El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que la sentencia de la Corte Suprema que ratificó la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner, por hechos de corrupción, “ha sido la acción libre de una justicia independiente” y aseguró que “nadie puede hablar de un fallo político”.

Francos sustuvo que la ex mandataria deberá cumplir su condena “como cualquier ciudadano”, y sostuvo que “nadie puede hablar de un fallo político porque la mayoría de los jueces que intervinieron” en la denominada ‘Causa Vialidad’ fueron “designados por el kirchnerismo en sus distintas etapas”.

En declaraciones a Radio Splendid el funcionario expresó que para el Gobierno el fallo “no genera incomodidad, pero es conmocionante, nadie se alegra, porque pone a la Argentina otra vez en las tapas de diarios del mundo por un hecho negativo como una Presidenta condenada por hechos de corrupción”.

La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen favorable al proyecto de ley del Ministerio de Seguridad que agrava las penas a los asaltos y hurtos producidos desde automóviles y motocicletas.

La Libertad Avanza, sus aliados habituales y algunos diputados de la oposición dialoguista reunieron 16 firmas para el despacho, mientras que Unión por la Patria se retiró del recinto a los cinco minutos de iniciado el tratamiento disconformes con que el debate transcurriera en medio de la situación judicial que vive la ex presidenta Cristina Kirchner.

La iniciativa contra los “motochorros” y los asaltantes motorizados en general modifica los artículos 166 y 277 del Código Penal de forma tal que incrementa las penas mínimas a un año para hurto y de dos años para robos en casos de sustracción en autos y motos.

La actual normativa, en cambio, establece un piso de apenas un mes de prisión efectiva.

El texto que alcanzó despacho favorable tiene como autor al Ministerio de Seguridad se incorporaron modificaciones a propuesta de otros proyectos presentados por la bullrichista Patricia Vasquez, por la macrista María Sotolano del Pro, por María Cecilia Ibáñez del MID, por el socialcristiano Juan Brügge, por Miguel Pichetto de Encuentro Federal, y por la libertaria Carolina Píparo.

Antes de retirarse del plenario, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria anticipó que desde su bloque van a presentar un dictamen de rechazo.

“Tratar proyectos de marketing punitivistas nos parece verdaderamente insólito”, lanzó el rionegrino.

Por su parte, la diputada María Cecilia Ibáñez del MID defendió la iniciativa al sostener que “el 90% de los que sufrieron un robo, no volvieron a tener una vida igual”.

En tanto, Patricia Vásquez alertó que “los motochorros salen a matar” y consideró que “aumentar las penas no es la única solución, pero es un paso indispensable”.

En respaldo al proyecto de su jefa política, Patricia Bullrich, Gerardo Milman advirtió que “en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, estos delitos suceden por minuto y representan el 54,9%”.

Firmaron el dictamen la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado; además de Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Carolina Píparo, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez, Alejandro Bongiovanni, Álvaro González y Gerardo Milman, Juan Brügge y Esteban Paulón, Soledad Carrizo y Pamela Verasay, Marcela Campagnoli, Yamila Ruíz y José Tournier.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 intendentes de todas las provincias, expresó un enérgico rechazo a la ratificación de la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia.

Mediante un comunicado titulado “Democracia con proscripciones no es democracia”, los jefes comunales afirmaron que el fallo constituye “la pieza final de una maquinaria que se puso en marcha hace años para disciplinar a quien se atrevió a transformar la Argentina”.

La FAM calificó la resolución judicial como una “acción política disfrazada de legalidad”, orquestada por lo que denominaron “el Partido Judicial”, y acusaron a sectores del Poder Judicial de estar “cooptados por intereses ajenos a los del pueblo argentino”.

Según los intendentes, la ex mandataria es perseguida por haber representado los intereses de las mayorías populares, defender la industria nacional, a las pymes, a los trabajadores, jubilados y estudiantes, y por haber gobernado “con soberanía y justicia social”.

“Proscribir a Cristina es proscribir a la democracia que nace de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía”, enfatizaron en el comunicado, y advirtieron que la decisión “es un mensaje disciplinador para quienes se atrevan a desafiar al poder económico y a los privilegiados de siempre”.

Desde los gobiernos locales, los intendentes remarcaron que “defender a Cristina también es defender la dignidad de los gobiernos locales, la voluntad popular y el derecho de nuestro pueblo a vivir en una democracia plena”.

El pronunciamiento finalizó con un llamado a la unidad frente a lo que consideraron una injusticia: “Desde todos los rincones de la Argentina, desde cada intendencia, comuna, organización u hogar, decimos con fuerza y claridad: Defender a Cristina es defender la democracia, la soberanía y el futuro”.