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En Diputados, el Gobierno denunció un “sabotaje” a la licitación de la Hidrovía y amenazó con ir a la Justicia

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El Director Ejecutivo de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, denunció hoy en la Cámara de Diputados un “sabotaje” coordinado por empresas y actores de la política al proceso de licitación para el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal conformada por los ríos Paraná y Paraguay.

En tanto, el funcionario anticipó que desde el Poder Ejecutivo se presentarán ante la Justicia en caso de confirmar que hubo operaciones de “boicot” a la licitación. “Vamos a ser implacables”, amenazó.

El Gobierno lanzó la convocatoria para la licitación de la Hidrovía el 19 de noviembre del año pasado, pero en la apertura de los sobres, ocurrida varios meses después, solamente apareció un solo oferente, la belga DEME.

Esta situación, que motivó fuertes quejas y sospechas por supuesto direccionamiento del Gobierno y falta de transparencia en el proceso, y terminó con el anuncio de la anulación de la licitación por parte del Gobierno.

En respuesta a un pedido que inició el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro en la última sesión, la presidenta de la comisión de Transportes, Pamela Verasay, convocó a Arreseygor, a participar de una reunión informativa.

Al aceptar la invitación y hacerse presente, el funcionario defendió con uñas y dientes la “transparencia” del procedimiento realizado y arremetió duramente contra “la orquesta de medios, ex funcionarios, miembros de la política y empresarios que se coordinaron entre todos para hacer que este proceso licitatorio se cayera” con sus denuncias sobre supuesto “direccionamiento”.

Una coordinación perfecta entre estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante. Lo único que les interesaba era voltear el procedimiento. Lamentablemente vimos lo peor de la política, de la casta, de la rosca de la Argentina de los últimos meses”, disparó

A su criterio, fue “una operación sin precedentes” y apuntó, entre otros nombres pesados, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri. 

También cargó contra diputados nacionales, reconocidos estudios de abogados y medios de comunicación. “Lejos de hacer preguntas se dedicaron a tirar piedras”, recriminó.

Arreseygor recordó que a partir del lanzamiento de la licitación se realizaron 31 mesas participativas “durante dos o tres meses” en las que se hicieron presentes todos los actores “relevantes” vinculados al desarrollo fluvial de la región.

“El contenido de esos pliegos fue convalidado en esas mesas”, resaltó, y lamentó que la “lluvia de operaciones mediáticas comenzara desde el primer momento en que se lanzó la licitación.

“No vi que ninguno haya leído las 3600 páginas del pliego. Todos se llenaron la boca para hablar de direccionamiento. La Justicia por suerte en tres ocasiones nos dio la razón”, aclaró.

Sin embargo, reconoció que el hecho de que apareciera un solo oferente al abrir los sobres de la licitación fue decepcionante para las expectativas que se habían creado.

“Tenemos la presunción de que esa empresa (DEME) presionó al resto de las empresas para que no se presentaran, y de que venían tratando de boicotear el proceso desde el inicio”, conjeturó.

Apoyó esta teoría en el hecho de que “a lo largo de todo el procedimiento, los distintos sectores interesados en participar transmitieron que iban a hacerlo”.

“Hubo una mano misteriosa a ultimo momento que presionó a todos esos actores para que no se presenten”, reforzó.

Al respecto, consideró que “acá el que perdió fue el productor” argentino producto de “la mezquindad política de un grupo de vivos que decidió sabotear el procedimiento”.

“Terminamos viendo un sabotaje que perjudica al productor”, insistió Arreseygor, quien habló de posibles delitos cometidos tanto por las empresas como por el conjunto de actores de la política que pusieron en tela de juicio la licitación.

“De parte de las empresas eso constituye un delito que Defensa de la Competencia está investigando. Y de parte de actores políticos y no políticos, eso constituye el delito de Traición a la Patria”, puntualizó.

“Donde detectemos esas conductas vamos a ir a la Justicia y las vamos a denunciar. Y vamos a ser implacables”, amenazó.

Luego Arreseygor volvió a defender lo actuado por su secretaría al señalar que se hizo “un pliego exigente a la altura del sistema fluvial que de ninguna manera dejaba a ningún actor afuera del procedimiento”.

“Vamos a seguir insistiendo con pliegos exigentes porque no podemos rifar la columna vertebral del comercio exterior de la Argentina por operaciones de dos o tres vivos”, finalizó.

Al abrirse la ronda de debate, Ferraro ratificó su postura de que en la licitación de la Hidrovía hubo “improvisación, hubo negligencia y hubo impericia”. 

“Nos hubiera gustado poder conversar sobre esto siete meses atrás, y estamos hoy, en el mes de febrero del 2025, por primera vez con una licitación caída, con un dictamen durísimo para con el proceso licitatorio, teniéndolo recién en este momento”, reprochó.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot criticó la intervención de Arreseygor al señalar que fue “una catarata de responsabilidades exógenas” y que transmitió “una carencia absoluta de autocrítica”.

“Si el proceso (licitatorio) hubiese tenido tanto acuerdo y participación no habría fracasado prácticamente el día en que fue publicado en el Boletín Oficial”, chicaneó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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