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Inició el proceso para crear un nuevo Código de Planeamiento Urbano para Bahía

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El Municipio llevó a cabo este sábado el primer encuentro para la creación de un nuevo Código de Planeamiento Urbano para Bahía Blanca.

El evento contó con la participación de profesionales, técnicos, funcionarios del ejecutivo y del legislativo, así como representantes de entidades empresariales, académicas y de la sociedad civil. Se conformaron 27 mesas de trabajo.

“Estoy muy agradecido con la presencia de muchísimos actores de la ciudad, todos los bloques políticos del Concejo Deliberante, todos los colegios profesionales, universidades, sectores de la gremial empresaria, sectores del trabajo, todos juntos para construir los acuerdos que Bahía Blanca necesita para crecer. Estoy absolutamente convencido que con profesionalidad, con mirada de largo plazo, Bahía Blanca no tiene que depender de nadie para mejorar”, expresó el intendente Federico Susbielles al inaugurar la jornada en el salón Héroes de Malvinas del palacio municipal.

“Estamos construyendo el nuevo modelo de ciudad para que realmenteacordemos sobre qué cosas tenemos buenas, que son muchas, y qué cosas tenemos que ajustar. Este es el objetivo de este taller”, afirmó Rosana Vecchi, secretaria de Planeamiento Urbano.

La jornada fue dirigida por profesionales del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el arquitecto Roberto Monteverde, especialista en estos trabajos, a la cabeza.

“Las ciudades en general están tratando de definir para dónde van, cuál es el rumbo que tienen y cómo organizan su ciudad y su territorio para dos cuestiones: resolver los problemas del presente y prepararse para el futuro. Todas estas cosas que durante mucho tiempo estuvieron más vinculadas a círculos técnicos desde hace bastante tiempo se van ampliando a que el conjunto de los actores sociales son los que tienen que definir y discutir estos temas. Acá lo que presentamos es esta primera actividad, donde hay una decisión institucional de llevar estas cosas adelante y una decisión técnica de trabajar de esta manera”, comentó Monteverde.

Los acuerdos tratados abarcan temas como: el desarrollo de infraestructura para actividades productivas; la gestión del crecimiento urbano; el fortalecimiento de dinámicas barriales; el impulso de proyectos en sectores deprimidos; el reequilibrio de zonas postergadas; el desarrollo de una red vial interior; la promoción de la movilidad sostenible; la mejora de espacios públicos; la recuperación de la relación de la ciudad con el estuario; la adquisición de herramientas para la gestión del desarrollo urbano; la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico; y la mitigación del impacto del cambio climático.

Por su parte, Horacio Varela, ingeniero civil y representante de la UTN, destacó que “estas jornadas participativas son importantes justamente porque nos permiten recabar la información de la mayor parte de la sociedad, todos los representantes de las instituciones están presentes, desde las instituciones barriales a las instituciones académicas. Me parece muy interesante esto de poder convocarnos y tener opinión, y que todos jueguen a hacer ciudad con lo que les está pasando”.

Finalmente, Susbielles subrayó el impacto a largo plazo de este proceso y afirmó que “Bahía Blanca puede generar las condiciones necesarias para el crecimiento, para el desarrollo, para generar infraestructura y fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí en Bahía Blanca. Esto es un gran primer paso en este camino que estamos iniciando para entregar al Concejo Deliberante el nuevo Código de Planeamiento Urbano y la visión urbana de Bahía Blanca para los próximos 30 años”.

Fuente: La Nueva.

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La UCA advierte que la baja de la pobreza está “sobrerrepresentada” y cuestiona la medición del Indec

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está “sobrerrepresentada”. El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.

En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.

Las dos razones del “sesgo” estadístico

Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición:

  1. Mejor captación de ingresos: La encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.
  2. Canastas de consumo desactualizadas: La medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.

El pedido de la UCA al Indec

Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.

El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.

