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Negocio millonario en PAMI: un empresario con pasado polémico se lleva $2.300.000.000 en alquileres

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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) adjudicó un contrato de alquiler por un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires por un monto de $65.000.000 mensuales, con una comisión inmobiliaria de $46.800.000, en un proceso en el que solo hubo un oferente.

Según el expediente Nº EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI#INSSJP, el organismo decidió relocalizar las oficinas administrativas del “PAMI Escucha y Responde” debido a deficiencias edilicias en las instalaciones actuales ubicadas en la calle Paraná 468. El contrato de locación de ese inmueble había vencido en noviembre de 2023 y se prorrogó por seis meses hasta encontrar una nueva ubicación.

El nuevo edificio alquilado está ubicado en Bartolomé Mitre 402/430 y pertenece a la empresa Inversora Eslava S.A. El contrato es por 36 meses, con una actualización semestral del canon locativo. A pesar de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado ofreció oficinas disponibles, estas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos técnicos.

El contrato de alquiler de $65.000.000 mensuales, equivalente a aproximadamente US$52.845, fue pactado por un período de 36 meses, lo que representa un total de $2.340.000.000. Al tipo de cambio actual, esta cifra equivale a casi US$1.902.439.

El PAMI está pagando 65 millones de pesos mensuales por el alquiler del 5° piso, mientras que en el mismo edificio, Toribio Achával ofrece el 7° piso por USD 33.800 y en Argenprop se puede alquilar el 3° piso completo, con 1700 m² y cocheras, por solo USD 18.000. Esto significa que los afiliados al PAMI están pagando entre el doble y el triple que otros locatarios. Además, el organismo autorizó hasta mil millones de pesos en refacciones para adecuar el inmueble, que, a cuatro meses del inicio del contrato, sigue en obras, según reveló la investigación de El Disenso.

El informe de la Subgerencia de Recursos Físicos del PAMI señaló que el costo del acondicionamiento del nuevo inmueble oscila entre $133.555.680 y $1.003.337.046, dependiendo del nivel de intervención necesario. Según la valuación oficial, el precio de alquiler pactado es un 15,63% superior al estimado por los técnicos del organismo.

La compulsa abreviada Nº 500/24 se realizó el 29 de julio de 2024, con una única oferta presentada por Marcelo Adolfo Pocovi en representación de Inversora Eslava S.A. La firma inmobiliaria encargada de la operación, Miriam Campos S.A., recibirá honorarios por $46.800.000.

La adjudicación de dicho contrato generó críticas debido al elevado monto destinado a un alquiler sin atención al público y a la falta de competencia en el proceso de selección. Desde el organismo aún no han dado declaraciones sobre la contratación.

Un enfrentamiento previo entre Pocovi y la gestión Macri

Este no es el primer conflicto en el que se ve involucrado Marcelo Pocovi. En 2019, el empresario mantuvo una disputa con el gobierno de Mauricio Macri por una deuda millonaria de alquiler de otro inmueble utilizado por el Estado.

El edificio en cuestión, ubicado en Adolfo Alsina al 600, era utilizado por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Según Pocovi, el contrato de alquiler con su empresa KABNER S.A. venció el 31 de octubre de 2018, pero la Secretaría de Trabajo continuó ocupándolo sin pagar el alquiler, generando una deuda de más de $25 millones. “Con la gestión anterior no tuvimos inconvenientes, incluso nos pagaban contratos por adelantado”, afirmó Kevin Pocovi, hijo del empresario.

Marcelo Pocovi expresó que el problema comenzó con la administración de Macri y que, pese a sus reclamos ante el Ministerio de Producción y Trabajo, no obtuvo respuestas. En febrero de 2019, envió una carta documento advirtiendo que haría pública la falta de pago, mientras que en mayo de ese año su hermano y apoderado del inmueble, Jorge Alberto Pocovi, intimó al SECLO a desalojar la propiedad.

