La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confesó que hay posibilidades de afiliarse a La Libertad Avanza, pese a que aún integra las filas del PRO, y aseguró que es “parte completa del proyecto” de Gobierno.

“Es un tema que todavía no lo hemos hablado. La pertenencia del gobierno me da una pertenencia completa al proyecto”, sostuvo en una entrevista a Radio Rivadavia tras ser consultada por el periodista Ignacio Ortelli, y agregó: “Así que es como en mi vida, tengo hijos, tengo marido, pero nunca me casé”.

En la misma línea, sumó: “Esos papeles pueden ser importantes o no, porque yo soy parte completa de este proyecto. Tengo total afinidad, y estoy empujando el carro además”.

La funcionaria expresó además que todos los días “hay dirigentes del PRO que están haciendo acuerdos territoriales con LLA y que ya directamente pasan a ser parte”, y anticipó un “éxodo muy grande” del partido que lidera Mauricio Macri.

“El ciudadano que vota el PRO quiere ver a sus dirigentes apoyando al gobierno, no mirándole el pelo al huevo”, precisó en plena interna del partido amarrillo por el rol que debe asumir el espacio ante la administración libertaria.

Asimismo, insistió: “Lo que quiere la gente es que pongamos todas las fuerzas, que empujemos, no que estemos mirando a ver si hay algo sucio dentro del auto. Esa es mi actitud como parte del PRO”.

Por último, Bullrich evitó comprar la gestión de Macri con la de Javier Milei, pero reveló que en la actualidad tiene más espacio para tomar sus propias decisiones. “Estoy menos contenida. Más zafada. Tengo más posibilidad de hacer lo que creo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que pienso que me toca hacer en las áreas que el Presidente me ha encomendado”, detalló.

“Es decir, más desatada. No quiero hacer comparaciones, pero el país necesitaba gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Menos especulación, más para adelante, más fuerza, más decisión, más coraje”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas.

La subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, confirmó su renuncia luego de haberse desempeñado como responsable de área de medio ambiente desde diciembre de 2023, momento en que asumió el presidente Javier Milei.

Según trascendió, las razones que habría dado la abogada y especialista en Derecho Ambiental no están vinculadas con su desempeño, sino que se relacionan con cuestiones “personales” y “agotamiento”.

En los últimos días, fue muy cuestionada debido a que la subsecretaría que ella comandaba destinó recursos públicos para el mantenimiento de aires acondicionados en sus oficinas y solicitó fondos para resolver una plaga de ratas en sus dependencias, según lo informa un pliego publicado el 4 de febrero de 2025.

Las críticas surgieron porque le adjudicaron a Lamas tener otras prioridades, en vez de destinar presupuesto a resolver los incendios forestales que continúan hace semanas en el sur del país.

En el último bimestre del año pasado, la ahora ex funcionaria había protagonizado una situación poco afable debido a que, por orden expresa del Presidente de la Nación y a través del canciller Gerardo Werthein, tuvo que retirarse de la Conferencia de Naciones sobre Cambio Climático (COP29) que se llevó cabo en Bakú, Azerbaiyán: “Nos retiramos por instrucciones del servicio exterior”, confirmó en su momento Lamas.

De esa manera, el Gobierno Nacional se diferenció del Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas, que critica la Agenda 2030 y por lo que, en su momento, Lamas había asegurado que Milei “cree que el cambio climático no es 100% producido por las actividades humanas”.

Fuente: Noticias Argentinas.

Desde la asociación civil Ser Comunidad, Diego Fonseca, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos la preocupación que generan las decisiones que viene adoptando el gobierno de  Javier Milei que atentan contra el derecho al acceso a una vivienda digna.

En particular se refirió al cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda y a las eliminaciones del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

“Es una decisión política que nos preocupa, como todas las decisiones que atenten contra el bien común. La vivienda es un derecho humano y está reconocido internacionalmente y también en la Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia de Buenos Aires”, enfatizó.

Por eso, recalcó que la cuestión habitacional tiene que ser central en cualquier política de Estado porque son los estados los que deben ejercer la función de ser el principal garante del bien común.

“La vivienda debería ser un bien social, que toda la gente que lo necesite pueda resolver su situación y concrete así el sueño del techo propio”, subrayó.

Aunque admitió que en la puja entre el bien común y el derecho a la propiedad privada no siempre la vivienda es un bien social, sino que, por el contrario, pasa a ser un bien del mercado, “al cual acceden pocos”.

“Es muy difícil acceder a una vivienda o a un lote en la situación en la que está la sociedad. Por eso es tan importante la presencia del Estado, que garantice la concreción de este derecho y que regule”, insistió.

Sobre la concepción del gobierno de Javier Milei de que sea el privado el que se haga cargo, en este caso, de los desarrollos en materia habitacional, Fonseca advirtió que acá no cabe esa lógica porque se habla de que cada persona resuelva su situación de acceso a la vivienda a través del mercado y “hay mucha gente que no lo puede hacer”.

Agregó que mucha preocupación generó, también, la eliminación del PROCREAR que, destacó, permitió a la clase media poder resolver el acceso a la vivienda, y del Fondo de Integración Socio-Urbanístico.

Sobre cómo afectan estas decisiones políticas a Bahía Blanca, especificó que en la ciudad hay más de 30 villas y asentamientos precarios que los que si el Estado no está ordenando, regulando, haciendo obras y llevando los servicios básicos, “nadie lo hace”.

“Todo eso se estaba encarando a través del FISU. Que el Estado derogue un fondo de esta característica afecta directamente a muchas familias, en Bahía Blanca. Sobre alrededor de 10.000 familias las que viven en estas más de 30 villas y asentamientos precarios”, alertó, por último.

Fuente: Frente al Cano.