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Política Nacional

Escándalo cripto: abogado constitucionalista aseguró Milei no tendrá consecuencias penales pero sí políticas

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El abogado constitucionalista Felix Lonigro habló del escándalo cripto que protagonizó el presidente Javier Milei, luego de promocionar la moneda $Libra que se desplomó tras su posteo, y vaticinó que el mandatario no tendrá consecuencias penales pero sí políticas.

“No es fácil el juicio político, pero este escándalo seguramente empiece a erosionar la credibilidad que popularmente Milei tiene”, sostuvo en declaraciones a Splendid – 990, y aclaró: “Desde el punto de vista penal, para Milei, no creo que las consecuencias sean mayores, pero desde el punto de vista político sí”.

En la misma línea, el letrado aseguró que el mandatario tiene derecho a expresarse, pero aclaró que su libertad de expresión, en algunos casos, está condicionada. “Todos tenemos derecho de opinar sobre un fallo judicial, pero el Presidente de la Nación no porque lidera un gobierno en el marco de un sistema republicano en virtud de la cual una de las características es la independencia del Poder Judicial”, ejemplificó.

“Tuvimos un Presidente que, con su intemperancia, esclavo de su propia lengua, se largó a hacer referencia a una criptomoneda, que en definitiva no es un bono del Estado”, repasó, y añadió: “Inmediatamente aparecen las suscripciones a la moneda y demás. Se eleva su cotización en poco tiempo, hace que muchos generen enormes ganancias con esto y después de pronto empieza a caer y deja a muchos tecleando y ahí es donde la responsabilidad del Presidente empieza a fallar”. 

Asimismo, Lonigro remarcó: “Acá hay dos responsabilidades: una responsabilidad penal, si se comete un delito, y una responsabilidad política que pasa por la determinación del mal desempeño por parte del Congreso de la Nación”.

“¿Hubo delito en este caso? Algunos dicen, un tuit no es delito. Claro que un tuit no es delito. Ahora, si yo con un tuit incurro en apología del delito, en intimidación, en amenaza y demás, entonces sí el tuit es delictivo. Acá pasa igual. ¿Hay delito? Habría que ver si ahí no hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, si ahí no hubo estafa, si no hubo estafa en la industria, el comercio”, desarrolló.

Por su parte, insistió en que “hay una responsabilidad política”, por lo que destacó que el Congreso inicie una investigación de la promoción del mandatario. “Esto va a servir, no solamente para poner en orden la responsabilidad penal, sino también para que al Presidente su propia lengua le meta un sacudón”, afirmó.

“Venimos con un aluvión de agresiones, y no se salva nadie, eh. Las cantantes, sus colegas, los opositores, los economistas, acá están todos metidos en ese vendaval intemperante. A lo mejor esto le mete un freno, pero que indudablemente va a tener repercusiones políticas en el Congreso, es así, y me parece muy bien que así sea. Vamos a ver en qué termina”, subrayó.

Tras los argumentos que sostienen que el mandatario utilizó su cuenta personal, el abogado remarcó que “por más que sea personal, no lo exime al presidente de, a través de la palabra y a través de la libertad de expresión, incurrir en la comisión de delitos”.

“Desde el punto de vista constitucional, acá lo que está en juego es la responsabilidad política por mal desempeño del Presidente o comisión de delitos. Cuando el Congreso somete al Presidente a juicio política lo hace o por mal desempeño o porque ha cometido algún delito”, aclaró tras el pedido de Unión por la Patria, y sumó: “En este sentido el Congreso de la Nación tiene autonomía para decidir si el Presidente cometió un delito y lo puede echar. Por ahí después interviene la Justicia y dice que no hubo delito”.

Por último, el letrado celebró que el mandatario haya impulsado una investigación, aunque descartó la participación de la Oficia Anticorrupción ya que depende del Poder Ejecutivo. “Los fiscales de oficio tienen que actuar y está bien que se investigue porque acá efectivamente hubo algunos que se beneficiaron y tantísimos otros que se perjudicaron y todo fue gracias al desborde presidencial”, concluyó.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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