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Intervención federal de las provincias en Argentina: qué dice la Constitución y cuándo puede aplicarse

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El presidente Javier Milei volvió a tensionar la relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al exigirle que renuncie para permitir la intervención federal del distrito. El pedido se dio en el marco de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata durante un robo.

La solicitud del mandatario nacional reavivó el debate sobre la intervención federal de una provincia, una medida extrema contemplada en la Constitución Nacional.

¿Qué es la intervención federal de una provincia?

La intervención federal es una herramienta constitucional que permite al Gobierno nacional asumir el control de una provincia en situaciones extraordinarias. Aunque es una medida extrema, la Constitución Argentina prevé su aplicación en casos específicos, con el objetivo de preservar el orden institucional y la estabilidad del país.

Qué dice la Constitución sobre la intervención federal

La Constitución Nacional, en su artículo 6°, establece que el Gobierno federal puede intervenir una provincia cuando sea necesario para:

Garantizar la forma republicana de gobierno.

Repeler invasiones exteriores.

Restablecer autoridades legítimas en caso de sedición o invasión de otra provincia.

En estos escenarios, el Gobierno nacional puede reemplazar temporalmente a las autoridades locales mediante un interventor, designado para restablecer el orden.

¿Quién decide la intervención federal de una provincia?

La intervención federal no puede ser decretada unilateralmente por el Presidente. De acuerdo con el artículo 75, inciso 31, la facultad de intervenir una provincia o la Ciudad de Buenos Aires corresponde al Congreso Nacional.

Sin embargo, en casos urgentes, el Presidente puede disponer la intervención durante el receso del Congreso, aunque la medida deberá ser aprobada o revocada posteriormente por el Poder Legislativo.

Casos históricos de intervención federal en Argentina

A lo largo de la historia, Argentina ha registrado más de 170 intervenciones federales entre 1853 y 1976. Muchas de ellas fueron utilizadas con fines políticos, lo que generó debates sobre su abuso como herramienta de control por parte del Gobierno central.

Entre los casos más recordados se encuentran:

Intervención a la provincia de Buenos Aires (1930): Tras el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el gobierno de facto intervino Buenos Aires y otras provincias para consolidar su poder.

Intervención a Santiago del Estero (2004): El Congreso aprobó la medida para destituir al gobernador Carlos Juárez, acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Intervención a Tucumán (1976): Durante la dictadura militar, la provincia fue intervenida en el marco del Operativo Independencia, que buscaba erradicar la guerrilla en la región.

¿Puede aplicarse la intervención federal por problemas de inseguridad?

La inseguridad es un problema grave en muchas provincias, pero no es una causal prevista explícitamente en la Constitución para justificar una intervención federal. Para que una provincia sea intervenida por cuestiones de seguridad, el Gobierno nacional debería argumentar que se está afectando la forma republicana de gobierno o que existe un vacío de poder.

Además, cualquier intervención debería ser aprobada por el Congreso, lo que implica que no puede ser utilizada discrecionalmente por el Ejecutivo.

Una herramienta constitucional de uso excepcional

La intervención federal en Argentina es un mecanismo de última instancia diseñado para garantizar el orden institucional y el respeto a la Constitución. Si bien ha sido utilizada en varias oportunidades a lo largo de la historia, su aplicación está sujeta a límites legales y control político, para evitar que se convierta en una herramienta de abuso por parte del Gobierno central.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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