Con buenas sensaciones para el Gobierno y un saldo más que positivo en la comparativa con años anteriores, la Cámara de Diputados bajó el telón del período de sesiones extraordinarias y recién volvería a abrir el recinto para votar proyectos de ley en marzo, después de la Asamblea Legislativa.
A diferencia del Senado, que prepara su primera y única sesión para el 20 de febrero, la Cámara baja ya no podrá volver a sesionar por restricciones puramente reglamentarias.
Sucede que -de acuerdo al reglamento- la firma de los dictámenes de proyectos debe realizarse al menos diez días antes del último día del período de extraordinarias.
Eso significa que si al oficialismo o a la oposición le interesaba someter a votación otro proyecto antes del 21 de febrero, como por ejemplo la Ley de Quebrantos (único expediente que faltó tratar del temario de extraordinarias), resultaba necesario avanzar con la firma del dictamen como máximo el 11 de febrero.
Así lo aclaró el miércoles pasado en plena sesión por Ficha Limpia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en diálogo con los medios acreditados, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.
Más allá de que el último tramo de extraordinarias estará desprovisto de actividad, el resultado es altamente satisfactorio para el oficialismo en Diputados: dos sesiones y cuatro proyectos de ley aprobados de los cinco que habían ingresado por mesa de entradas de la cámara.
El primer proyecto aprobado -el que más obsesionaba al Gobierno- fue la Ley de Fortalecimiento Electoral que suspendió las PASO del cronograma de este año.
El Gobierno alcanzó al objetivo con mucha holgura: necesitaba 129 votos y cosechó 162.
Con esta reforma electoral, que aún debe refrendarse en el Senado, los partidos políticos tendrán un margen mayor de tiempo para ordenar sus internas y definir sus listas de candidatos puertas adentro, sin participación ciudadana.
Entre los motivos que justifican la reforma aparecen razones de índole fiscal (ahorro presupuestario), de simplificación del calendario electoral, y de conveniencia política (el presidente Javier Milei tendrá mayor peso en la confección de las listas libertarias y evitará la competencia por adentro que puedan plantearle bloques aliados como el PRO).
Más allá de estas motivaciones, en la sesión del 6 de febrero el oficialismo se dio el gusto de partir a varios bloques de la oposición, muy especialmente a Unión por la Patria.
Después del ridículo que debió sufrir el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, por la fuga de diputados de provincias del norte que estamparon la firma en el dictamen del Gobierno, el cuadro de desbande y anomia se profundizó en el recinto.
Como en ningún otro tema anterior, Unión por la Patria se atomizó tanto. Votaron junto al gobierno 25 diputados nacionales, mientras que 24 se abstuvieron y apenas 43 siguieron los deseos de Cristina Kirchner rechazando la reforma electoral.
Hasta el propio santafesino, que antes del plenario de comisiones alardeaba con jactancia que en Unión por la Patria el Gobierno no iba a conseguir ningún apoyo, tuvo que disimular el desparrame del bloque optando él mismo por abstenerse para mostrarse ecuménico.
La disfuncionalidad de Unión por la Patria, que describe la falta de liderazgo en el peronismo por el debilitamiento de la figura de Cristina Kirchner, quedó maquillada en la discusión por Ficha Limpia.
Allí no hubo fisuras: los 92 diputados de UP presentes en la sesión (los otros seis estuvieron ausentes) cerraron filas votaron monolíticamente para no modificar las reglas de juego y así beneficiar indirectamente a Cristina Kirchner, cuya postulación este año está amenazada por la sanción de esta ley.
Sin embargo, no alcanzó: todo el espectro de la oposición dialoguista votó el miércoles pasado junto a La Libertad Avanza y el PRO y pusieron la pelota en el campo del Senado, que ahora deberá decidir.
La iniciativa, de convertirse en ley, impedirá que personas condenadas en segunda instancias por delitos de corrupción puedan ser candidatas o asumir en la función pública.
Para el kirchnerismo, el objetivo de Ficha Limpia es lisa y llanamente la proscripción de Cristina Kirchner, la dirigente del peronismo mejor posicionada según las encuestas para competir en la provincia de Buenos Aires.
Más allá de que el pronóstico para el Senado no sea alentador para el Gobierno, el dato político a subrayar es que La Libertad Avanza, que se encuentra en franca minoría cuantitativa, sigue marcando el pulso parlamentario.
El escenario actual describe un oficialismo en alza, que busca recrear la alianza parlamentaria con dialoguistas (después de un fin de año agitado por los vetos a las leyes jubilatoria y universitaria), y un peronismo en baja, que salió más fragmentado y deshilachado que nunca en la última votación por la reforma electoral.
Con la triple victoria de la primera sesión (en la que además de la reforma electoral logró aprobar la Ley de Juicio en Ausencia y la Ley de Reiterancia), sumado a Ficha Limpia, el Gobierno encadenó cuatro media sanciones de proyectos en menos de una semana.
El temario de extraordinarias incluía además un quinto proyecto en el temario, la Ley de Quebrantos, pero ésta no pudo superar el filtro de comisiones porque el PRO tenía diferencias diferencias insalvables con el método de cálculo de las actualizaciones.
De cualquier forma, el haberse anotado cuatro de cinco posibles no está para nada mal para el Gobierno libertario, que apenas tiene 39 integrantes propios en la Cámara baja.
Y es aún más destacable si se lo compara con la gestión de Alberto Fernández, quien solía convocar a sesiones extraordinarias con temarios muy extensos y poco realistas, sin cerciorarse de que estaban los votos para aprobar esos proyectos.
La enorme mayoría de esos proyectos naufragaba y terminaba ahogándose en extraordinarias sin siquiera tratarse; y el oficialismo salía derrotado pese a tener más de un centenar de diputados propios.
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