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El sindicato que nació en Bahía y ya tiene representación en varias provincias

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El sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP) nació en 2005 en nuestra ciudad y, merced a sus logros, ha logrado tener un alcance nacional meritorio, a tal punto que la Secretaría de Trabajo de la Nación lo autorizó hace pocos días a ampliar su intervención en otras 15 localidades del interior del país.

Con sede en Zapiola 227, y al mando de Federico Galeano como secretario general, el SSIP logró incorporar a su ámbito de actuación a los trabajadores de las ciudades de Rosario, Venado Tuerto, Rufino, Santa Fe, Las Toscas, Villa Constitución y Sauce Viejo (de la provincia de Santa Fe); Necochea y Tornquist (de Buenos Aires); Allen, Cipolletti y General Roca (de Rio Negro) y Neuquén, Plaza Huincul y Plottier (de la provincia de Neuquén).

“El trabajo que venimos desarrollando está dando sus frutos. En estos lugares que nos dieron reconocimiento ya estamos trabajando hace bastante tiempo. Lo mismo que pasaba en Bahía hace muchos años estaba sucediendo en estas ciudades, así que pretendemos replicar lo que se hizo en su momento en Bahía para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, señaló Galeano.

Y añadió: “Con una representación fuerte, evitaremos los abusos de los empleadores. Es un sector en el que nos encontramos con muchísima informalidad, curiosamente en empresas con las que ya acordamos convenios colectivos en otros lugares”.

Una de las grandes problemáticas es la desproporción de los salarios.

“Se paga una cosa en el sur, otra en el centro del país y otra muy distinta en el norte, donde se encuentran las mayores dificultades. A nosotros nos contactaron de estos lugares porque sabían el gran trabajo que desarrollamos en Bahía”.

Galeano contó cómo nació el SSIP en nuestra ciudad y cómo fue creciendo.

“Llegué a Bahía desde Santa Fe en 2003. Empecé a trabajar en seguridad en 2004 y ya en 2005 me fijé como meta armar un sindicato, por todas las cosas que fui viendo en este sector y porque nadie nos representaba. Cada uno tenía que resolver solo sus problemas, cada uno cobraba lo que a su patrón se le ocurría y los despidos eran a mansalva”.

“Empezamos un trabajo de hormiga. Cumplimos todos los pasos necesarios para lograr la inscripción gremial (en 2007) y posteriormente nos dieron la personería (en 2018). Desde ahí no paramos de crecer”.

En Bahía se consiguieron muchos logros. Primero una escala salarial acorde y después el reconocimiento de distintos adicionales. Además de mejorar y actualizar los convenios colectivos en lo referente a condiciones laborales.

“Al ver eso, nos empezaron a llamar de todos lados. Yo comienzo hoy una gira de 20-25 días por distintos lugares, para charlar mano a mano con los trabajadores y conocer sus inquietudes. Soy un trabajador más, que se pone a la par del resto de los trabajadores. Los que ellos están sufriendo hoy, yo ya lo sufrí hace muchos años”.

“La idea es seguir expandiéndonos. No es fácil, porque requiere muchísimo esfuerzo. Primero queremos regularizar la situación de los trabajadores en estas ciudades que nos otorgaron el reconocimiento gremial. La intención es replicar lo que se hizo en Bahía. En Santa Fe hay alrededor de 5.000 personas trabajando en la seguridad privada, en Rosario casi el doble de esa cifra. Pero hay más informales que formales. Y regularizar eso no será sencillo”.

Este es un sector que ha crecido muchísimo en los últimos años.

“Y prácticamente ha mantenido sus puestos laborales, tanto en pandemia como ahora en plena crisis. Obviamente que la inseguridad reinante también hace que la gran mayoría de las empresas requieran seguridad privada para cuidar su capital”.

En ese sentido, Galeano acusó a la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina de apoyar sistemáticamente a la patronal en lugar de defender a los trabajadores.

De hecho, hace pocos días, en un comunicado, el SSIP criticó a UPSRA por respaldar a las empresas de seguridad, cuestionar la defensa de los trabajadores y avalar la informalidad en la actividad. Si bien no especifican las razones detrás de esta actitud, dejan entrever que podría deberse a intereses poco claros.

“A nosotros nos llaman porque ellos no defienden los intereses de los trabajadores. Siempre se pusieron del lado de los empresarios. Parece un sindicato patronal en vez de defender a los trabajadores, que vieron en nosotros la representación necesaria para mejorar sus condiciones laborales”.

“Cuando mostramos el convenio colectivo que tenemos homologado para Bahía Blanca, los trabajadores de estas ciudades se sorprenden, no sólo por la escala salarial, sino también por los adicionales y beneficios. Eso nos permite demostrar que no todos los sindicalistas son iguales, como se suele decir”.

Acuerdo paritario

La semana pasada, el SSIP firmó un acuerdo paritario con la CAESI (Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación), por el cual el sueldo inicial pasará de 935.000 a 1.161.600 para el mes de julio y de 1.214.000 para agosto.

De esta manera, el sueldo básico de julio pasará de 356.000 a 603.000 pesos; el presentismo de 112.000 a 135.000; los viáticos de 219.000 a 276.000; artículo 40, de 95.800 a 120.600. Además, en julio se cobrará un bono de 27.000 pesos.

Fuente: La Nueva.

 

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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