Entre los aspectos centrales, se fija que las 200 mil pensiones por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, quienes perciban este beneficio podrán trabajar, siempre y cuando sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Otro punto relevante es la obligación de saldar la deuda con los prestadores y garantizar la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, en base a los índices de inflación que difunde el Indec.
El veto de Javier Milei
A principios de agosto, el presidente Javier Milei firmó el veto al aumento a las jubilaciones y a los fondos para discapacidad que sancionó el Congreso unas semanas antes. La firma del mandatario tuvo lugar el sábado 2 y fue oficializado el lunes 4.
Desde el momento en que esas leyes se aprobaron, el Gobierno aseguró que rompían el equilibrio fiscal. “Vamos a vetar. Aún si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había anunciado Milei ante la Bolsa de Comercio después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.
Y poco después, en la apertura de la Exposición Rural de Palermo, el Presidente insistió: “Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”.
Rechazo al veto de Milei
El 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el veto de Milei. Aquel día, la oposición alcanzó 172 votos a favor, mientras que 73 legisladores se pronunciaron en contra y 2 se abstuvieron. Para revertir finalmente el veto presidencial, el Congreso necesitaba a partir de ahí reunir dos tercios en el Senado.
Previo a la votación en la Cámara baja, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado en la red social X: “El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. Y agregó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.
Dos semanas y un día después del rechazo de Diputados, este jueves el veto presidencial corrió la misma suerte en la Cámara alta. El oficialismo contó con el respaldo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y de Francisco Paoltroni, quien volvió a mostrar un alineamiento pleno con la Casa Rosada. No obstante, por mayoría absoluta, el Congreso logró insistir con su proyecto. (DIB) GML
