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La UCR le pidió a Milei que respete la Constitución y rechazó la intervención a la provincia

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En medio de la polémica por los dichos Javier Milei, quien le pidió la renuncia a Axel Kicillof y así intervenir la provincia de Buenos Aires por una serie de hechos de inseguridad, desde la Unión Cívica Radical (UCR) en sus diversas variantes internas, cuestionaron esa propuesta y le reclamaron al presidente que respete la Constitución.

Uno de los dirigentes que se expresó fue el senador nacional Maximiliano Abad, quien dijo que “los problemas de seguridad de los bonaerenses necesitan respuestas urgentes” pero pidió al mandatario nacional respeto por las instituciones. “Presidente Milei respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición”, escribió en la red social X.

Además, le pidió a Kicillof que acepte la ayuda federal ya que la inseguridad es un problema gravísimo. “Pónganse a trabajar de manera conjunta priorizando a los vecinos de la provincia. Tenemos un ejemplo cercano de coordinación en seguridad: la provincia de Santa Fe. Ése es el camino”, señaló Abad.

Justo ese último punto también lo marcó el senador nacional radical Martín Lousteau, y marcó una diferencia en el tratamiento que hace Milei con Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.”¿En qué se diferencia un santafesino y un bonaerense? ¿Por qué el Gobierno en un caso dice que colabora y en otro le dice al gobernador que se vaya?”, indicó, y luego pidió “estar alerta” porque el país atraviesa “una degradación democrática muy rápida”.

Y cuestionó la idea de intervención.  “Otra vez el presidente ignora la Constitución, o no la conoce o no le importa nada. ¿Cuáles son las causales de intervención? Es sólo para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención. Me parece gravísimo. Es claramente inconstitucional”, planteó Lousteau.

Finalmente, el presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, recordó que la intervención federal es un mecanismo excepcional previsto por la Constitución en su artículo 6 y es una atribución del Congreso de la Nación. “De ningún modo hay causales para intervenir la Provincia de Buenos Aires. Sería una violación inadmisible a la autonomía. El gobernador fue electo por el pueblo, al igual que el Presidente, y atacar esa autoridad, amenazarla o desestabilizarla no va a encontrar acompañamiento de nuestra parte”, señaló en la red social X. Y pidió, en sintonía con otros dirigentes, “coordinar esfuerzos para combatir la inseguridad, sin mezquindades y con grandeza”.

En tanto, desde el bloque de diputados de Acuerdo Cívico UCR +GEN, que comanda el tandilense Matías Civale, calificaron de avasallamiento del gobierno nacional” el planteo de Milei. En un comunicado, desde ese bloque reafirmaron “la defensa del acuerdo democrático y expresaron su preocupación ante los intentos de correr permanentemente los límites de los consensos institucionales”.

EL Acuerdo Cívico UCR + GEN alertó sobre la actitud del Presidente de “correr los límites de los consensos, lo que afecta la estabilidad institucional y el respeto a las reglas de juego democráticas”. Al mismo tiempo, reivindicaron “La voluntad popular de los bonaerenses, que hace un año y medio se expresó de manera clara en las urnas”, cuando eligieron Gobernador a Kicillof.

Además, los legisladores consideran “fundamental dejar de lado la violencia verbal en el debate público” y pidieron al gobernador y al Presidente enfocarse en combatir la violencia real que afecta a la sociedad. (DIB)

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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