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La UNS presentó su informe anual 2024 a la Asamblea Universitaria

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Autoridades de la Universidad Nacional del Sur presentaron este miércoles a la Asamblea Universitaria de la UNS el informe anual de su gestión al frente del rectorado por el año 2024, en la que se hizo un resumen de lo actuado durante el ciclo anterior, tanto desde lo económico como desde lo institucional.

Durante la presentación, el rector Daniel Vega y la vicerrectora Andrea Castellano destacaron que durante el año pasado “el sistema universitario fue objeto de cuestionamientos reiterados por parte del Gobierno Nacional, que apuntaron a desacreditar sus logros y a generar sospechas respecto del destino de los fondos asignados”.

“Fue un año de reclamo permanente y de defensa de la universidad pública, que fue acompañado masivamente por la sociedad en su conjunto. Muestra clara de ello fueron las marchas federales universitarias del 23 de abril y del 2 de octubre”, destacaron.

En la exposición, que duró cerca de una hora, se abordaron los tópicos Aspectos presupuestarios, Gestión académica de grado y postgrado, Gestión en ciencia, tecnología y vinculación tecnológica, Gestión en bienestar universitario, y Gestión de la cultura y la extensión universitaria. También se expuso sobre Gestión de las relaciones institucionales, Planeamiento e internacionalización”, Gestión en derechos humanos, Funcionamiento del Consejo Superior Universitario, Gestión de personal y Gestión de la infraestructura y servicios.

“Este ejercicio es parte de una política de transparencia y rendición de cuentas del Rectorado a toda la comunidad universitaria en primer lugar, pero a toda la sociedad en definitiva”, remarcaron.

En ese sentido, destacaron que durante 2024 la UNS funcionó con 58.776 millones de pesos. También hicieron especial hincapié en las dificultades que generó la diferencia entre los fondos asignados y la inflación acumulada, así como la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes, entre otros aspectos.

Como contrapartida, se valoró el compromiso de toda la comunidad universitaria para la discusión de los nuevos presupuestos y el funcionamiento de la Universidad en un contexto de ajuste de la inversión y de pérdida salarial.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la comunidad universitaria. Gracias a su esfuerzo y compromiso permanente, nuestra universidad sigue consolidándose como una de las mejores del país. Somos conscientes de que atravesamos un momento crítico para el sistema educativo nacional. No obstante, esta no es la primera crisis ni será la última. Hemos superado desafíos previos con resiliencia, trabajo y creatividad, y este contexto sigue siendo un llamado a redoblar esfuerzos para demostrar que la educación no es un gasto, sino una inversión clave para el futuro del país; y parafraseando a Bernardo Houssay, debemos seguir demostrando que la argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no invertir en educación de calidad”, expresaron.

La presentación responde a una resolución de la propia Asamblea del año 1990, que establece que el rector debe presentarle a los asambleístas un informe “de lo actuado por el rectorado relativo a cuestiones presupuestarias”.

Esto se fundamentaba en la crítica situación que atravesaba el sector a comienzos de la década de 1990. Más allá de que la medida continuó vigente, dicha práctica de descontinuó en 1992. Al asumir al frente de la UNS, Daniel Vega y Javier Orozco expresaron que retomarían esta rutina, brindando su primer informe en noviembre de 2019, y a la vez ampliándolo a otras cuestiones del gobierno y la administración de la universidad. “Este ejercicio es parte de una política de transparencia y rendición de cuentas del Rectorado a toda la comunidad universitaria en primer lugar, pero a toda la sociedad en definitiva”, remarcaron las autoridades universitarias.

La Asamblea Universitaria es el máximo organismo de gobierno de la UNS. Tiene como funciones elegir o remover al rector, crear títulos y carreras, modificar el estatuto de la Universidad, considerar la gestión anual del Consejo Superior Universitario, entre otros. Está integrada por 72 miembros: 36 docentes, 24 alumnos, diez docentes auxiliares y dos no docentes.

Fuente: La Nueva.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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