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Senado: Maximiliano Abad reclama al Gobierno cubrir las 337 vacantes judiciales

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El legislador Maximiliano Abad acompañó en el Senado un proyecto de comunicación que reclama al Poder Ejecutivo el envío urgente de los pliegos para cubrir las 337 vacantes judiciales que hoy afectan al servicio de justicia.

“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.

En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.

El senador Abad insistió en que el Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad institucional: “Es indispensable que se envíen los pliegos y que esta Comisión pueda trabajar en la normalización del sistema judicial. Regularizar y fortalecer la Justicia no puede seguir esperando”.

Informe sobre las vacantes en el Poder Judicial

Según un informe presentado por la consejera y jueza Alejandra Provítola, actualmente el 33,6% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal no están cubiertos. Hay 337 vacantes sobre un total de 1.002 cargos.

Ese informe complementario fue elevado a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que advirtió la gravedad de la situación respecto a las vacantes en la Justicia.

De acuerdo con los datos relevados al 26 de agosto de 2025, “la Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1.002 cargos, de los cuales 596 corresponden al fuero federal (59,49%) y 406 al fuero nacional (40,51%). Estos cargos se distribuyen en 470 juzgados, 56 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. Del total, 337 cargos se encuentran vacantes -entre aquellos pendientes de cobertura por el Poder Ejecutivo y los que se hallan en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, lo que equivale al 33.6% del total”.

El documento remarca que de esas 337 vacantes, 176 corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal de CABA, lo que evidencia -según la consejera- una situación especialmente delicada en la Justicia Nacional. Allí, “la concentración de vacantes evidencia una situación crítica, especialmente en juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras nacionales”.

Si bien el año pasado la Comisión de Selección, encabezada por la consejera Fernanda Vázquez, logró la aprobación de muchas ternas que el Gobierno nacional no envió aún al Senado para efectuar las designaciones, Provítola recordó que en 2023 se había planteado “la necesidad de avanzar rápidamente con los concursos vinculados con la Justicia Nacional”. “A la fecha alcanzan los 23 concursos ante este Consejo, que implica 136 vacantes que representa el 43,38% de las vacantes cuyo trámite nos ocupa”, precisó.

El informe detalla -además- el número de concursos y cargos en juego en distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se contabilizan cinco concursos para seis vacantes; en la de Resistencia, cuatro para cinco vacantes; en la de Rosario, siete para 18; y en la de Córdoba, seis para ocho vacantes.

La consejera sostuvo que esta situación “pone de manifiesto la imperiosa necesidad de agilizar la sustanciación de los concursos, ya que la falta de cobertura de cargos vacantes no solo compromete el normal desenvolvimiento de los tribunales y la adecuada distribución de tareas entre los magistrados y funcionarios, sino que, además, impacta directamente en la ciudadanía, al prolongar la resolución de conflictos y menoscabar el acceso a la justicia”.

Finalmente, pidió que el Consejo avance de manera urgente: “Entendemos la necesidad de pronunciarnos en torno al pronto avance y resolución de los procesos de Selección de Magistrados en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura de vacantes de los Fueros Nacionales y Federales del país”.

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Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Fernández

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.

El fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, compuesta por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar (votó en disidencia), confirmó la decisión de agosto que había dictado el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. El beneficio, que también alcanza a los demás condenados en la causa Vialidad, evita que abonen al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos.

Ante el pedido formulado por la defensa de la expresidenta, el magistrado analizó si en la causa ocurrió una inactividad procesal útil de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia, que implica la caída del proceso judicial, pero no decide sobre la cuestión ni produce la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.

Frente a esto, el Gobierno nacional apeló esa decisión y argumentó que esa sentencia es arbitraria porque soslayó actos procesales anteriores a la notificación de la suspensión del proceso que son relevantes. Sin embargo, los camaristas, por mayoría, le dieron la razón al juez de primera instancia. (DIB)

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