. Por la demora de casi dos días en la exhibición de los mismos, el plazo para la observación de padrones se estiró hasta el jueves 29 de enero.

En las últimas horas, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que forma parte del MDF, también trazó un marco de acuerdo con el kirchnerismo. “Estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”, dijo en declaraciones a AM 530.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alberto Fernández, también consideró que cualquier intendente “que exprese capacidad de diálogo puede representar al peronismo de la provincia”. Entre los nombres de intendentes que resuenan están los de Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Mariel Fernández (Moreno), entre otros. Sin embargo, por el momento nadie reúne el consenso de todos los espacios. El 8 de febrero vence el plazo para presentar candidaturas. Antes de acelerar su proyección nacional, Kicillof busca que el PJ de la provincia que gobierna “esté ordenado”.

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