El abogado constitucionalista Felix Lonigro habló del escándalo cripto que protagonizó el presidente Javier Milei, luego de promocionar la moneda $Libra que se desplomó tras su posteo, y vaticinó que el mandatario no tendrá consecuencias penales pero sí políticas.
“No es fácil el juicio político, pero este escándalo seguramente empiece a erosionar la credibilidad que popularmente Milei tiene”, sostuvo en declaraciones a Splendid – 990, y aclaró: “Desde el punto de vista penal, para Milei, no creo que las consecuencias sean mayores, pero desde el punto de vista político sí”.
En la misma línea, el letrado aseguró que el mandatario tiene derecho a expresarse, pero aclaró que su libertad de expresión, en algunos casos, está condicionada. “Todos tenemos derecho de opinar sobre un fallo judicial, pero el Presidente de la Nación no porque lidera un gobierno en el marco de un sistema republicano en virtud de la cual una de las características es la independencia del Poder Judicial”, ejemplificó.
“Tuvimos un Presidente que, con su intemperancia, esclavo de su propia lengua, se largó a hacer referencia a una criptomoneda, que en definitiva no es un bono del Estado”, repasó, y añadió: “Inmediatamente aparecen las suscripciones a la moneda y demás. Se eleva su cotización en poco tiempo, hace que muchos generen enormes ganancias con esto y después de pronto empieza a caer y deja a muchos tecleando y ahí es donde la responsabilidad del Presidente empieza a fallar”.
Asimismo, Lonigro remarcó: “Acá hay dos responsabilidades: una responsabilidad penal, si se comete un delito, y una responsabilidad política que pasa por la determinación del mal desempeño por parte del Congreso de la Nación”.
“¿Hubo delito en este caso? Algunos dicen, un tuit no es delito. Claro que un tuit no es delito. Ahora, si yo con un tuit incurro en apología del delito, en intimidación, en amenaza y demás, entonces sí el tuit es delictivo. Acá pasa igual. ¿Hay delito? Habría que ver si ahí no hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, si ahí no hubo estafa, si no hubo estafa en la industria, el comercio”, desarrolló.
Por su parte, insistió en que “hay una responsabilidad política”, por lo que destacó que el Congreso inicie una investigación de la promoción del mandatario. “Esto va a servir, no solamente para poner en orden la responsabilidad penal, sino también para que al Presidente su propia lengua le meta un sacudón”, afirmó.
“Venimos con un aluvión de agresiones, y no se salva nadie, eh. Las cantantes, sus colegas, los opositores, los economistas, acá están todos metidos en ese vendaval intemperante. A lo mejor esto le mete un freno, pero que indudablemente va a tener repercusiones políticas en el Congreso, es así, y me parece muy bien que así sea. Vamos a ver en qué termina”, subrayó.
Tras los argumentos que sostienen que el mandatario utilizó su cuenta personal, el abogado remarcó que “por más que sea personal, no lo exime al presidente de, a través de la palabra y a través de la libertad de expresión, incurrir en la comisión de delitos”.
“Desde el punto de vista constitucional, acá lo que está en juego es la responsabilidad política por mal desempeño del Presidente o comisión de delitos. Cuando el Congreso somete al Presidente a juicio política lo hace o por mal desempeño o porque ha cometido algún delito”, aclaró tras el pedido de Unión por la Patria, y sumó: “En este sentido el Congreso de la Nación tiene autonomía para decidir si el Presidente cometió un delito y lo puede echar. Por ahí después interviene la Justicia y dice que no hubo delito”.
Por último, el letrado celebró que el mandatario haya impulsado una investigación, aunque descartó la participación de la Oficia Anticorrupción ya que depende del Poder Ejecutivo. “Los fiscales de oficio tienen que actuar y está bien que se investigue porque acá efectivamente hubo algunos que se beneficiaron y tantísimos otros que se perjudicaron y todo fue gracias al desborde presidencial”, concluyó.
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