No fue la movilización tan contundente que se esperaba, pero la CGT quedó conforme con la protesta callejera contra la reforma laboral en la Plaza de Mayo. Sobre todo porque transcurrió sin incidentes, pese a los temores de que se produjeran hechos de violencia, y a la noticia que fue festejada por los dirigentes como un gol de Lionel Messi en el Mundial: el oficialismo debió postergar hasta febrero el debate del proyecto oficial en el Senado.

“Eso lo logramos nosotros por nuestras charlas con los gobernadores”, se jactó un líder cegetista, eufórico porque sorpresivamente se frustraron los planes libertarios de acelerar los tiempos parlamentarios y tratar la reforma laboral en la sesión del viernes 26.

Aun así, la postal que dejó la movilización cegetista fue dispar. En las filas sindicales aseguraron que en la Plaza de Mayo hubo 180 mil manifestantes, pero no fue la sensación que dejó a simple vista el lugar del acto porque se podían apreciar muchos espacios vacíos. Sin embargo, tampoco pareció que hubieran concurrido sólo 25 mil, como dejaron trascender desde la Casa Rosada.

Como siempre, hubo sindicatos que movieron todo su aparato para movilizar a sus afiliados y activistas, como la UOCRA, UPCN, Camioneros, Comercio y UDA, entre otros, y llamó la atención que, a diferencia de otros actos cegetistas, no dejaron subir al escenario central a los líderes de las dos CTA ni a los políticos (desde Axel Kicillof hasta Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi).

De todas formas, la CGT salió airosa del desafío de salir a la calle sin que se produjeran disturbios: existía temor de que aparecieran “infiltrados enviados por el Gobierno” para dejar asociado al sindicalismo con la violencia.

Incluso fue una prueba de fuego para el nuevo triunvirato cómo iban a ser recibidos sus discursos. En la CGT querían ser muy críticos del Gobierno, pero no decir nada que precipitara una ruptura total de relaciones.

Incluso, si alguien temía que esta nueva CGT de impronta más dialoguista diera señales demasiado conciliadoras, los 3 cotitulares apagaron cualquier eventual crítica al anticipar que harán una huelga si la reforma laboral avanza sin modificaciones. Ese era el reclamo que llevaron a la Plaza de Mayo no sólo la izquierda trotskista sino también algunos sindicatos kirchneristas, cuyos activistas estaban dispuestos a abuchear a los líderes de la CGT si ofrecían un discurso demasiado “blando”.

Todavía pesa en la dirigencia cegetista el traumático recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción de la CGT de entonces realizó un acto de protesta y no dio precisiones sobre una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en la sede del Sindicato de Comercio.

En los incidentes de hace ocho años, los manifestantes se robaron el atril con el logo de la CGT. Este jueves, quizás para evitar que se repitiera ese episodio, sacaron rápidamente el atril del escenario una vez que terminaron de hablar los 3 cotitulares cegetistas.

Incluso, los cotitulares cegetistas Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) se anticiparon a eventuales reclamos de los militantes más duros y revelaron que el plan de lucha seguirá con un paro general. Es cierto que no le pusieron fecha, pero fue una manera de atajar reproches y contener a los más combativos.

Lejos de los micrófonos y de los flashes, los sindicalistas admiten que el horizonte de una huelga de 24 horas no es tan cercano. Ahora que se postergó el debate en el Senado, la atención de la CGT estará puesta en las negociaciones que mantendrá para introducir nuevos cambios en el proyecto del Gobierno.

Para eso confían en sus contactos con los gobernadores, que dieron a entender que no avalarían algunos puntos de la reforma, y en su vínculo con el ala política del Gobierno, que integran el asesor Santiago Caputo y los Menem (Martín, titular de la Cámara de Diputados, y Lule, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia).

La sensación que tienen en la CGT es que hay artículos de la reforma laboral tan irritativos que fueron incluidos en el proyecto sólo para ser eliminados o atenuados en el contexto de una negociación política con el sindicalismo, los mandatarios provinciales y los legisladores.

Ubican en esa andarivel al artículo que jaqueará la recaudación de la cuota sindical al quitar la obligación del empleador de ser agente de retención de ese aporte o a la reglamentación del derecho de huelga en un amplio abanico de actividades, esa obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya fue considerada inconstitucional dos veces por la Justicia (figuraba en el DNU 70 y en el decreto 340).

Por eso ahora hay quienes imaginan un enero cargado de reuniones secretas para transformar esta reforma laboral rechazada por la CGT en una versión pasteurizada que habilite más apoyos y facilite su conversión en ley.

Después de todo, eso es lo que sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases: el Gobierno accedió a eliminar 42 artículos para que pudiera ser aprobada por el Congreso. Ahora, pese al reparto de bancas y al esquema de alianzas más favorable a los libertarios, Javier Milei tampoco tiene garantizados los votos para sancionar la reforma que tanto quiere y que más resiste la CGT.

Quedó demostrado este jueves con la inesperada postergación del debate del proyecto en el Senado, que, en el peor momento de un sindicalismo que parecía acorralado, le dio a la CGT un motivo de alegría. O, al menos, de temporario alivio hasta febrero.

