El presidente Javier Milei volvió a tensionar la relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al exigirle que renuncie para permitir la intervención federal del distrito. El pedido se dio en el marco de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata durante un robo.

La solicitud del mandatario nacional reavivó el debate sobre la intervención federal de una provincia, una medida extrema contemplada en la Constitución Nacional.

¿Qué es la intervención federal de una provincia?

La intervención federal es una herramienta constitucional que permite al Gobierno nacional asumir el control de una provincia en situaciones extraordinarias. Aunque es una medida extrema, la Constitución Argentina prevé su aplicación en casos específicos, con el objetivo de preservar el orden institucional y la estabilidad del país.

Qué dice la Constitución sobre la intervención federal

La Constitución Nacional, en su artículo 6°, establece que el Gobierno federal puede intervenir una provincia cuando sea necesario para:

Garantizar la forma republicana de gobierno.

Repeler invasiones exteriores.

Restablecer autoridades legítimas en caso de sedición o invasión de otra provincia.

En estos escenarios, el Gobierno nacional puede reemplazar temporalmente a las autoridades locales mediante un interventor, designado para restablecer el orden.

¿Quién decide la intervención federal de una provincia?

La intervención federal no puede ser decretada unilateralmente por el Presidente. De acuerdo con el artículo 75, inciso 31, la facultad de intervenir una provincia o la Ciudad de Buenos Aires corresponde al Congreso Nacional.

Sin embargo, en casos urgentes, el Presidente puede disponer la intervención durante el receso del Congreso, aunque la medida deberá ser aprobada o revocada posteriormente por el Poder Legislativo.

Casos históricos de intervención federal en Argentina

A lo largo de la historia, Argentina ha registrado más de 170 intervenciones federales entre 1853 y 1976. Muchas de ellas fueron utilizadas con fines políticos, lo que generó debates sobre su abuso como herramienta de control por parte del Gobierno central.

Entre los casos más recordados se encuentran:

Intervención a la provincia de Buenos Aires (1930): Tras el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el gobierno de facto intervino Buenos Aires y otras provincias para consolidar su poder.

Intervención a Santiago del Estero (2004): El Congreso aprobó la medida para destituir al gobernador Carlos Juárez, acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Intervención a Tucumán (1976): Durante la dictadura militar, la provincia fue intervenida en el marco del Operativo Independencia, que buscaba erradicar la guerrilla en la región.

¿Puede aplicarse la intervención federal por problemas de inseguridad?

La inseguridad es un problema grave en muchas provincias, pero no es una causal prevista explícitamente en la Constitución para justificar una intervención federal. Para que una provincia sea intervenida por cuestiones de seguridad, el Gobierno nacional debería argumentar que se está afectando la forma republicana de gobierno o que existe un vacío de poder.

Además, cualquier intervención debería ser aprobada por el Congreso, lo que implica que no puede ser utilizada discrecionalmente por el Ejecutivo.

Una herramienta constitucional de uso excepcional

La intervención federal en Argentina es un mecanismo de última instancia diseñado para garantizar el orden institucional y el respeto a la Constitución. Si bien ha sido utilizada en varias oportunidades a lo largo de la historia, su aplicación está sujeta a límites legales y control político, para evitar que se convierta en una herramienta de abuso por parte del Gobierno central.

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, calificó de “desesperado” el pedido de renuncia formulado por el presidente Javier Milei contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en ese distrito, y respaldó al mandatario provincial en su disputa con el gobierno nacional.

“Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística”, expresó Massa desde sus redes sociales.

El ex candidato presidencial del peronismo sostuvo que “la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias”, por lo que “la propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa del New York Times, no es una respuesta a las víctimas de inseguridad”.

Y añadió: “Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país. Por eso, le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen a Kicillof en su respuesta.  

Milei le exigió este viernes Kicillof que renuncie a su cargo para permitir una intervención nacional, después del crimen de la niña Kim Gómez en La Plata, a lo que el gobernador bonaerense responderá por la tarde en una conferencia de prensa.

El presidente de del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, se metió en la polémica por la inseguridad entre los gobiernos nacional y bonaerense, y tras criticar al presidente Javier Milei por su especulación electoralista apoyó el reclamo de Axel Kicillof para que se le devuelva a la Provincia los más de 700 mil millones de pesos que le recortó la Rosada.

“Milei en un nuevo acto de gravedad institucional insta al gobernador Kicillof a renunciar a su cargo para intervenir la provincia. ¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”, indicó el PJ en un comunicado que lleva la firma de Kirchner.

En ese sentido, el partido llamó a “la reflexión -una vez más-“ al Presidente, “como los hicimos cuando promovió irresponsablemente la rebelión fiscal para desfinanciar la provincia”.

De esta manera, Máximo, distanciado con el kicillofismo, se alineó con el gobernador tras el mensaje de Milei en donde pidió la renuncia del gobernador para tener vía libre para intervenir la provincia. El mensaje presidencial llegó luego que tras el crimen de Kim Gómez en La Plata, Kicillof pidiera a la Nación trabajar en conjunto y que le devuelvan los fondos recortados para la seguridad.

“Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los más de 700 mil millones de pesos que le quitó para seguridad. Salvo que solo quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas para fines electoralistas”, agregó el comunicado del PJ.

Y cerró: “Irresponsablemente sus funcionarios y legisladores promueven consignas violentas y llaman instalar tendencias en redes sociales acusando al gobernador de asesino, convóquelos a ellos también a renunciar a esas prácticas y dedicar el tiempo a redoblar esfuerzos”. (DIB)