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Política Nacional

Gobierno: los mapuches de RAM en categoría “terrorista” y responsables de los incendios en la Patagonia

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El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina registró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida se fundamenta en un informe técnico-jurídico que detalla las actividades de la organización en el país y su impacto en la seguridad nacional.

Marco normativo y regulación estatal  
La inscripción de la RAM en el RePET se ampara en la Ley de Ministerios N° 22.520 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que establecen la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Nacional en la preservación del orden público. Además, el Decreto N° 918/2012 regula la inclusión en este registro de personas o entidades vinculadas a actos que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional.

Actividad y estructura de la RAM  
La RAM ha operado en Argentina por más de 15 años, con presencia en Neuquén, Río Negro y Chubut, y conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile. Sus acciones incluyen incendios, ataques con armas, usurpaciones, sabotajes a infraestructuras y amenazas a la población.

El informe menciona que la agrupación ha cometido delitos contra la propiedad y la seguridad pública, promoviendo la resistencia violenta contra el Estado y la propiedad privada. Se ha identificado a Francisco Facundo Jones Huala como uno de los líderes del movimiento, con antecedentes en la justicia chilena por su participación en actividades similares.

Impacto y riesgos en la seguridad nacional 
El documento detalla que la RAM ha afectado la producción, el comercio y el turismo en la Patagonia, además de haber provocado incendios forestales con consecuencias ambientales y económicas significativas. La organización es señalada por generar temor en las comunidades mediante acciones violentas y bloqueos de rutas.

Listado de hechos atribuidos a la RAM (2010-2025) realizado por el Gobierno

2010  
– 14 de julio – Cipolletti: Atentado con bomba molotov en la Policía de Cipolletti, que provocó la muerte de un barrendero municipal.

2012  
– 7 de marzo – Pilo Lil, Neuquén: Homicidio del sargento de la Policía de Neuquén José Aigo.

2013  
– Septiembre – Bariloche: Ataque con bomba molotov contra el Consulado de Chile.
– 15 de diciembre – Epuyén: Incendio intencional en plantaciones forestales de una empresa privada.

2014  
– 12 de octubre – Bariloche: Incendio del refugio Neumeyer.
– 30 de diciembre – Chubut: Ataques a vehículos en la Ruta Nacional 40.

2015  
– 13 de marzo – Leleque: Usurpación de tierras.
– 18 de abril – Esquel: Corte de la Ruta 40 y enfrentamiento con la Policía de Chubut.
– 11 de junio – Chubut: Incendio de casillas forestales.
– 31 de octubre – Bariloche: Secuestro, robo e incendio de un puesto rural.

2016  
– 3 de julio – Chubut: Impedimento de tareas en la red de gas Camuzzi.
– 31 de agosto – Epuyén: Emboscada con armas de fuego a la Policía de Chubut.

2017 
– 6 de julio – Bariloche: Incendio del refugio San Martín.
– 21 de julio – Epuyén: Incendio en un puesto rural, con reducción y amenazas al puestero.
– 1 de agosto – Chubut: Lesiones graves a personal de Gendarmería Nacional.
– 1 de agosto – El Maitén: Incendio de la estación ferroviaria “La Trochita”.

2018 
– Enero – Villa Mascardi: Incendio de la cabaña “La Escondida”.

2019  
– 10 de agosto – Villa Mascardi: Incendio de tres cabañas en un complejo vacacional.

2020
– 11 de febrero – Villa Mascardi: Ataque a turistas con aceite hirviendo.
– 20 de mayo – Villa Mascardi: Incendio de una vivienda habitada por policías.

2021  
– 4 de octubre – Bariloche: Incendio de un galpón de Vialidad Nacional.
– 20 de octubre – El Bolsón: Incendio del Club Andino Piltriquitrón.

2022
– 21 de julio – El Bolsón: Ataque a un matrimonio e incendio de un complejo de cabañas.
– 4 de octubre – Villa Mascardi: Desalojo de tierras y represalias con ataques en Esquel y El Bolsón.

2023 
– 16 de enero – Cerro Currumahuida, Chubut: Incendio forestal de grandes dimensiones.

2024 
– 28 de enero – Parque Nacional Los Alerces: Incendio que consumió 1.000 hectáreas.

2025 
– 5 de febrero – El Maitén y El Pedregoso: Ocho focos de incendio en la Patagonia tras declaraciones de Jones Huala.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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