A poco de cumplirse dos años de la designación de Nicolás Pakgojz al frente de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), se conoció a través de un decreto que renunció a su puesto. Junto a él, presentó su dimisión el vicepresidente del organismo.

En Boletín Oficial el Gobierno oficializó ambas salidas. Por un lado, Pakgojz presentó su dimisión con fecha 10 de diciembre, mientras que su segundo, Marcelo León Ugarte, con fecha 9 del corriente mes.

“Agradécense a los funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”, destacó el Gobierno en el decreto 896/2025 publicado durante la madrugada de hoy.

La administración libertaria había oficializado la designación del ex presidente de la AABE, en diciembre del 2023, mediante la publicación del decreto 78/2023. Su función era ejecutar la gestión, auditoría y posible enajenación de bienes pertenecientes al Estado nacional. En aquel entonces, el área se encontraba bajo la órbita de Nicolás Posse.

El licenciado en Economía y ex funcionario porteño, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, ocupó la jefatura de Gabinete en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia de Pakgojz en la gestión pública y su alineamiento con el paradigma de eficiencia estatal, que viene desarrollando la administración de Javier Milei, fueron factores determinantes en su nombramiento.

El decreto nombraba a Marcelo León Ugarte al frente de la Vicepresidencia. Ugarte había desarrollado su carrera íntegramente dentro del sector público. En el Gobierno anterior se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del mismo organismo.

A principios de este año, bajo la supervisión del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el economista había ordenado una revisión y auditoría de los bienes del Estado, luego de que saliera a la luz un informe de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que revelaba irregularidades en la administración de más de 46 mil propiedades del Estado.

Pakgojz avanzó en las tareas para “para evaluar su uso, ocupación y situación contractual”; “identificar bienes improductivos, contratos irregulares y ocupaciones ilegales” y “la recuperación de inmuebles mal administrados y su posterior venta o concesión”. El organismo señaló que el pico de irregularidades se dio durante el mandato de Alberto Fernández. Hubo faltas de renovación de contratos vencidos y la ausencia de actualización de cánones que permitieron que se sigan utilizando dichos inmuebles sin pagar alquileres acordes al precio de mercado.

Desde el 10 de diciembre pasado, el ahora ex titular del organismo forma parte de la Legislatura porteña por La Libertad Avanza. Junto a él, juraron Solana Pelayo, Andrea Freguía, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Karina Kienast, Ignacio Fernández y Diego Vartabedian, en sus respectivas bancas del partido violeta, posicionando a la LLA como la segunda fuerza legislativa en CABA.

La salida de los dos funcionarios del organismo descentralizado, en el ámbito de la Vicejefatura del Gabinete de Ministros, se convierte en la segunda renuncia en lo que va de la semana. El martes, Juan Pazo dimitió a su cargo como director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La noticia se conoció la madrugada del 16 a través de un comunicado del Ministerio de Economía y terminó por hacerse efectivo con la publicación de los cambios en el Boletín Oficial. “El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy (martes pasado) al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció la cartera en su cuenta de X (Twitter).

Luego, la decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires reunirá a su consejo partidario este viernes en el distrito de Malvinas Argentinas. Será un encuentro en el que se definirá cómo será el proceso de renovación de autoridades, ya que este jueves venció el mandato del diputado nacional, Máximo Kirchner, como presidente del partido.

Minutos antes de las 14 horas, los representantes de las distintas ramas partidarias arribarán al predio Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas y pondrán en consideración dos posturas, dependiendo del sector al que representen. Es que la tensión con la que convivió y convive el espacio no cede. En el kirchnerismo buscarán un esquema de unidad, con la condición de que se le garantice presencia en el grupo de los apoderados partidarios y en la junta electoral del partido. Son básicamente quiénes tendrán la firma para la conformación de listas del 2027. En el medio ofrecen paz para con el sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y que “pueda caminar tranquilo durante todo 2026”.

En el espacio del Movimiento Derecho al Futuro, el sector que promueve la figura de Kicillof la posición algo variada internamente, pero, en términos generales, distinta a la propuesta cristinista: dicen estar dispuestos a participar de una interna partidaria para principios del año entrante.

Por ello, un grupo de dirigentes peronistas del interior bonaerense —puntualmente den la Quinta sección electoral- referenciados en la vicegobernadora, Verónica Magario, hicieron correr un comunicado en los últimos días en los que no solo pedían elecciones internas a nivel provincial, sino la depuración y apertura de padrones.

Las conversaciones fueron y vinieron en la previa al encuentro de este viernes. Ayer, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, trasladó a los interlocutores de Axel Kicillof una propuesta con sello del cristinismo. Fue una reunión en la que del lado de Movimiento Derecho al Futuro se sentaron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo); Gabriel Katopodis (Infraestructura), junto al diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak. Allí, el lomense planteó que están dispuestos a evitar una interna y que acompañarán a Kicillof o al menos no intercederán en los planes preelectorales del mandatario provincial -que apunta en el 2026 desplegar el MDF por distintos puntos del país- a cambio del mantenimiento de la actual distribución de espacios para los apoderados y la junta electoral. Se trata de instancias consideradas determinantes dentro de la estructura partidaria, constituye la condición fundamental que acompaña la propuesta de acuerdo de unidad.