Tal como ocurrió el miércoles pasado, el llamado protocolo antipiquetes creado por el Ministerio de Seguridad se desplegó en inmediaciones del Congreso Nacional y reprimió la movilización de jubilados, que se realiza todas las semanas, y a la que se van sumando otros colectivos sociales en apoyo, como hinchas de clubes de fútbol, como el caso de los fanáticos de Chacarita, militantes de partidos de izquierda y ciudadanos de a pie.

Un fuerte operativo de fuerzas de seguridad se apostó en la zona del Congreso y cuando los manifestantes se bajaron de las veredas a marchar por la calle, los agentes desplegaron un accionar represivo que incluyó gas pimienta y palazos, como también la semana pasada.

“Yo no tolero que golpeen a los viejos, cuando somos muchos la cana no hace lo que hizo hoy, mis hijos me dicen que no venga pero no puedo quedarme con todo lo que está pasando”, expresó en declaraciones a Radio 10 una joven que asiste regularmente a las marchas de los miércoles.

Según relataron trabajadores de prensa, la Policía motorizada comenzó a movilizarse en círculos, a echar gas pimienta y “pegarle a todo lo que se movía”. Así describió la escena el cronista de la emisora mencionada, Bruno Ghiso, transmitiendo desde el lugar.

La diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman, compartió un video de lo ocurrido con una crítica frase: “Se llama represión y la pagan ‘con la nuestra’, mientras los jubilados no llegan a fin de mes”.

En el relato de los incidentes, los periodistas del canal Todo Noticias, destacaron asimismo que había “más policías que manifestantes” y que el operativo de seguridad era “muy grande”.

La jubilación mínima no llega a los 300 mil pesos, siendo para miles de personas un ingreso de $279.121,71. (DIB) ACR

En pleno alerta por casos de sarampión, varios médicos que se desempeñaban en los programas de VIH, lepra y tuberculosis renunciaron a sus cargos en el Ministerio de Salud.

Así lo hizo saber el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien alertó sobre las renuncias del personal por “no poder dar respuesta a obligaciones impuestas por Ley”, debido a los recortes que implementaron desde el Gobierno de Javier Milei.

“Es una verdadera tristeza e impotencia ver cómo el trabajo de décadas por muchos y grandes perfiles con vocación sanitaria se está destruyendo en un puñado de meses”, escribió el funcionario en su cuenta de X antes de apuntar contra la administración de Milei.

“Reconstruir un sistema de salud que atienda sus responsabilidades, con perfiles técnicos y trabajo al servicio de la salud es un enorme esfuerzo que nos llevará muchísimo tiempo. No estamos dimensionando la magnitud del daño causado por el ajuste”, agregó.

La advertencia de Kreplak llegan tras la renuncia de Carolina Selent, médica infectóloga, a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI). Tanto ella como otras tres profesionales del área de vacunas se fueron del organismo del Ministerio de Salud de la Nación.

En concreto, la DiCEI se ocupa de garantizar la calidad, seguridad y distribución de las vacunas en todo el país. Tiene entre sus funciones responder ante emergencias, coordinar acciones en caso de brotes y garantizar la accesibilidad de vacunas de calidad. Y las renuncias llegaron luego que el Gobierno despidiera al 30% del equipo el mes pasado. Hoy en el área médica de la DiCEI sólo quedan tres profesionales.

Según explicaron desde el sector, la Dirección de Vacunas es clave dentro del Ministerio ya que se encarga de la elección y compra de vacunas, la distribución en todo el país, el registro de dosis aplicadas, el seguimiento de las coberturas y la capacitación del personal de salud, además del monitoreo de brotes.

Uno de los puntos más preocupantes es la compra de vacunas, que según Selent, está en riesgo. “(el ministro de Salud Mario) Lugones firmó un acuerdo con las provincias para que puedan comprar vacunas del fondo rotatorio. No podés dejar que las provincias hagan lo que quieran con esto”, advirtió Selent en su red social.

La crisis no afecta solo al área de inmunoprevenibles, según el testimonio de Selent. En el sector de VIH, señala, “quedaron solo dos médicos, no se compran preservativos ni reactivos”. En el Instituto Nacional del Cáncer, en tanto, denunció problemas en la compra de morfina y en el Programa Remediar también hubo complicaciones. (DIB)

Las empresas no estarán más obligadas a financiar a las cámaras patronales con aportes o contribuciones compulsivas, luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmaron un decreto para cambiar la interpretación de la regulación vigente.

La medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial apunta a modificar una situación que, según el texto oficial, carece de fundamento normativo: hasta ahora las cámaras empresariales se basaban en una “interpretación exagerada” de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para instrumentar el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades. El decreto 149/2025 aclara que esta práctica no tiene sustento legal y que, por lo tanto, las cámaras no pueden exigir pagos compulsivos a quienes no son parte de sus estructuras.

En el decreto, el Ejecutivo señaló en el primer artículo que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

Entre los sectores más afectados por este esquema se encuentra el comercio, donde se estima que los aportes obligatorios representan unos $6.000 millones mensuales, destinados teóricamente a actividades de capacitación. A partir de la entrada en vigencia del decreto, estos pagos solo podrán realizarse de manera voluntaria. Es decir, las empresas que deseen seguir aportando a sus cámaras podrán hacerlo, pero sin imposición legal.

Además, el Gobierno anunció que no homologará nuevas negociaciones colectivas que incluyan este tipo de cláusulas, lo que implica un cambio en el criterio de interpretación de la ley de convenciones colectivas.

Según el Ejecutivo, esta reinterpretación busca alinearse con el principio de libertad de asociación, al entender que las cámaras solo representan a sus afiliados y no pueden extender su poder de recaudación a empresas que eligen no formar parte de ellas.

Un ejemplo que citan desde la administración libertaria es de Comercio, que recauda unos $ 6.000 millones por mes para “presuntas actividades de capacitación“. La Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) son las dos entidades que recaudan esos aportes que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir unos $ 5.000 mensuales. En el sector mercantil se desempeñan alrededor de 1,2 millón de trabajadores. (DIB)