Conecta con nosotros

Destacado

El Gobierno avanza contra la ideología de género con nuevas medidas en cárceles y en salud

Publicado

en

En una nueva medida enmarcada en su cruzada contra la ideología de género, el gobierno de Javier Milei anunció la prohibición de los traslados en cárceles por cambio de género autopercibido y la modificación de la Ley de Identidad de Género para restringir los tratamientos hormonales y cirugías en menores de 18 años. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su última conferencia de prensa.

“El gobierno nacional decidió prohibir los traslados en cárceles a raíz de cambios de género. Esto quiere decir que si un condenado está en una cárcel de hombres ya no va a pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal”, afirmó Adorni.

El funcionario citó un caso ocurrido en la provincia de Córdoba: “El año pasado, un hombre condenado por un delito que incluía violencia de género dijo autopercibirse mujer y luego de ser trasladado a una cárcel de mujeres abusó de otras internas”. Según el vocero, este tipo de situaciones “demuestra que el sistema actual se convirtió en una herramienta para aquellas personas condenadas, incluso por violencia hacia las mujeres, para que puedan volver a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres”.

Adorni enfatizó que la decisión del Gobierno “va a permitir ir hacia un sistema mucho más razonable que garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género”.

 

Cambios en la Ley de Identidad de Género

En la misma línea, el vocero también anunció que “el gobierno nacional decidió modificar la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años“. Explicó que la normativa vigente, sancionada en 2012, “permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen”, y que esto aplica tanto a adultos como a menores de edad.

“De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben”, detalló Adorni. Además, advirtió que si bien estos procedimientos requieren el consentimiento de los padres, “si alguno de ellos decide no otorgarlo, se puede incluso apelar a un juez para que lo autorice”. En ese sentido, calificó a estas intervenciones médicas como “un grave riesgo a la salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración”. Adorni también hizo referencia a los efectos de estos procedimientos: “En muchos casos, los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles”.

En la reanudación de las paritarias, el gobierno de Axel Kicillof escuchó el pedido de los gremios pero no hubo oferta.

El funcionario citó ejemplos internacionales para justificar la medida: “Países pioneros del cambio de género como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y, hasta recientemente, Estados Unidos, están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo”. Y concluyó: “Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección”.

Un contexto de batalla cultural

Estas decisiones se inscriben en un contexto de abierta confrontación del gobierno deJavier Milei contra la ideología de género y sus principales exponentes. En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente sostuvo que “la ideología woke es un cáncer que hay que extirpar”, restándole valor a la figura del femicidio y vinculando a la comunidad LGBT+ con la pedofilia a través de un ejemplo generalizado. Poco después, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el Gobierno buscará eliminar la figura del femicidio del Código Penal.

Estas declaraciones generaron una masiva marcha en repudio el pasado sábado, en defensa de los derechos de identidad y de género. Posteriormente, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, Milei reafirmó sus posturas, asegurando que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos“.

Con esta serie de medidas y declaraciones, el oficialismo profundiza su ofensiva contra la perspectiva de género, en un contexto de creciente polarización política y social.

Fuente: Infocielo.

Advertisement

Destacado

Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

Publicado

en

El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

Continue leyendo

Destacado

Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

Publicado

en

Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

Continue leyendo

Destacado

Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Publicado

en

La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

Continue leyendo
Advertisement

Trending