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Docentes de Suteba Bahía Blanca realizan un paro y movilización exigiendo mejoras salariales

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Numerosos establecimientos educativos de Bahía Blanca verán interrumpido total o parcialmente su funcionamiento hoy miércoles, debido a la adhesión de la filial local del Suteba a la “jornada de protesta provincial” convocada por el gremio docente en toda la provincia.

La medida incluirá paros, movilizaciones y acciones distritales, e involucrará también a docentes universitarios (ADUNS), trabajadores de la salud (APSM Cicop Municipal), jubilados y representantes de la Asamblea por la Ciencia y la Educación Pública, entre otros sectores en conflicto.

La concentración comenzará a las 9.30 en la sede del Consejo Escolar, ubicada en San Martín 331, y se movilizará hacia la Plaza Rivadavia.

La protesta se llevará a cabo bajo las consignas “Contra la motosierra, el ajuste y la miseria salarial en la provincia”, “Por más presupuesto para educación, ciencia y salud pública” y “Por un salario igual a la canasta familiar para un PR (Preceptor), respetando el escalafón”.

También se manifestarán contra el deterioro de las condiciones laborales (IOMA, jubilaciones, sistema de licencias), exigiendo el cumplimiento del protocolo de resguardo, el nombramiento de cargos faltantes y una reducción en la cantidad de estudiantes por sección.

Fuente: La Nueva.

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La política bahiense, a favor y en contra de la condena a Cristina Kirchner

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La ratificación de la Corte Suprema a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue generando repercusiones.

A nivel local, uno de los primeros en manifestarse fue el intendente Federico Susbielles, quien expresó su “enérgico rechazo” a la sentencia contra Cristina, acusada de corrupción en la causa Vialidad, que tiene a Lázaro Báez como uno de los principales involucrados.

Pero hubo otras voces locales a favor y en contra de la medida de la Corte. El senador provincial Marcelo Feliú, del peronismo, también cuestionó la decisión judicial.

“Que la Corte Suprema de Justicia haya fallado como lo hizo hoy (…) a pesar de los argumentos jurídicos reiteradamente expuestos, no hace más que aumentar las dudas sobre las razones últimas de su contenido,”, dijo, en alusión a las acusaciones del PJ hacia al alto tribunal por un presunto intento de proscripción contra CFK.

El presidente del Consorcio del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, realizó un breve hilo en la red social X para cuestionar al procedimiento judicial.

“La solidez de una república se mide cuando el Poder Judicial resiste la tentación de alinearse con intereses coyunturales, sean políticos o empresariales”, afirmó.

Dentro del PJ, otra que se pronunció fue la concejala Gisela Ghigliani. “La justicia está más sucia que una papa y la proscripción se concreta como objetivo final”, manifestó.

En la vereda de enfrente, el presidente del Concejo Deliberante, Mauro Reyes (La Libertad Avanza), retuiteó al presidente Javier Milei y celebró el fallo.

“Hoy triunfaron la Justicia, la República, la Democracia y las Instituciones”, escribió y dio a entender que con esta noticia se cae la acusación de un supuesto pacto de impunidad entre Milei y Cristina.

La concejala Gisela Caputo (Pro) le apuntó al intendente Susbielles por su defensa a la exmandataria.

“Si conociera la causa sabría de su responsabilidad confirmada por el máximo tribunal de la Argentina con lo cual no se entiende qué es lo que está defendiendo ni repudiando; inquieta como bahiense”, indicó Caputo.

El radical Pablo Daguerre se mostró exultante con la decisión de la Corte. “Fin de la impunidad. Un día histórico para la democracia. Ahora que devuelvan lo robado”.

Ahora CFK tiene cinco días hábiles para presentarse en sede judicial y ser detenida. Se descuenta que el arresto será domiciliario por razones de edad, ya que tiene 72 años.

Con este fallo no podrá ser candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este año.

Fuente: La Nueva.

