La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dejó sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024 para la operación de la Vía Navegable Troncal Hidrovía, el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino.

La decisión, que se tomó en medio de fuertes controversias por la falta de competencia en el proceso, incluye además la remisión del caso a la Justicia para investigar posibles maniobras anticompetitivas.  

La licitación solo recibió una oferta, proveniente de la empresa belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), tras la sorpresiva deserción de Jan de Nul, actual concesionaria del mantenimiento del dragado de la Hidrovía. En un escrito dirigido a las autoridades, Jan de Nul argumentó que se retiró del proceso debido a impugnaciones de sus competidores, una “durísima campaña mediática” en su contra y la exigencia de condiciones que, según la firma, excedían el alcance tradicional del servicio.

La decisión de anular el proceso generó incertidumbre en la administración de Javier Milei. Funcionarios de la agencia realizaron frenéticas consultas con Casa Rosada luego de recibir una única propuesta, lo que terminó por definir la cancelación de la licitación. Ahora, el Gobierno deberá decidir cómo garantizar la continuidad del servicio en un tramo clave de la Hidrovía, que moviliza el 80% del comercio exterior del país y es fundamental para la competitividad frente a Brasil.

El rol de Iñaki Arreseygor en la ANPYN

El organismo encargado de llevar adelante la licitación y su posterior anulación está bajo la conducción de Iñaki Miguel Arreseygor, abogado con un máster en administración de negocios y con trayectoria tanto en el sector público como en el privado.

Arreseygor inició su carrera política como asesor en Asuntos Constitucionales y de Medios en el Senado de la Nación y luego trabajó en estudios jurídicos de renombre, como M&M Bomchil y Marval, O’Farrell & Mairal. Durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, ocupó el cargo de gerente de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Su ascenso en la función pública se consolidó durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde en 2015 fue designado director provincial de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Luego, pasó a ocupar un lugar clave en el sector empresarial como representante del Estado en Mirgor, empresa de Nicolás Caputo dedicada a la producción de aires acondicionados y celulares, en la que la Anses tiene participación accionaria.

En mayo de 2024, reemplazó a Pablo Piccirilli como subsecretario de Puertos y Vías Navegables y, tras la disolución de la Administración General de Puertos (AGP SAU), fue designado como director ejecutivo de la ANPYN, el nuevo ente autárquico encargado de la gestión de la Hidrovía y los puertos nacionales.

Ahora, bajo su gestión, la administración Milei enfrenta el desafío de rediseñar el proceso licitatorio para el mantenimiento de la Hidrovía en un contexto de fuerte incertidumbre y sospechas de competencia desleal. El Gobierno sigue esperando explicaciones de otras empresas que no participaron del proceso, mientras que aún no hay precisiones sobre cuándo se lanzará una nueva licitación.

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, encabezó este domingo el acto de la juventud libertaria, que convocaron junto a la legisladora porteña y titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Pilar Ramírez, y que contó con la presencia de la agrupación “La Carlos Menem”.

Efectivos de la Policía rodearon la puerta del Club Pinocho (Manuela Pedraza 5139) del barrio de Villa Urquiza, a la espera de la llegada de la hermana del Presidente.

La funcionaria no emitió ninguna palabra ni conversó con ninguno de los medios presentes a su llegada, que se dio casi al mismo tiempo en que se hizo presente “La Carlos Menem”, que llamó la atención en el lugar en las redes sociales.

Qué es “La Carlos Menem”

Se trata de una agrupación libertaria de jóvenes que persiguen la doctrina del ex presidente de la Nación que comandó la Argentina entre los años 1989 y 1999.

“La Carlos Menem” es una agrupación política argentina recientemente formada, que busca reunir a personas con ideas liberales y peronistas, tomando como figura inspiradora al expresidente Carlos Menem.

Fue lanzada el pasado 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad Peronista.

Puntos clave:

• Ideología: La agrupación se enfoca en la libertad de mercado; Defensa de la propiedad privada; Promoción de una postura firme contra el delito.
• Origen y Liderazgo: El lanzamiento de la agrupación cuenta con el apoyo de figuras dentro de “La Libertad Avanza”; La iniciativa tiene como principal impulsor a Sebastián Pareja.
• Objetivos: Respaldar la gestión del presidente Javier Milei; Promover una Argentina “libre, unida y próspera”; Busca nutrir a La Libertad Avanza de grupos satélites del PJ.

La ex diputada nacional por Coalición Cívica (CC) y abogada Elisa Carrió se refirió a la causa sorbe el vaciamiento de YPF, realizada por ella misma en el año 2006, y declaró que tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, como el posible juez de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, “tienen la obligación de entregar”, de forma total, la documentación del caso a la justicia estadounidense.

En una publicación realizada en sus redes sociales, la ex funcionaria indicó que dicha acción está respaldada por el Artículo Nro. 36 de la Constitución Nacional, por lo cual no habría motivo para no hacerlo.

“Milei, como jefe de Estado, y Lijo, como juez de la Causa que inicié en el año 2006 por el vaciamiento de YPF, tienen la obligación de entregar todo el expediente a la Juez de los Estados Unidos, de acuerdo al art. 36 de la Constitución Nacional, 2da parte. En la que también está incurso Lijo. Quiera Dios no sea juez de la Corte”, señaló categóricamente Carrió.

Estas declaraciones surgen luego de que la Justicia de Estados Unidos pusiera como fecha límite este martes 25 de febrero, para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena por más de 16.000 millones de dólares, que debe pagar la Argentina por la petrolera.

Esto se debe a la presentación que el lunes pasado realizó la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.

También habló al respecto el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que “gracias a la presentación de la ONG” y a la denuncia de Carrió, que Lijo “mantiene cajoneada desde hace años”, la jueza Preska “podría revocar” el fallo contra la Argentina por los 16.000 millones de dólares.