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Auditorias de la SIGEN: la UNS será una de las primeras

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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzará por auditar 26 universidades publicas que ya firmaron un convenio de control con el organismo. Una de las primeras, será la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca.

Esto será una de las primeras medidas tomadas por el órgano interno de control, tras el dictamen del Gobierno, que habilita a revisar las finanzas de las instituciones.

Cabe destacar que desde el 2023, la Sindicatura General de la Nación realizó acuerdos con facultades públicas que aceptaron someterse a las inspecciones. La decisión fue por cuenta propia, a pesar de la resolución firmada por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, que indicaba que las auditorías sobre las facultades eran una “vulneración a la autonomía”.

En la SIGEN reconocen que pueden existir algunas universidades que decidan judicializar la medida, argumentando que no se pueden entrometer en la autarquía y autonomía de cada casa de altos estudios, otorgadas por la Constitución Nacional.

Un pedido de auditoría, que tiene fuerza ejecutiva, puede ser frenado con una medida cautelar, donde el juez falle a favor de las facultades.

Luego del anuncio, el organismo se enfocará en auditar en primer lugar las universidades que se adhirieron a los convenios y que ya tienen un plan de auditoría planificado.

Según confirmó este medio, los controles van por partes, y solo serevisan determinadas áreas. El sistema de compras de las instituciones sería uno de los primeros en ser revisado. Para las que no tienen el acuerdo se deberá detallar un proyecto auditor y también “tener el instinto para revisar dónde podría llegar a haber anomalías”.

La SIGEN solo tiene poder para inspeccionar la administración de fondos, es decir, si las universidades cumplen con las licitaciones, qué compras hacen, a quién contratan y por cuánto dinero. “Es una oportunidad de mejora”, advierten desde el Ejecutivo.

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El Gobierno canceló el desfile militar del 9 de Julio tras haberlo recuperado el año pasado

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El gobierno de Javier Milei decidió suspender este año el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia que debería realizarse el próximo miércoles 9 de julio, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa a Noticias Argentinas.

Según trascendió, la decisión se adoptó con la idea de ahorrar el gasto de fondos públicos que obliga un evento con ese despliegue, aunque no deja de sorprender ya que el año pasado la gestión libertaria realizó el desfile, destacando su importancia y recuperándolo luego de que no se llevara a cabo durante la administración anterior de Alberto Fernández.

Aquel desfile es recordado también por haber registrado la última imagen de Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel posando juntos y sonrientes, mientras se encontraban subidos a un tanque militar.

Poco después de aquel evento, la relación entre ambos continuó escalando en tensión hasta seguir caminos separados y prácticamente sin retorno, por lo que desde allí sólo compartieron muy pocos actos públicos en los que entre ellos primó la distancia y la frialdad.

El desfile del 9 de julio de 2024 se realizó con toda la parafernalia militar, sobre un tramo específico de avenida del Del Libertador en el barrio porteño de Palermo, donde se presentaron más de 6.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, junto a más de 2.000 veteranos de la Guerra de Malvinas.

Pero este año prevaleció la “motosierra” y Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa, encargados de organizar en conjunto el desfile militar, resolvieron no realizarlo.

El del año pasado implicó un costo de más de 720 millones de pesos (720.000 dólares al tipo de cambio oficial de aquel momento) y, si se actualiza por inflación, su realización de este año demandaría casi 1.000 millones de pesos.

El desfile militar del 9 de Julio fue una tradición durante décadas, hasta que se dejó de llevar a cabo con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia. Durante las dos gestiones posteriores de Cristina Kirchner tampoco se realizaron y se retomaron cuando Mauricio Macri asumió la Primera Magistratura.

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Discapacidad: Traspie del Gobierno en Senado. Radicales y Peronistas emiten dictamen

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Peronistas y radicales emitieron hoy un dictamen en favor del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, con el fin de actualizar las prestaciones y las pensiones, lo que implica un nuevo traspié para el oficialismo que rechaza esta iniciativa.

La iniciativa fue debatida en la comisión de Población y Desarrollo Humano, que preside la legisladora k Stefanía Cora, y logró el respaldo de 8 firmas de Unión por la Patria y 3 de la UCR con disidencias parciales.

De todos modos, el proyecto debe ser tratado en la comisión de Presupuesto, que preside el libertario Ezequiel Atauche, que se resiste a convocar a ese organismo como pidieron en una nota los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y  la legisladoras de Provincias Unidas, Alejandro Vigo, del PRO Guadalupe Tagliaferri.

Si el oficialismo no abre la comisión de Presupuesto, la oposición pedirá una sesión especial para tratarla sobre tablas junto con el aumento de las jubilaciones la próxima semana.

La iniciativa fue aprobada en diputados por 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones.

El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

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Kicillof repudió las detenciones por el escrache frente a la casa de Espert

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió este jueves a cuestionar el ajuste del Gobierno de Javier Milei y también repudió las detenciones por el escrache frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert, y que tiene a una funcionaria provincial tras las rejas.

Al ser consultado sobre la detención de la militante Alexia Abaigar, el gobernador condenó el accionar de la Justicia y exigió la liberación, pero vinculó esto a un accionar del Gobierno nacional. “Condenar y exigir la liberación”, arrancó Kicillof. Y agregó: “Esto forma parte de un clima autoritario y de agresiones deliberadas a la democracia”.

De esta manera, se metió en el caso que mantiene al kirchnerismo en alerta por la detención, días atrás, de Abaigar por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y a pedido de Espert, por la denuncia que realizó respecto del excremento que le tiraron en la puerta de su casa.

En ese sentido, Kicillof aseguró que las detenciones contra militantes peronistas “forman parte de la misma persecución política que condenó a Cristina” Fernández y exigió “la inmediata liberación de todos los detenidos”.

“Hay un desenfreno autoritario que se combate, pero hay que frenarlo con el voto”, dijo en declaraciones a El Destape Radio, y agregó: “Hay un permanente intento de asociar al candidato Espert con determinadas cuestiones”.

Además, el mandatario dijo que el Gobierno utiliza como método de comunicación la estrategia de correr el eje de la discusión, sobre todo por los problemas económicos que enfrenta. “Insulta a Ricardo Darín o artistas populares. Después contra científicos, periodistas”, dijo, y allí vinculó con lo sucedido en el caso Espert: “Pero allanamientos a mitad de la noche están por fuera de una cuestión de comunicación, es escandaloso”.

El miércoles, en medio de la polémica por la decisión de trasladar al penal de Ezeiza a Alexia Abaigar,  Arroyo Salgado ordenó el allanamiento a la Municipalidad de Quilmes y varios domicilios particulares en horas de la madrugada. (DIB)

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