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En el Concejo reclaman información sobre la situación económica financiera del Municipio

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En el ámbito del Concejo Delibelante aguardan información sobre la situación económica financiera del Municipio, luego de que el gobierno de Federico Susbielles resolviera una serie de medidas, entre ellas, la reducción de horas extras en el Hospital Municipal y una revisión casi diaria de los gastos presupuestados.

“Nosotros no tenemos datos reales sobre si hay un déficit. Sí sabemos, porque yo hablé con algunos intendentes de la región, que en el mes de abril hubo una baja en la recaudación por la coparticipación. Pero en el Concejo no hemos recibido números reales de cómo está la economía del Municipio”, manifestó esta mañana en diálogo con Radio Altos el edil de Juntos Adrián Jouglard.

Remarcó que han presentado diversos pedidos de informes vinculados a las cuentas comunales, pero hasta el momento no han obtenido respuestas y afirmó que están a la espera de algún anuncio del jefe comunal.

“Formalmente no hay nada ni del anuncio del intendente (sobre una reducción en los sueldos de la planta política) ni de cuál es la caída en general de los ingresos del Municipio”, insistió.

Sobre un pedido para que las y los ediles también apliquen una rebaja en sus dietas, aclaró que oficialmente no hubo ninguna comunicación y que solo hubo trascendidos.

Entre los pedidos de informes que no obtuvieron respuestas, mencionó los fondos que ha recibido la gestión de Susbielles del gobierno nacional, más allá de los recursos excepcionales que llegaron tras la inundación.

“El Gobierno Nacional mandó Aportes del Tesoro Nacional por 10.000 millones, casi el 50% de la recaudación de un mes, y además ingresaron donaciones; o sea hay un montón de dinero que ingresó al Municipio y que tampoco sabemos en qué lugar terminó y qué es lo que se hizo”, aseveró.

Por último, reiteró que sobre una posible reducción de sus dietas, señaló que existió un planteo formal.

Dudas sobre los números de la Sapem Ambiental

Otra de las críticas que realizó Jouglard por la falta de información es sobre los números de Sapem Ambiental. Aclaró que desde que asumió Susbielles la intendencia la página web donde se podían observar las compras y contrataciones de la empresa que tiene a su cargo la recolección de residuos, no está operativa.

“No tenemos acceso a los números de la SAPEM, no pasan por el Concejo Deliberante, tampoco el presupuesto ni la revisión de cuentas. Por eso es muy difícil auditar al principal proveedor del Municipio”, se quejó.

Advirtió que han solicitado la apertura de los números de Sapem Ambienta, pero aún no han obtenido una respuesta satisfactoria.

“Entonces cuando alguien habla de que faltan recursos en el estado municipal y del principal contratante, que también es el mismo Municipio porque la SAPEM es mayoritariamente municipal, no dan a conocer los números, hay un lugar en el que hay un agujero negro que uno tiene que investigar”, planteó.

Entre las dudas expuso los $35 millones que la comuna le paga a Sapem Ambiental por mes para el hidrolavado de las veredas del centro y lo que abonó en los meses de abril y mayo por tareas de fumigación.

A fines del año pasado, recordó, el Ejecutivo aportó fondos para que Sapem adquiera por $135 millones un camión fumigador.

Por tareas de fumigación (primera vez que Sapem se hace cargo de ese servicio) durante los meses de abril y mayo, la Municipalidad pagó $350 millones. “Esa fumigación, que por lo visto tampoco fue efectiva por la proliferación de mosquitos que hubo, se pagaba a razón de $1.280.000 la hora para un camión que lleva dos operarios y que esparce insecticidas”, detalló.

Y sumó que si se compara con lo que cobra un privado para realizar esa misma tarea, lo que abonó el Municipio fue un 10% más caro.

“Cuando preguntamos, la respuesta que vino fue que se compró el camión porque supuestamente es más efectivo y por eso se lo contrató para fumigar los últimos meses. Por qué se pagó ese monto y por qué no se hizo una compulsa de precios, tampoco lo tenemos”, recalcó.

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